Este martes, falleció a los 97 años Adolfo Navajas Artaza, uno de los empresarios más poderosos de Corrientes. Era dueño del Establecimiento Las Marías, que produce yerba mate y té, entre otras marcas Taragüí, y ocupó altos cargos durante dos dictaduras: fue gobernador de facto de la provincia entre 1969 y 1973 y ocupó el cargo de ministro de Acción Social cuando Reynaldo Bignone estaba a cargo de la Junta Militar.
“Yo fui ministro de la llamada hoy dictadura. Pero una dictadura gracias a la cual hoy estamos en democracia (…) Nosotros estamos en democracia porque la dictadura militar derrotó a la subversión”, le dijo a una radio local en 2005 cuando estaba en plena campaña para intentar ser gobernador.
Su rol en la dictadura fue más allá de haber dado su apoyo y haber sido uno de sus funcionarios civiles. Con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, aparecieron las denuncias de la responsabilidad de Las Marías en el terrorismo de Estado, aunque nunca llegó a ser juzgado. Su poder e influencia fueron clave para eso.
El expediente sobre la represión a trabajadores y sindicalistas en la empresa tiene más de 15 años. En 2008 llegó a estar imputado, pero resultó sobreseído sin siquiera indagarlo: 18 jueces se negaron a tomarle declaración indagatoria por tener vínculos personales con el empresario. La causa avanzó sin él y en 2018 llegó a juicio oral, en el que fue absuelto el único acusado, Héctor Torres Queirel, un coronel del ejército que sido administrador de la estancia yerbatera María Aleida.
En ese debate, los jueces remitieron testimonios y pruebas sobre la posible responsabilidad de Navajas Artaza, entonces titular de la firma, y fue nuevamente imputado.
Según relevó el libro Responsabilidad empresarial, realizado por la Secretaría de DDHH de la Nación, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO Argentina, Las Marías “no solamente denunció a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura, sino que a su vez proveyeron recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”. La investigación señaló además la presencia permanente de personal policial dentro de la empresa y el secuestro de trabajadores en viviendas en el interior de la firma.
Los hechos ocurrieron en la localidad correntina de Gobernador Viraroso, donde la empresa tiene su sede. La represión apuntó directamente contra los referentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE, hoy UATRE), las dos organizaciones que desde hacía unos años reclamaban mejores condiciones de trabajo y habían llegado a realizar una huelga en 1974.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 comenzó la persecución. En abril fueron detenidos y torturados Ramón Aguirre, secretario General de FATRE, Marcelo Acuña y Pablo de la Cruz Franco, secretario General y Tesorero de STIA. Fueron imputados en la justicia militar por malversación de fondos del sindicato. Meses después fueron detenidos Hipólito Mendieta y Pedro Celestino, trabajadores de Las Marías, por una denuncia realizada por un empleado jerárquico de la empresa.
Al año siguiente, a partir de una denuncia de la empresa por un supuesto sabotaje a la empresa, se inició una causa que sirvió como tapadera legal del secuestro de otros ocho trabajadores: Juan Manuel Gómez, delegado de FATRE, Héctor Sena, Epifanio Monzón, Carlos Arturo Escobar Solano, Ramón Peralta y Jacinto Bernal, delegado de los tareferos de FATRE. Neris Pérez, delegado de los tractoristas de FATRE, y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos.
“La represión apuntó directamente al gremio: se llevaron los padrones de afiliados y se descabezó todo el activo gremial que había. Nosotros acá decimos que se configura uno de los objetivos que tenía la dictadura cívico militar, que era descabezar las organizaciones populares y particularmente los sindicatos. Con ese golpe, el gremio fue intervenido, detenido su secretario general y tesorero, se descabezó toda actividad gremial en Las Marías”, destacó a Tiempo Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, cuando el sindicato se presentó como querellante en la causa.
