El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le entregó 120 cocheras gratuitas a la Corte Suprema para que jueces y funcionarios judiciales puedan dejar sus vehículos sin tener que pagar un centavo por ello. El lugar es privilegiado: la playa de estacionamiento subterránea ubicada debajo de la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Ese garaje pertenece a la Ciudad, que cobra una alta tarifa a los usuarios comunes que dejan sus vehículos allí. Pero para la Corte, tras una pulseada entre su presidente, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tendrán costo. Sólo será un beneficio.

La situación se originó a raíz de la decisión del gobierno local de remodelar la Plaza Lavalle, sobre cuyos laterales sobre las calles Talcahuano y Lavalle se emplazaba una playa de estacionamiento que utilizaban discrecionalmente los funcionarios autorizados por la Corte. La administración porteña, en el contexto del maquillaje a los puntos más visibles de la ciudad, ideó el plan “Tribunales peatonal”, que se viene ejecutando desde hace meses. La zona aledaña al Palacio de Tribunales parece un paraje arrasado por un vendaval.

Lorenzetti pugnaba por conservar las cocheras y así, sorpresivamente, los accesos aparecieron cerrados con candado fuera del horario de atención al público del Poder Judicial, lo que nunca antes había ocurrido. Finalmente, la sangre no llegó al río.

El administrador general de la Corte, Héctor Marchi, y el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, firmaron un convenio que establece que el máximo tribunal “podrá utilizar gratuitamente 120 cocheras subterráneas en la playa de estacionamiento que se encuentra debajo de la Plaza Lavalle, propiedad del GCBA, cuya entrada se halla en la intersección de las calles Libertad y Tucumán. La utilización de los lugares referidos tiene como objetivo no entorpecer el correcto funcionamiento de la Justicia, por lo que esta asignación gratuita se mantendrá mientras la CSJN la necesite será destinada al estacionamiento de los vehículos dependientes del Poder Judicial de la Nación, vehículos oficiales de este, para situaciones conexas la administración de Justicia otras que considere el Tribunal”.

La Corte también tendrá facultad de contralor sobre el lugar. “Se habilita la CSJN establecer, de considerarlo conveniente, las medidas de control custodia que estime razonablemente pertinentes respecto de los vehículos referidos”, no obstante lo cual –aclara el convenio- “ello no implica asumir ningún tipo de responsabilidad respecto del resto de los automotores, objetos cualquier otro bien que se encuentre en la playa de estacionamiento ni cualquier otra derivada de la actividad que allí se desarrolle”. El texto aclara que “se deslinda al GCBA de la responsabilidad laboral de cualquier otro tipo respecto de las personas las que la CSJN encomiende su control custodia”.

Para no mezclarse con el resto de los clientes, el acuerdo establece que “el total de las cocheras asignadas a la CSJN se ubicarán dentro de un mismo sector de Ia playa de estacionamiento, separado del resto de los vehículos”.

Una última cláusula establece que, en caso de diferendos derivados del uso de las cocheras, “las partes se comprometen solucionar amigablemente, través de sus representantes, las diferencias” pero si ello no fuera posible, la Corte jugará de local: “Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, con renuncia cualquier otro fuero jurisdicción que pudiere Corresponderles”.