El exfuncionario del macrismo causó un perjuicio de un millón y medio de dólares por una compra de campos en San Luis cuando estaba al frente de la Administración de Parques Nacionales. La causa prescribió pero en 2018 se reabrió.
Se trata de una vieja causa que había sido declarada prescripta por el paso del tiempo, pero que la Cámara Federal de Casación reabrió en 2018.
En el largo peregrinaje del expediente, el fiscal Federico Delgado había pedido en 2009 el procesamiento de Lombardi a raíz de una operación de compra de campos en San Luis cuando era funcionario del efímero gobierno de Fernando De la Rúa, que habría causado un perjuicio de casi un millón y medio de dólares al erario.
Lombardi está imputado por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, por una operación pactada el 22 de diciembre de 2000, cuando la Administración de Parques Nacionales “suscribió un boleto de compraventa firmado por el interventor Lombardi y Francisco César y María Irene Millán, cuyo objeto se ceñía a obligar al Estado a la compra de la estancia San Nicolás”, en la provincia de San Luis.
La estancia tiene una superficie de 10.624 hectáreas con 57 áreas y en el boleto de compra “el Estado Nacional expresaba su voluntad de proteger el medio ambiente”, ya que se trataba de unos pastizales en donde crece el venado de las pampas, una especie a la que se apuntaba a preservar.
Pero según la imputación, “Lombardi firmó aquel boleto de compraventa sin contar con la documental que acreditaba la titularidad del dominio, ni tampoco con la referente al inmueble a adquirir, y también estaban ausentes los informes del registro de la Propiedad, al igual que el compromiso presupuestario”.
Es decir: comprometió el patrimonio público en la compra por una cifra millonaria de un predio cuya titularidad estaba floja de papeles.
“He de considerar que existe motivo bastante para suponer que Hernán Lombardi, titular de la Administración Nacional de Parques Nacionales al momento de firmarse (como adquirientes) el boleto de compraventa por un campo en la Provincia de San Luis a los hermanos Millán (vendedores) destinado a la creación del Parque Nacional Los Venados, ha participado en la comisión de un ilícito”, escribió la jueza Servini en su llamado a indagatoria.
Lombardi “deberá prestar declaración indagatoria ante este Tribunal el día 27 de octubre a las 13”, a través de la plataforma Zoom.
El entonces funcionario comprometió al Estado a pagar un precio total convenido de 2.618.000 dólares, con algunas cláusulas particulares, entre ellas “una promesa de otorgar el predio a los vendedores, en comodato gratuito, por el lapso de diez años, y con el derecho a ejercer en el predio explotación agropecuaria”.
En la causa también aparece imputado el ex director de la Administración de Parques Nacionales, Marcelo López Alfonsín.
Lombardi fue sobreseído en dos oportunidades en esta causa, pero en ambas el fiscal Delgado consiguió revertir esas medidas de Servini argumentando que “el dinero que salió de las arcas de la administración pública, ascendió a 1.450.000 dólares, pero el tan ansiado parque nacional sigue esperando su creación”.
La causa se inició en 2002, discurrió por todos los laberintos judiciales y cuando parecía que se encaminaba a su cierre definitivo, el 15 de mayo de 2018 la Cámara de Casación revocó los sobreseimientos y ordenó continuar con la investigación.
Aquel fallo que reabrió el expediente fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
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