La acusación es por instigación a cometer delitos. El imputado pidió disculpas y dijo estar arrepentido. La Cámara Federal confirmó el procesamiento. Podrían condenarlo a seis años.
De los autores de “te meten preso por un tuit”, llega este nuevo capítulo judicial.
El posteo, que ocurrió el 28 de noviembre de 2023 a las 11.29, fue identificado gracias a un trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), convocada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La cuenta de X fue «vinculada» con el acusado, «quien al ser indagado reconoció su participación».
«Me había levantado y decidí descargarme en esa red social (…), lógicamente estoy arrepentido, pido sinceras disculpas. Nunca creí que iba a tomar repercusión ni quise incitar a nadie”, declaró cuando fue convocado en calidad de acusado.
Los camaristas federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens no le creyeron. «Ni el arrepentimiento mostrado ni el posterior pedido de disculpas resultan suficientes para restarle gravedad a un posteo que tuvo al menos 414 reproducciones».
Tampoco aceptaron la explicación sobre que «habría sido una reacción espontánea frente a un momento de indignación». En ese sentido replicaron que «el contenido violento revela palmariamente la intención del mensaje».
El fallo impone la realización del juicio. «Será la etapa de debate oral y público, con sus características de inmediación y pleno contradictorio, el marco propicio para confrontar con mayor amplitud el razonamiento de la defensa con el resto de los elementos de prueba acopiados a estas actuaciones».
Ya resuelto que deberá afrontar el debate oral y público, el tuitero pidió -a través de su defensor oficial, Hernán Silva, la devolución de un teléfono celular, una tarjeta de memoria de 8GB y una computadora Notebook secuestrados durante un allanamiento a su casa, en la ciudad de Rosario. Explicó que «han pasado más de diez meses del secuestro de los elementos solicitados, carencia que ha repercutido negativamente en su desarrollo como estudiante y trabajador”. Además, subrayó que en su condición de «estudiante de enfermería» necesita «contar con archivos que se encuentran en las carpetas ‘Tesis’ y ‘Libros’ de su computadora, para poder avanzar en su proyecto de tesis, y con el chip de su teléfono celular para poder ingresar a oportunidades de trabajo”. Mediante su celular también accede a su cuenta de correo electrónico.
El abogado Pablo Lanusse, apoderado de Mauricio Macri y en representación de su hija, Antonia, se opuso a la devolución, «destacando que al ser procesado se trabó embargo sobre los bienes del imputado por una cifra que quedó consolidada en la suma de 500 mil pesos, motivo por el que los bienes cuya devolución se requiere deben quedar afectados a ese embargo al devenir final del proceso».
La Cámara Federal le dio la razón, aunque con algunas concesiones. «Analizada la cuestión, cabe destacar que el imputado se encuentra procesado por un hecho grave en tanto involucra la seguridad de un expresidente de la Nación y sus familiares. Esta circunstancia lleva a adoptar máximos recaudos en cuanto a la preservación de la prueba. En esta instancia, tampoco puede descartarse la posibilidad de una sanción pecuniaria que se derive del proceso, lo que hace también a la necesidad de resguardar los elementos de valor que le fueran secuestrados».
En síntesis, rechazó la devolución de los elementos tecnológicos. No obstante estableció que «en cuanto a la necesidad manifestada por el recurrente de contar con determinados archivos, corresponde encomendar al magistrado de grado que, previo control de su contenido para descartar cualquier relación con esta investigación, efectúe una copia de las carpetas indicadas por el nombrado, a los fines de su entrega».
La computadora y el pendrive, no; los archivos para estudiar y buscar trabajo, sí. «
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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