Tras casi 10 años de inactividad, la causa por la responsabilidad empresarial en el secuestro y desaparición de 15 obreros y delegados sindicales de las fábricas Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur durante la última dictadura comienza a moverse.

Este miércoles, la jueza federal de San Martín Alicia Vence llamó a indagatoria a cinco exdirectivos y exgerentes por su responsabilidad en los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, tormentos, robo y homicidios. Las querellas de familiares que representa Pablo Llonto y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado esta medida a mediados del año pasado y finalmente se concretará a fines de mayo.

La acusación abarca a dos ex miembros de Cerámicos Cattaneo, Carlos Alberto Gasparutti, exdirector titular, y Alfredo Mauricio Katzenstein, ex jefe de Producción; y a tres ex miembros de Lozadur: Alfonso Godofredo Amoroso Copello, exdirector; José Ramón Penas, ex gerente de Relaciones Industriales, y Miguel Luis Puigdevall, ex subgerente de Relaciones Industriales.

Más allá de la demora en el llamado a indagatoria, la causa lleva varios años sin movimiento. Se originó en 2014, a partir del juicio de Campo de Mayo denominado “Obreros de Zona Norte”, en el que fueron condenados ex militares y policías por la represión a trabajadores navales y ceramistas, pero no se revisó la responsabilidad empresarial. Es por eso que, a instancias de las querellas, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín envió a instrucción las pruebas documentales y testimoniales surgidas en el debate para que se investigue.

“Desde el 2014 que termina el juicio y se pide que se investigue la responsabilidad empresarial hasta ahora, el juzgado de instrucción no movió un solo papel, no pidió nada para investigar”, señala a Tiempo Liliana Giovanelli, compañera de Juan Carlos Panizza, quien fue secuestrado mientras trabajaba en la planta de Cattaneo y continúa desaparecido.

Liliana integra un grupo de familiares que empuja la causa desde hace casi 20 años y conforman una querella conjunta por los trabajadores y trabajadoras ceramistas. “La mayoría de los directivos ya fallecieron y también de los nuestros, testigos, familiares y un sobreviviente, Pedro Alberto Ponce, quien colaboró muchísimo con su testimonio y en la búsqueda de compañeros”, lamentó Liliana y agregó: “Es agotador, porque se nos ha cruzado la vida esto. Cuando perdí a mi compañero tenía 20 años, recién me había casado hacía ocho meses, hoy tengo 67 años y sigo buscando”.

Las plantas de Cattaneo y Lozadur estaban ubicadas en Villa Adelina, en el cordón industrial de la zona norte del conurbano. A partir de 1973 comienza un período de mucha conflictividad con las patronales por las malas condiciones laborales y los bajos sueldos. Los trabajadores de ambas empresas, además, habían protagonizado el proceso que llevó a una agrupación más combativa a conducir la seccional local de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA).

La persecución de las fuerzas represivas comenzó poco antes del golpe, cuando en febrero de 1976 fue asesinado Juan Pablo Lobos, trabajador y delegado de Lozadur, y fue secuestrado y luego liberado otro de los delegados, Segundo Figueroa, quien sería desaparecido en diciembre de ese año.

El 6 de agosto de 1977 fue secuestrado Artemio Rubén Lezcano, activista gremial y trabajador en Cattaneo hasta una semana antes. Lo trasladaron en un camión donde fue torturado y luego lo liberaron.

En 1977 se produjo un gran conflicto sindical en Lozadur. Como respuesta a las medidas de fuerza, en octubre la empresa cerró su planta y despidió a todos sus empleados. En coincidencia con el lockout patronal, siete delegadas y delegados de base fueron secuestrados de sus domicilios y se encuentran desaparecidos: Ismael Notaliberto, Dominga Crespo, Felicidad Crespo, Ramón Villanueva, Elba Puente Campo, Sofía Cardozo y Francisco Palavecino.

A los pocos días, el directorio de la empresa decidió reabrir sus puertas reincorporando a parte del personal. El objetivo de la empresa quedó claro en un descargo realizado durante un concurso preventivo en 1981 y que fue rescatado por la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, realizada por el CELS, FLACSO Argentina y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí un apoderado de la firma destaca que la comisión interna estaba “integrada por elementos evidentemente vinculados a la subversión” y que “la única solución definitiva al problema era la eliminación de todos los elementos vinculados claramente a la acción disfrazada de gremial”.

En simultáneo, los trabajadores de Cattaneo se habían sumado al conflicto en solidaridad de sus compañeros de Lozadur. La respuesta represiva en ese caso fue dentro de la planta, donde a fines de octubre fueron secuestrados y torturados 3 trabajadores, Panizza, Ponce y Faustino Gregorio Romero, y otros dos, Jorge Carlos Ozeldín y José Agustín Ponce fueron secuestrados en sus domicilios.  

Ponce fue liberado desde Campo de Mayo pocas horas después y es uno de los dos sobrevivientes en la causa, junto con Lezcano. Contó cómo fue abordado por hombres de civil en colaboración con el personal de seguridad de la empresa al ingresar a su turno en la mañana del 27 de octubre de 1977. Lo metieron a un cuarto donde ya estaba Panizza, quien había sido muy golpeado, y luego se sumó Romero. Tanto Panizza como Romero continúan desaparecidos.