Lawfare modelo 2022: las escuchas a sindicalistas con sus abogados defensores

Las conversaciones de Fernando Espíndola y Maximiliano Cabalyero, los dos gremialistas de Camioneros de San Nicolás detenidos por supuesta extorsión a una distribuidora de alimentos, con su abogado defensor, fueron escuchadas por una decisión judicial. La violación a esa privacidad estuvo amparada por un halo de prolijidad y una invitación a la credulidad: un juez y una fiscal aseguran que eso que ordenaron registrar y grabar  no lo utilizaron para meterlos presos.

La fiscal que pidió la intervención de los teléfonos reconoció las escuchas en una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia, escenario de una disputa áspera entre oficialismo y oposición.

“Las escuchas telefónicas fueron debidamente autorizadas por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, es decir fueron otorgadas conforme a derecho (…), pero solamente fueron los abonados telefónicos de los imputados, y fueron reservadas en el Legajo Fiscal formado conforme lo autoriza la ley que regula la actuación del Ministerio Publico Fiscal”, explicó por escrito la fiscal de San Nicolás María del Valle Viviani.

La forma esconde un antiguo atajo ciertamente tramposo. Se pide la intervención de una línea y se escuchan todas las conversaciones. ¿Con quién podían dialogar dos sindicalistas acusados de un delito grave? Especialmente, con sus abogados. La fiscal no pidió escuchar a los abogados sino a los sindicalistas, que hablaban con sus abogados.

¿Para qué querría la fiscal escuchar a dos imputados de haber bloqueado el acceso y egreso de una planta distribuidora en la ciudad de San Pedro, en el contexto de un reclamo que la propia Justicia calificó de “extorsivo”? No se trata de un delito complejo, que requiera tareas de inteligencia –como las intervenciones telefónicas– para esclarecerlos.

El presidente de la Bicameral de Inteligencia, el diputado oficialista Leopoldo Moreau, le preguntó a la fiscal Viviani (y por eso recibió ya tres denuncias penales, una de ellas de la militante de Juntos por el Cambio Florencia Arietto) “si obran constancias sobre la existencia de colaboración o aportes de prueba o testimoniales de agentes de inteligencia, sean de orden nacional o provincial” en la causa de San Nicolás.

¿Por qué hizo eso? Porque uno de los abogados del gremio de Camioneros, Javier Moral, trazó una línea que une una causa contra el gremio de 2018 (ya elevada a juicio) en la que aparecen presuntos vínculos con Seguridad e Inteligencia del gobierno de Cambiemos, con otras dos –entre ellas, la de San Nicolás– que tienen un común denominador: la abogada Arietto, acérrima enemiga de los Moyano.

La fiscal respondió como un frontón.

La causa de 2018 fue impulsada por la empresaria Nancy Pastorino, titular de Expreso Pontevedra, quien presentó ante la Justicia como prueba de una supuesta extorsión una grabación en la que ella misma reconoció: “A mí me citó el Ministerio de Seguridad y entonces yo tuve que decir por qué deposité esos cheques, porque ustedes tienen las cuentas no embargadas; las están observando”. Los cheques eran pagos extorsivos, según la elevación a juicio del expediente.

“Cuando depositaron el primero, a mí me llamó la Secretaría de Inteligencia para ver por qué pagué eso, entonces yo le tuve que decir que ustedes querían 1.199.000 pesos y que llegamos a un acuerdo y que me pidieron 500 mil. Cuando ustedes depositaron los 100 mil, a mí me citaron de allá y me obligaron a hacer una denuncia en la fiscalía”.

De ese audio se desprende que en 2018 la AFI monitoreaba los movimientos económico-financieros de Camioneros. El encargado de esa área era Fernando Di Pasquale, uno de los espías que, según el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, lo visitó para pedirle que encarcelara a Pablo Moyano. Lo acompañaba Juan Sebastián De Stéfano, procesado en la “Causa Gestapo” y uno de los nuevos hombres fuertes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En 2005, Arietto tuvo un paso por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como “auxiliar” en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Uno de los que firmó su designación fue el entonces consejero de la Magistratura Juan Sebastián De Stéfano.

En Camioneros aseguran que la causa de 2018 fue fogoneada por Arietto. La denunciante Nancy Pastorino dijo también en aquella conversación telefónica (que ella misma grabó con un gremialista que le exigía dinero, presuntamente por aportes patronales al sindicato): “Te doy el teléfono de Alan, el de Seguridad, que me asesoró y me dijo lo que tengo que hacer”. Aludía a Alan Ruiz, el líder de los “cuentapropistas” del espionaje ilegal en la AFI, quien antes había trabajado en el área de Seguridad, junto con Patricia Bullrich. Arietto era por entonces asesora de la ministra.

Nancy Pastorino murió hace poco más de un mes. Tiempo tropezó con un fuerte hermetismo cuando intentó averiguar cómo se produjo el deceso.

Sobre las escuchas en la causa de San Nicolás, la fiscal Viviani se esmeró en resaltar: “Son completamente legales y dejo aclarado que la conversación cliente-profesional nunca fue utilizada para la investigación”. ¿Cómo puede determinarse fehacientemente que no fueron usadas para dictar la prisión preventiva de ambos dirigentes gremiales? El único argumento disponible es la fe. La fiscal dijo que no las utilizó y el juez subrogante Román Parodi –quien dictó las prisiones preventivas– asegura que él tampoco. Queda claro que Cabaleyro y Espíndola hablaron con Mauricio Gugger, el abogado de ambos, sobre la causa penal. ¿Es eso “pertinente a la investigación”? La respuesta parece obvia. Sin embargo, el mismo juez aseguró que “dicha comunicación no fue valorada como prueba”. Cuestión de fe.

La confidencialidad entre el abogado y su cliente es inviolable. El defensor Gugger le informó por nota al presidente del Colegio de Abogados local, Roberto Ademar Giampietro, que sus diálogos con sus clientes habían sido escuchados por una orden judicial y le pidió “la inmediata intervención en defensa de los derechos vulnerados” ante “una clara violación de los derechos de todos los letrados”.

¿Cuál fue la respuesta? El representante de los abogados emitió un comunicado de respaldo… a la jueza y a la fiscal que dispusieron las escuchas. Y un repudio al presidente de la Bicameral de Inteligencia, a quien exhortó “a no entrometerse ni pretender injerir en causas judiciales… evitando el uso de mecanismos directos e indirectos de presión sobre los funcionarios judiciales intervinientes”.

En un proceso judicial normal, cuando accidental o involuntariamente quedara registrada una conversación entre abogado y cliente, esa grabación debe destruirse. En este caso no solo no ocurrió eso sino que el juez Parodi ordenó “proceder a su desglose y a su reserva por Secretaría de la Fiscalía interviniente”. Es decir que el juez que dijo que la grabación no se utilizó le encomendó a la fiscal –que la había pedido– que la guardara para no utilizarla. No entiende el que no quiere. «