Las órdenes de espionaje ilegal a los mapuches que recibió Gendarmería

¿Acaso es posible que al concluir la autopsia de Santiago Maldonado las más altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan sentido un ramalazo de alivio? No sería de extrañar que así fuera: la alegría en su variante más obscena está en su naturaleza. Lo cierto es que ese trámite forense no pudo aún descubrir signos de agresión visibles; en consecuencia, habrá que esperar al menos 15 días para establecer la causa de la muerte, su momento exacto y la manera en que los restos del joven desaparecido el 1 de agosto llegaron al sitio de su hallazgo a 78 días del ataque ilegal de Gendarmería que le costó la vida. Un crimen atroz con autores materiales de uniforme y encubridores que desde la cúspide del Estado perjudicaron el proceso de búsqueda. 

Sergio Maldonado y su mujer, Andrea Antico, estuvieron el martes por más de siete horas junto al cuerpo de Santiago en la orilla del río Chubut para que nadie lo tocara. En ese mismo lapso el régimen macrista efectuaba una encuesta telefónica sin otro propósito que medir el impacto del asunto en las elecciones del domingo.

Eran las 20:15 cuando Sergio y Andrea, junto con el perito Alejandro Incháurregui y el juez federal Gustavo Lleral, organizaban la extracción de los restos mortales del río iluminados apenas con linternas y luces de los teléfonos celulares. En tales circunstancias ocurrió el arribo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, escoltado por el inefable funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, y dos asesores de menor rango del Ministerio de Justicia. Por su investidura, el primero pretendía ser atendido en el acto. Y la insistencia del segundo hizo que los cuatro fueran ahuyentados a piedrazos por los pobladores. La estampa gordinflona de Cané logró treparse a la camioneta cuando su conductor ya pisaba el acelerador.

Aquel hombre había sido una suerte de comisario político del recusado juez Guido Otranto –algo jamás visto de modo tan explícito en toda la historia judicial argentina–, además de ser el estratega principal en la neutralización de pistas impulsada por el Poder Ejecutivo. Lo prueba un documento de su puño y letra incorporado al expediente –a fojas 1067– que instruye la fiscal Silvina Ávila. Entre otras delicias, ese texto –al que Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva– explica la preocupación del oficialismo ante el secuestro de las computadoras y los celulares durante los allanamientos en los escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel ) y 37 (José de San Marín) de la Gendarmería. Un desvelo que, por cierto, tiene su razón de ser. 

«La Gendarmería, bajo la conducción política que ejerce el Ministerio de Seguridad por delegación del Presidente de la Nación –arranca la pluma del doctor Cané–, maneja en forma corriente información clasificada como secreta o reservada concerniente a la seguridad interior de la República Argentina. En este sentido es dable presumir que la información contenida en dispositivos celulares y computadoras secuestradas contienen –o razonablemente pueden contener– información clasificada como secreta, confidencial o reservada. En primer lugar, porque la Gendarmería Nacional produce, obtiene, almacena y sistematiza información clasificada como secreta, confidencial o reservada en materia de seguridad interior».  

Tras aclarar que dicho fisgoneo cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y también con las atribuciones del Ministerio de Seguridad para proteger las tareas de las fuerzas policiales a su cargo, especialmente en la zona patagónica, advierte que su difusión «podría poner en grave peligro la seguridad en zonas de frontera que merecen particular protección». Y agrega: «En virtud de lo expuesto se solicita a esta Fiscalía Federal tener a bien limitar la medida de inspección de computadoras y celulares secuestrados a GN a lo estrictamente relacionado a la investigación de averiguación (sic) del paradero del señor Santiago Andrés Maldonado, sugiriéndose además la posibilidad de acotar las diligencias a la información relativa al operativo de despeje de la Ruta Nacional Nº 40, Paraje Leleque, en la Provincia de Chubut, ordenado por el juez federal Otranto». Lo que se dice, sinceridad brutal.

El valor de tal escrito radica en que constituye una admisión –casi en primera persona– del espionaje ilegal ordenado por el ministerio al mando de Patricia Bullrich a las fuerzas federales bajo su órbita. Y como tal acaba de ser añadido por la abogada Myriam Bregman en su denuncia por ese delito en el juzgado federal Nº 17, a cargo de Sebastián Casanello.     

Ya se sabe que aquellas tareas se intensificaron en Chubut y Río Negro a mediados del año pasado, después de que el funcionario esa cartera, Pablo Noceti –un personaje central de esta trama– redactara un «informe de gestión» en el cual advierte el «peligro cuasi subversivo» de las comunidades mapuches asentadas en esas provincias. Allí estaba el huevo de la serpiente.

Durante la mañana del 31 de julio Noceti convocó en el hotel Cacique Inkayal, de Bariloche, a los jefes de todas las fuerzas federales y provinciales de aquella región; entre ellos, los cabecillas de los escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería, además de sus secretarios de Seguridad.

Ante ellos expuso su plan de «provocar» una situación de «flagrancia» en el territorio mapuche de Cushamen para así embestir contra sus pobladores. El funcionario se mostró fanatizado y torpe. Se tropezaba con las palabras. Y –según la reconstrucción del cónclave publicado el 3 de octubre por Santiago Rey en el portal barilochense En estos días– se permitió un ejemplo edípico: «Si están violando a mi mamá, voy a actuar». Fue su manera de estimular la represión. Aludió luego a los «últimos diez años de descontrol en el país».

Más tarde se comunicó por teléfono con Otranto para anticiparle su plan operativo. De paso lo puso al tanto de una prueba piloto que bajo sus órdenes acababa de realizarse: la «dispersión de elementos mapuches» que reclamaban la excarcelación de Facundo Jones Huala. Y hasta se vanaglorió de las balas de goma disparadas sobre los manifestantes. Muchos resultaron heridos y se efectuaron nueve detenciones. Otranto no se mostró impresionado. 

Así se llegó al fatídico 1 de agosto. 

Desde entonces Santiago ya no está más entre nosotros. Aunque ahora sobrevino su «aparición forzada». Y a modo de remate, una frase dicha por un juez con tono neutro, cómo quien se refiere a una revisación médica para ir a la pileta: «No hay lesiones en el cuerpo».

Como si nada hubiera pasado. «