Las «ideas locas» de capitalización pública de empresas ya se aplican en diez países del mundo

El presidente Alberto Fernández aprovechó su visita a la provincia de Formosa para deslizar que planea una reforma impositiva integral y habló de la iniciativa que lanzó la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, para que el Estado pueda capitalizar acciones de empresas que coticen en bolsa y que reciban ayuda pública para evitar la quiebra. «Un sistema más justo no es perseguir a nadie, esas ideas locas de querer quedarnos con las empresas o de querer castigar a los ricos, no. Eso no es así. Lo que nosotros queremos es hacer un país más justo», lanzó el jefe del Estado. El mensaje fue interpretado como un revés al planteo de Vallejos, pero la iniciativa que analiza la bancada del oficialismo en la Cámara Baja ya suma diez experiencias en el mundo.

La idea aún no ha sido plasmada en un proyecto, pero las palabras del Presidente anticiparon los contornos de un mecanismo que ya utilizó con otras propuestas provenientes del Congreso que las transformó en iniciativas del Ejecutivo. Ya sucedió hace un mes con la misma diputada, que presentó un proyecto de «suspensión de aumentos y revisión de tarifas de telefonía fija, movil, internet y televisión por cable» que acumuló la firma de 57 miembros del bloque del FdT. El texto no avanzó pero fue la previa de una decisión Ejecutiva del Presidente.

En medio de los debates internos de la coalición oficialista no hay certezas de que se repita esa posibilidad, pero la experiencia de capitalización estatal de empresas en crisis por la pandemia suma experiencias en distintas partes de Europa y en Estados Unidos, cuyas administraciones, de distinto signo político, han impulsado una serie de recursos para sostener empresas en crisis y evitar su cierre.

En el caso argentino el debate gira en torno a qué recursos puede poner en marcha el Estado cuando termine la cuarentena para auxiliar a grandes firmas que cotizan en Bolsa y que asisten a una sostenida pérdida del valor de sus acciones. Para evitarlo, la iniciativa busca que el Estado pueda comprar acciones, recibirlas como garantía de salvatajes y habilitar la recompra cuando haya pasado la tormenta económica.

En la Unión Europea entre fines de marzo y la primera quincena de mayo la Comisión Europea dictó «un marco normativo para reglamentar los paquetes de ayuda económca a las empresas por parte de sus países miembros». De acuerdo a un relevamiento realizado por el oficialismo, que estudió distintas experiencias en el mundo, la UE definió «bajo qué condiciones son admisibles las políticas de créditos y subsidios a los distintos sectores económicos».

Hasta ahora ofrece dos recursos que abren «la participación estatal en el paquete accionario de las empresas y el otorgamiento a empresas de garantías estatales para préstamos y la capitalización estatal de empresas». Uno de ellos son préstamos con garantías, con el objetivo «de garantizar el acceso a la liquidez para las empresas que se enfrenten a una súbita escasez de dinero». En algunos casos esas garantías están «limitadas a un máximo de seis años» y no pueden superar «el 90 % del préstamo cuando las pérdidas se imputen proporcionalmente y en condiciones idénticas a la entidad de crédito y al Estado».

En ese proceso «los Estados miembros pueden tomar medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 utilizando dos conjuntos distintos de instrumentos». Uno consiste en «la emisión de nuevas acciones ordinarias o preferentes» y el otro funciona mediante «derechos de participación en beneficios, participaciones sin voto y obligaciones convertibles garantizadas o no garantizadas».

El concepto central es que «el Estado reciba una remuneración adecuada por su inversión», pero esa recapitalización en medio de la pandemia «debe amortizarse cuando la economía se estabilice».

Por esa razón la UE «considera apropiado conceder al beneficiario tiempo suficiente para amortizar la recapitalización» y para eso le plantea a cada «Estado miembro que debe instaurar un mecanismo para incentivar la amortización gradual».

En ese contexto, el gobierno alemán subsidió a la aerolínea Lufthansa con 9.000 millones de euros, capitalizó el 20% de su aquete accionario y designó a dos directores.

Todo se hizo mediante la creación de un «Fondo de Estabilización Económica (FSM), que prevé la recapitalización de las empresas que enfrenten dificultades económicas».

En la República Checa, su administración resolvió la aprobación de «un programa de asistencia financiera por un total de 18.500 millones de euros y un programa de garantía de préstamos a empresas exportadoras por 5 mil millones de euros».

Para Dinamarca, la Comisión Europea le aprobó «un programa de asistencia por 4.670 millones de euros bajo el paraguas del Marco Temporal de Ayuda Comunitario», mientras que Croacia «lanzó un programa de asistencia por 322 millones de euros» con un plan de rescate similar al alemán.

Francia también puso en marcha «un acuerdo para otorgar préstamos garantizados a Air France-KLM por 7 mil millones de euros» y otro «con el Grupo Renault para otorgarle garantías para prestamos por 5 mil millones de euros».

Italia cuenta con la «aprobación de un programa de asistencia a las grandes empresas italianas por 9 millones de euros», pero también dictó una serie de medidas ejecutivas para intervenir en operaciones bursátiles para que «capitales no italianos avancen sobre empresas y sectores» que ese país considere «estratégicos. En ese contexto, la aerolínea Alitalia recibió aportes públicos por 3.000 millones de euros y el Estado tiene el control de sus decisiones.

El mismo programa de la UE le permitió a Hungría, Grecia y Polonia «programas de asistencia financiera de 900, 500 y 450 millones de euros». En Estados Unidos el Congreso aprobó un paquete de ayuda de casi dos mil billones de dólares que establece distintos salvatajes, pero uno de ellos está destinado a la «preservación de empleos de la industria estadounidense y provee significativos apoyos financieros a las empresas que mantengan sus niveles de empleo y estén preparadas para volver a la actividad lo más rápido posible».

Al igual que la UE utiliza el sistema de garantías en acciones para respaldar la ayuda pública: «aquellas grandes empresas que soliciten al estado su incorporación al programa de fondos para el pago de salarios (Payroll Support Program) pueden recibir el requerimiento de transferir acciones o warrants como garantía o compensación de los fondos otorgados».

En lo que va de la pandemia, la administración norteamericana subsidió con este mecanismo a «13 de las más grandes compañías aéreas de transporte de pasajeros» con «23 mil millones de dólares». Estas firmas le «otorgaron al gobierno estadounidense warrants por 650 millones de dólares y garantías por 6 mil millones de dólares».

Por otra parte, el «Estado no puede condonar las deudas a las empresas ni tampoco puede hacer uso del poder de voto que le otorgan las acciones tomadas en garantía por dichos préstamos», mientras que «las empresas no pueden recomprar acciones ni pagar dividendos por un período de hasta 12 meses posteriores a la cancelación de los préstamos». Tampoco pueden «despedir a más del 10% de su planta de personal durante el período del préstamo».