Las crisis latentes en América Latina que resurgirán en la pospandemia

El mundo en el siglo 21 tiene como rasgos característicos la complejidad y la incertidumbre. La pandemia del Covid 19 trasluce esos aspectos de manera singular en distintas regiones y países. La región andina se ha caracterizado siempre por una capacidad poco común de trasladar todos los conflictos de sus sociedades  nacionales a la esfera de la  política. Y la política andina ha estado marcada desde hace décadas, por una polarización extrema.

En Venezuela, la incapacidad de gestión del gobierno, las sanciones financieras y el cerco internacional de Donald Trump, han conducido al país a una crisis multidimensional que es ya parte de la agenda geopolítica mundial. Sólo puede tener una salida pacífica, que se debe ejecutar por actores políticos venezolanos en las urnas electorales, según un consenso- no necesariamente público-que se alcance entre las grandes potencias en la ONU. La capacidad de que Latinoamérica sea actora protagónica de la salida de Venezuela de su actual crisis parece ya superada por la realidad. La región fue incapaz de reeditar un proceso de Contadora para Venezuela.
En Bolivia el gobierno de facto no gozó nunca de respetabilidad internacional. Las recientes publicaciones del New York Times con  investigaciones de tres Universidades norteamericanas sobre la falsedad del diagnóstico electoral de la OEA dirigida por Luis Almagro, que sirvió de base para el pronunciamiento militar pidiendo la renuncia de Evo Morales, ha hecho más profundo el foso del desprestigio internacional del gobierno de Añez .

El grupo de Puebla se hace eco de esa publicación para exigir que el gobierno de facto devuelva el poder a Morales. Es un acto simbólico que acrecienta el desprestigio del gobierno de facto, que sigue cometiendo torpezas diplomáticas como negar durante siete meses el salvoconducto a los ex ministros asilados en la embajada de México, violando el derecho internacional. Solo cabe desear que el gobierno de facto, inmerso en actos de corrupción en la compra de insumos médicos para la pandemia, cumpla con su compromiso de que Bolivia tenga elecciones libres y transparentes en septiembre para frenar su entrada en un laberinto de ingobernabilidad prolongada.

En Perú hay elecciones en el 2021. El intelectual y político Jorge Nieto Montesinos, impulsor de una nueva organización político-partidaria, piensa que hay un enojo social creciente por la desigualdad estructural que impide a millones de peruanos acceder a los beneficios de una macroeconomía exitosa. El riesgo político de ese descontento social, según el ex ministro, es un ascenso electoral no deseable de tendencias extremistas, de izquierda y derecha.

En Chile y Ecuador la coyuntura del 2020-2021 está signada por la posibilidad de modificaciones institucionales que signifiquen un cambio histórico.

Chile, uno de los países sudamericanos con más contagios de Covid 19, ha recibido una asistencia de 18 mil millones de DEG (Derechos Especiales de Giro del F.M.I.) equivalentes a 23 mil millones de dólares para tener la liquidez necesaria para continuar luchando contra la pandemia y enfrentar sus inevitables efectos económicos ya traducidos en  la caída de las exportaciones e importaciones y la reducción de la inversión extranjera. Sin embargo el principal desafío chileno es someter a plebiscito la Constitución pinochetista, que ha sido el fundamento jurídico de un ya desvencijado “modelo chileno” de modernización y desarrollo con enormes desigualdades sociales y que provocó las masivas protestas de Octubre del 2019. El plebiscito debe realizarse en Octubre de este año. Y su resultado iniciará una nueva era, con varios eventos electorales que culminarán con la elección presidencial de fines del 2021.

En Ecuador, las enardecidas protestas de Octubre del 2019 contra la eliminación de un subsidio a los combustibles y las actuales contra el manejo corrupto de la pandemia y la crisis económica expresan cuestionamientos  históricos sobre la fracasada arquitectura jurídica-administrativa del Estado. También contra la desigualdad social y la falta de ética pública. El libertador Simón Bolívar, ya en la época de la lucha por la independencia,  expresaba a su amigo Antonio José de Sucre sus preocupaciones por “ese Departamento del Sur, donde aún no hay gobierno y ya todos quieren mandar”, refiriéndose al actual Ecuador. Esa aludida ingobernabilidad parecía responder desde entonces a la bicefalía de un Estado en formación que tenía dos centros de poder: Quito y Guayaquil. El libertador impulsó la Gran Colombia  que,  al deshacerse, vio nacer al Ecuador como “estado independiente, soberano y unitario”.

La crisis sanitaria provocada por el Covid 19 desnudó una vez más la crisis del estado unitario, centralista y burocratizado que Ecuador ha construido desde su nacimiento. Las frías cifras muestran que la infraestructura hospitalaria, a cargo del gobierno central, se ha construido tan desigualmente que una pequeña y bella ciudad serrana como Guaranda, tiene mejor dotación hospitalaria  que Guayaquil, en relación con su densidad demográfica.

El tema de la reconfiguración jurídico-administrativa del Ecuador como Estado no es sólo una discusión académica. Es una necesidad histórica de racionalidad estatal y deberá estar presente en la agenda política de un país que tiene elecciones generales en Febrero del 2021.

La corrupción en la compra de insumos médicos para combatir la pandemia ha sido otro de los temas lacerantes de esta crisis. La reestructuración del sistema de administración hospitalaria impulsada desde el 2007 por el gobierno anterior, que dictaminó que por encima de  los tradicionales directores médicos se nombrarían gerentes del mismo, parece ser el factor facilitador de la actual corrupción generalizada en el sector de la salud.

La judicialización de la política es ya una tradición ecuatoriana que precedió al auge del Law Fare hoy de moda en el mundo. Lo paradojal es que la persecución judicial, bajo el gobierno de Lenin Moreno contra el ex presidente Rafael Correa y sus principales colaboradores, se ejecuta con base en la Constitución de Montecristi y el Código Penal basado en ella. Ambos son instrumentos jurídicos retrógrados en materia penal que Correa , Moreno y varios otros miembros del mismo movimiento político impulsaron y celebraron como logros históricos de la llamada Revolución Ciudadana iniciada en el 2005.

Esos documentos jurídicos que igualan los delitos económicos con crímenes de lesa humanidad imprescriptibles,  que permiten enjuiciar acusados en ausencia, que convierten llamados a la resistencia política contra medidas de un gobierno en delitos penales, son esencialmente antidemocráticos y violatorios de la doctrina de los derechos humanos.

Cuando se anime el debate público de cara al proceso electoral del 2021, Ecuador tendrá la oportunidad de analizar su “pecado original” desde el surgimiento del Estado unitario y centralista.

Para iniciar el desmontaje del retraso jurídico-penal después de las elecciones del 2021 debería impulsarse una reforma constitucional que diga que  las Convenciones Internacionales signadas por el Estado ecuatoriano prevalecen sobre cualquier norma constitucional o legal que se le oponga en la letra y el espíritu. Eso reafirmará el principio, ya consagrado mundialmente,  de que, en nuestra época, el derecho internacional tiene primacía sobre el derecho nacional.

Políticamente cambiar la arquitectura jurídico-administrativa del Estado centralista, reducir la desigualdad social e impulsar una nueva ética pública, procesos que el Ecuador necesita para renacer después de esta crisis, requerirá de un liderazgo político con autoridad, que no le tema a los desafíos de la historia. Ser líder de una nueva era demanda sacrificios y se premia con el reconocimiento de la Historia.