En septiembre del año pasado una investigación de Tiempo Argentino contaba la historia de la Atom-Waffen Division Argentina, una internacional neonazi que a través de uno de sus afiches anticipó el atentado a CFK.
Los carteles con leyendas intimidatorias habían aparecido pegados por algunos barrios de CABA, plazas del AMBA y casi en simultaneo eran realizadas amenazas virtuales a referentes del Colectivo LGTBI+, en particular a uno de la Ciudad de Mar del Plata al que le dedicaron un afiche personalizado con su cara y una daga ensangrentada con esvástica incluida clavándose en su cuello.
Meses después, Fernando Sabag Montiel apuntaba su pistola contra el rostro de la vicepresidenta y gatillaba en dos ocasiones. Durante su interrogatorio se negaría a responder preguntas, incluso la referida al tatuaje que lleva en su codo, un «Sol Negro», la misma elegida por la AWD Argentina, que es la insignia utilizada por los nazis ucranianos del Batallón Azov y que forma parte de la simbología instaurada por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
Por aquel entonces en Mar del Plata se radico una denuncia y Javier, un reconocido militante por los derechos de la diversidad sexual, se presentó en la Justicia y ante la Fiscalía Federal Uno. Aportó todo el material que le había llegado por celular por medio de mensajes a sus redes sociales, entre ellos uno que decía «los masones y los judíos van a morir. Ustedes van a las escuelas a homosexualizar a nuestros niños. Nosotros estamos en todos lados». Otros mensajes llegaban con imágenes de personas caricaturizadas bajo la frase “cuidado, son negros, maricones y judíos”. La causa recayó en el Juzgado Federal Número 3 de esa ciudad a cargo del Juez Santiago Inchausti y tras una ardua tarea por parte de la fiscal Laura Mazzaferri y la doctora Diana Arias se comenzó a determinar quiénes estaban detrás de estas amenazas de muerte que provenían de distintos puntos del país.
La investigación
Mazzaferri, de vasta experiencia en el tema, fue quien junto al fiscal Nicolás Czizik conformaron en su momento un grupo que articuló con distintas procuradurías e investigó los crímenes de odio racial que culminaron en 2018 en el primer juicio en la historia de nuestro país a una banda skinhead condenada por conformar una «asociación ilícita destinada a imponer sus ideas por la fuerza».
Este este caso sin embargo se contó con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos sobre todo en lo relacionado a las redes sociales, vinculaciones de IP y asociaciones de emails. También con el apoyo de la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) y la Secretaria Análisis Integral del Terrorismo (SAIT) ya que, a diferencia de otros grupos locales, la Atom-Waffen es una Red que se maneja en un 80 por ciento de manera virtual, utilizando la plataforma Telegram o servidores de correos encriptados como Proton Mail, que navegan por «debajo del radar» y que son difíciles de rastrear.
Después de varios meses de investigaciones y entrecruzamientos de datos, el Juez Inchausti autorizó allanamientos en las provincias de Tucumán, Santa Fe, La Pampa y en las ciudades bonaerenses de General Belgrano y Mar del Plata. En el primer operativo se pudo establecer que uno de los integrantes de esta banda era un menor de 16 años, algo muy común en este tipo organizaciones que reclutan a jóvenes de muy corta edad. De hecho, a nivel internacional la Atom Waffen está conectada con la FDK – Feuerkrieg Division (División de Guerra de Fuego), cuyo líder, un usuario de chat conocido como HeilHitler8814 que se hacía llamar «Commander», tenía apenas 13 años y aún vivía con sus padres cuando fue localizado por las autoridades de Estonia mientras planificaba atentados a través de las plataformas de mensajerías de juegos online.
A partir de este primer procedimiento y después de mucha labor por parte de la justicia se pudo dar con el resto de los integrantes y en Mar del Plata la PSA registró tres domicilios. Identificó a dos hombres mayores de edad que habrían sido en principio los responsables de las amenazas en mayo del 2021. En uno de los operativos se pudo encontrar 2 pistolas calibre 22 y una 380 además de incautar material de propaganda nazi, manoplas de acero y un bate de béisbol con púas en su parte superior.
Los detenidos en estas inspecciones recuperaron su libertad, pero quedaron imputados por los delitos de amenazas agravadas, discriminación, apología del delito e integrar una organización que tiene como objeto imponer la idea de una supremacía racial a la fuerza. En tanto la justicia les dicto una medida cautelar de prohibición de acercamiento a todas las victimas mientras evalúa llamarlos a declaración indagatoria. Los distintos dispositivos electrónicos secuestrados en la causa (tablets, celulares y notebooks) están siendo sometidos a los procesos de análisis en busca de información que esté relacionada a los hechos denunciados u otros actos incriminatorios de similar naturaleza.
De nazis, libertarios y represores
Días atrás, Lilia Lemoine, diputada electa de La Libertad Avanza, difundió y reivindico en sus redes un mensaje del referente nacionalista Carlos Gustavo Pampillón, que fue procesado en 2022 en una causa impulsada por la DAIA, por liderar en calidad de «jefe» a Bandera Negra, una patota filonazi que actuaba como brazo armado del FO.NA.PA (Foro Nacional Patriótico), agrupación fascista creada y conducida por el mismo Pampillón y responsable de amenazas a la comunidad gay, judía y boliviana. La publicación en cuestión es un video donde Pampillón llama al «boicot» en apoyo al capitán retirado Iván Volante, a quien el Ejercito le inició actuaciones por un posteo que el ex militar subió a su cuenta de Tik Tok con la imagen de un Ford Falcon verde y la leyenda «7..aunque un poco incomodos, entran en este baúl».
Pero no es casual este vínculo entre La Libertad Avanza y el líder ultraderechista marplatense. Pampillón salto a la fama en 2011 cuando hizo una encendida defensa del Capitán Pedro Giachino, primer caído en el conflicto de Malvinas, un represor que con el alias de “Pablo” figura en varias denuncias de juicios por delitos de lesa humanidad en el Area 400 (Zarate-Campana), así como en la causa de la Base Naval de Mar del Plata.
Es justamente Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la actual candidata a vicepresidenta por la fórmula que encabeza Javier Milei, Victoria Villarruel, otro militar «héroe de guerra» que previamente actuó en el Operativo Independencia – la sala de ensayo de la última dictadura en Tucumán – y que producto de su desempeño “en la lucha antisubversiva” fue distinguido en 1976 con un diploma de honor firmado por el entonces Jefe de la V Brigada de Infantería, el genocida Antonio Domingo Bussi. Esto explica el “guiño” de Ricardo Bussi, hijo del ex represor cuando se solidarizó con Victoria luego su la charla de corte negacionista en el recinto legislativo porteño donde se generaron incidentes con militantes de izquierda.
Además, su tío Ernesto Guillermo Villarruel, fue detenido por orden del Juez Daniel Rafecas en el año 2015 por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como El Vesubio. Pero al igual que el Capitán Giachino, ninguno de los «Virrarruel» respondió jamás ante la Justicia por los delitos que perpetraron en el marco del Terrorismo de Estado.
