La fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, confirmó la presencia de los denunciados en el lugar y comprobó que las facturas de pago del viaje se habían hecho de modo irregular.
Los investigados Julián Ercolini, titular del Juzgado Nac en lo Criminal y Correccional Nro 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal grl. de CABA; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia CABA; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nac. en lo Penal Económico Nro.2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nac. en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Media.
Etchepare es la funcionaria del ministerio público fiscal que en los audios filtrados el fin de semana aparece mencionada por el fiscal general porteño Juan Bautista Mahíques como la persona con la que acordó enviar la causa a Comodoro Py, luego de pedir medidas de prueba que fueran inconducentes para poder cerrar el caso y evitar una investigación por dádivas.
A partir del escándalo, la fiscal no solo pide “investigar un ilícito regalo a los funcionarios” casi dos meses después de haber realizado acciones que le permitieron obtener hasta el registro fílmico del arribo del grupo al aeropuerto de Bariloche, sino que además advierte que los viajeros no pasaron por los controles que realizan todos los pasajeros, sino que fueron retirados por dos camionetas en la zona de la pista de aterrizaje. Además, pudo confirmar la presencia de Jorge Rendo y Pablo Casey, los ejecutivos de Clarín que no figuraban en la planilla de vuelo revelada por el diario Página 12, y que dio origen a la denuncia original por parte del abogado Marcelo Herzriken Velasco.
La fiscal, además, pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de «aceptación de dádivas», a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.
Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.
Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.
El viaje a Lago Escondido
El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.
«Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía», remarca la funcionaria judicial.
En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
«A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo», remarca la fiscal.
Los pedidos de prueba de la fiscal
Etchepare indica que «en cuanto a los pasajeros arribados» a Bariloche ese día «no figura en ninguno de los vuelos el expresidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo».
Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) «la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado».
«Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia», añade.
Y completa: «En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados».
Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.
Por eso para la fiscal, «si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios».
Los participantes de ese encuentro «se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara», dice luego el texto.
«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», afirma Etchepare.
En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.
Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente».
En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.
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La actitud de la CORPO JUDICIAL no puede extrañarle a nadie con un poco de memoria.Son de la misma calaña que en el año 30 LEGALIZO LOS GOLPES DE ESTADO CONTRA GOBIERNOS ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE