En representación del Ejecutivo Nacional estuvo el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
Según informó la UTEP en un comunicado, el secretario general de la organización, Alejandro Gramajo, señaló: “Para nosotros esto representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. El avance del narcotráfico en el territorio argentino, y también la gran tasa de suicidios que aumenta en nuestro país, son productos del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”, relató Gramajo, quién cerró pidiéndole “a la CIDH que visite nuestro país para hacer un informe sobre la grave situación que estamos viviendo y que exhorte al gobierno a cumplir con los fallos judiciales”.
Según el comunicado, Gramajo abrió su presentación repasando los derechos adquiridos por el sector previo a la llegada del nuevo gobierno, como la ley de Emergencia Social, la creación del Salario Social Complementario, y el avance de obras en la integración de barrios populares. Luego realizó una descripción del retroceso en materia de derechos sociales de la economía popular, a partir de que el gobierno de Milei llevó adelante el desacople del Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelando su valor nominal y real, la finalización del pago del monotributo social por parte del Estado, el desfinanciamiento de la política alimentaria respecto de los comedores comunitarias, entre otros aspectos.
El comunicado de la UTEP destacó además que «mientras que el presidente Milei se prepara en Florida para dar un discurso con el objetivo de restablecer relaciones carnales con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades del Ministerio de Capital Humano no se hicieron presentes en la audiencia, reposando su representación en el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien se presentó leyendo un escrito elaborado por el organismo ausente sin responder las preguntas de los comisionados».
La organización informó además que Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, manifestó al gobierno nacional que “los derechos humanos son políticos. Cuando hay desigualdades en la distribución de recursos y muchos quedan afuera, esa es la historia de nuestra región de norte a sur. Por eso, el marco de los derechos humanos indica que los Estados tienen que proteger los derechos y que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es monitorear ese cumplimiento. Y deben ser la voz de los marginados. Por lo tanto no deben recibir ningún tipo de represalias. Deben ser sentados en las mesas de negociaciones”.
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