Es en casos de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y trata de personas.
Según publicaron Infobae y Perfil, las notas que envía la UIF le solicita a los abogados que informen en el plazo de 10 días el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional, así como la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios.
El texto aclara que el pedido está fundado en las facultades que le confiere a la Unidad de Información Financiera la ley 25.246, que le permite «solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento ( ) a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Indica además que no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La medida arrancó con el envió de 20 notas a defensores de procesados por delitos relacionados con el narcotráfico. También notificó el inicio de sumarios por incumplimiento del deber de informar a escribanías que incumplieron con la obligación de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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