La UIF faltó a una audiencia clave de la principal causa de lavado en la Argentina

La Unidad de Información Financiera (UIF), la oficina encargada por ley de «prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo», eludió asistir a la audiencia en la que la Cámara del Crimen porteña confirmó los procesamientos contra los principales directivos del banco multinacional de origen francés BNP Paribas por «asociación ilícita y lavado de dinero agravado».

Unos mil millones de dólares que probablemente precipitaron la crisis de fines de 2001 y principios de 2002.

La UIF depende funcionalmente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Debía estar presente como querellante, en una instancia crucial en la que se debatía cómo ex funcionarios, diplomáticos, sindicalistas, jueces y sus familias están sospechados de haber fugado divisas al exterior. Pero la UIF no fue.

Así quedó asentado en la resolución de la Sala Primera del Tribunal que consignó que a la audiencia en la que se discutió la apelación de los imputados concurrieron las defensas de cada uno de ellos, el ex fiscal antilavado Carlos Gonella y representantes del Banco Central, pero «la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera, notificada, no concurrió al acto».

¿Qué se trataba en esa audiencia, que tuvo lugar el 29 de agosto pasado? La confirmación –o no- de los procesamientos de ejecutivos del BNP que, desde la «clandestinidad» de un piso 25 en un edificio del bajo porteño, están acusados de haber girado al exterior por fuera del circuito legal entre 2001 y 2008 unos mil millones de dólares, que fueron a parar a cuentas en paraísos fiscales, cuyos titulares utilizaron nombres de fantasía. El dinero salía ilegalmente de la Argentina mediante una triangulación hacia cuentas en Curazao y Ginebra, para terminar en las sedes del banco en Luxemburgo y Suiza. Y, por supuesto, «no se habría incluido en las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP la existencia de las cuentas radicadas en el exterior».

«La clandestinidad de la oficina guarda estrecha relación con el sigilo que exige (o es ofrecido) -para ese selecto grupo de clientes- la realización de operaciones no declaradas ante los organismos de contralor fiscal y antilavado de activos de la República Argentina, como así tampoco respecto del Banco Central. Desde esa oficina no declarada se colaboraba activamente en la remisión, administración y repatriación de fondos radicados en el exterior, actividad para que la esa sucursal no estaba autorizada y de la que no llevaba registro alguno», sostiene el fallo, que ratificó los procesamientos para los principales directivos de la entidad bancaria.

«Es relevante la existencia de un selecto grupo de clientes que podía concurrir a las oficinas, con cita previa», explica el fallo, firmado por los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi.

¿Quiénes integraban ese grupo de selectos clientes? El fallo enumera los casos del ex vicecanciller Roberto García Moritán; la actual titular del juzgado de instrucción penal número 15 de la Capital Federal Karina Zucconi; el ex juez de la Cámara Comercial José Luis Monti y su esposa, María Foltyn, secretaria letrada de la Corte Suprema; la ex jefa de departamento del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte María Lucila Vaccaro Madariaga; el ex presidente de la junta asesora permanente para el Personal Superior de Prefectura Naval Rubén Astiasarán; el ex diplomático hasta 2004 Marcelo Castro Escalada; la ex funcionaria de Desarrollo Social y de la Sedronar entre 1994 y 1999 Viviana Fridman; el ex jefe de la AFIP Andrés Vázquez; el ex gremialista aduanero y ex diputado Carlos Sueiro; el ex funcionario y diputado bonaerense hasta 2008 José Antonio Romero. Y siguen los nombres.

Parte de esas causas (la de los jueces Zucconi y Monti, por ejemplo) fueron cerradas con sobreseimientos, pero otras siete, entre ellas las de García Moritán, la ex secretaria de la Corte Vaccaro Madariaga y el sindicalista Sueiro siguen aún «en trámite».

Para la Cámara, está probado que en la filial argentina del BNP Paribas funcionaba una cueva destinada a fugar capitales al exterior, con todo lo que ello implica hasta en materia de evasión tributaria. Prueba de ello, dijeron los jueces, es «la vasta cantidad de archivos, mails, folletería, formularios, planillas y demás documentos» que fueron secuestrados en allanamientos durante la investigación. «Si la oficina se dedicaba al análisis de mercado e información de inversiones para otras subsidiarias o sucursales dentro del grupo, no debería haberse hallado entre los archivos informáticos toda la papelería impresa que contienen, por ejemplo, formularios para la reserva y apertura de números de cuenta… ¿qué sentido tiene que toda la oficina reciba un archivo con explicaciones sobre el perfil que se necesita para abrir una cuenta con la particularidad de que esta información no quede registrada», se preguntaron los camaristas.

La respuesta la encontraron en un mail del asesor financiero y jefe de la oficina clandestina del Paribas, Alexis Quirot de Poligny, a uno de los operadores de las cuentas en el exterior: «El dinero que le está enviando, pareciera que no está declarado ante las autoridades fiscales argentinas, por lo que por favor, no sea demasiado preciso por teléfono, es común intervenir líneas telefónicas para escuchar y controlar personas importantes en Argentina.»

El fallo explica que «la documentación era codificada y que a las cuentas se les colocaba un nombre distinto o de fantasía, para lo cual se había dispuesto un registro que pudiese ser completado a computadora, pero sin que quedase constancia de ello». «

Un querellante que no emplea esa función

Randy Stagnaro

La decisión de la UIF de no concurrir a la audiencia del 29 de agosto por el caso BNP Paribás contrasta con las declaraciones de los funcionarios que integran ese organismo en las que destacan la importancia de poder actuar como querellantes en causas de lavado de dinero. «La ley nos permite ser querellantes. Esa atribución hace que podamos ir tras los bienes del crimen organizado», dijo el viernes pasado María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF.

La funcionaria participó de un encuentro organizado por ASAP en el que se debatieron las implicancias que provoca en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y lucha contra la corrupción un acercamiento de la Argentina a la OCDE.

Consultada por Tiempo sobre el actual rol de la UIF, la funcionaria aseguró que «existía una superposición de funciones entre la UIF, la AFIP y otros organismos. Nosotros queremos concentrarnos en la corrupción a gran escala y en la actividad del narcotráfico. Para el delito tributario hay otros organismos que ya están actuando». Agregó que «se trata de priorizar y orientar las herramientas existentes».

Talerico criticó duramente a la gestión anterior de la UIF y detalló que se habían roto los flujos de información con el organismo similar de Estados Unidos por lo que llamó «una filtración que provocó gran revuelo». Al respecto, señaló que una reciente resolución que salió a la luz el jueves pasado apuntaba a «recuperar la confianza internacional en nosotros». Concretamente, la Resolución 135/2016 impone límites y trabas a la circulación de información proveniente del exterior. El texto apunta en particular al Poder Judicial, el que no podrá contar con los reportes de inteligencia completos del exterior. Los jueces sólo recibirán indicaciones acerca del contenido.

Flexibilizan el blanqueo

A poco más de una semana del cierre del plazo, el gobierno flexibilizó las normas para sumarse al blanqueo de capitales, que vence el lunes 31. En primer lugar, extendió hasta el 21 de noviembre la fecha tope para depositar el dinero a sincerar, aunque manteniendo la obligación de completar los trámites en la página de la AFIP y abrir la cuenta especial en el banco antes del cierre de este mes. En segundo lugar, la AFIP instruyó a los bancos para que no exijan a sus clientes declaraciones juradas donde conste el origen de los fondos a blanquear. Muchas entidades financieras lo imponían como requisito para cubrirse de las penalidades que impone la Ley 25.246, que obliga a informar cualquier operación sospechosa. «Las entidades bancarias no deben exigir las declaraciones juradas para la apertura de la cuenta especial ni tampoco para ningún trámite», señaló el titular de la AFIP, Alberto Abad. El funcionario también dijo que se emitirá una resolución en ese sentido, la que hasta el cierre de esta edición no se había conocido. El régimen de sinceramiento fiscal que aprobó el Congreso establece que los contribuyentes que declaren sus tenencias y dinero y bienes están alcanzados por el secreto fiscal. Sin embargo, muchos bancos pedían aclarar el origen de esos fondos para lanzar, en los casos en que correspondía, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y deslindar su responsabilidad. María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF (Unidad de Información Financiera), le dijo a Tiempo que «el ROS es un simple alerta del sistema de combate del lavado de dinero. Teníamos una UIF que se enfocaba en lo formal y que estaba colapsada por el ingreso constante de ROS de baja calidad. Queremos cambiar esta forma de hacer las cosas y esperamos que los sujetos obligados (bancos, contadores, compañías de seguros) sólo nos comuniquen los ROS que ellos vean que salen de sus parámetros de control». A ocho días del plazo límite, nadie arriesga a decir si el blanqueo (con el que el gobierno espera actualizar las jubilaciones mal liquidadas o en litigio y aliviar el déficit fiscal) será un éxito o no. En las últimas horas, el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, calculó que «esta semana se duplicaron las cuentas abiertas en los bancos». Pero para conocer los números habrá que esperar a fin de mes.