El fallo con el que el máximo tribunal dejó firme una condena contra la dirigente social jujeña Milagro Sala, presa desde hace más de cinco años, trasunta en la entrelínea parte de esa evaluación peyorativa hacia los abogados. La resolución argumenta para el rechazo, entre otras razones, que la extensión del último recurso presentado superó el límite permitido de 40 páginas (tenía 52) y que la defensa se olvidó de adjuntar una fotocopia.
Al menos en el caso de Milagro Sala la Corte dio una explicación. Mínima, pero explicación al fin. Al confirmar la condena contra Amado Boudou, ni siquiera eso.
Los jueces de la Corte, que se reúnen por Zoom (desde que empezó la pandemia solo lo hicieron de manera presencial por el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), catalogaron el fallo sobre Milagro Sala como “APB” (“a prueba de boludos”). Más allá de las rencillas e inquinas personales, que siguen existiendo en el tribunal, los jueces cerraron filas y ese mensaje de abroquelamiento llegó a las demás instancias.
La decisión de la Cámara Federal de Casación de quitarle la investigación por espionaje político durante el gobierno de Cambiemos al prolijito juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y enviarla a Comodoro Py es otra polaroid sobre cómo los jueces se sienten fuertes y, nuevamente, dueños del centro del ring.
Tiempo documentó en agosto pasado que la jueza María Eugenia Capuchetti, quien quedó a cargo de la investigación tras el fallo de Casación, visitó a la entonces subdirectora de la AFI Silvia Majdalani el 19 de marzo de 2018 a las 16:35; 16 de abril entre las 14:20 y las 16:20; el 25 de abril entre las 13:38 y las 15:30; el 6 de julio entre las 13:26 y las 14:17; y el 4 de septiembre entre las 12:50 y las 14:32. También visitó el 3 de octubre al titular de la AFI, Gustavo Arribas. Luego fue designada jueza.
Ahora, Casación le ordenó que investigue a ambos. A Arribas y a Majdalani. Y que lo haga en compañía del fiscal federal Carlos Stornelli.
La situación es escandalosa. Pero salvo Cristina Fernández de Kirchner, quien ya anunció que apelará la medida a través de su abogado, Carlos Alberto Beraldi, y un puñadito de voces más, las reacciones son extremadamente tibias.
El avance del Poder Judicial sobre las cuestiones políticas, la resurrección del lawfare (si es que alguna vez estuvo muerto) y el condicionamiento en tono de amenaza que llega al gobierno desde los tribunales están a la vista.
¿Qué respuestas hay del otro lado? Ninguna. Peor aun: el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue designado magistrado federal de La Plata con competencia electoral porque le sobran los méritos para ello. Sale primero o segundo en cada concurso que se presenta, conoce el derecho como pocos y es ecuánime como menos aun. En comparación con algunos mamarrachos que desfilan por la Justicia federal porteña es Ulpiano, el jurista romano padre de lo que hoy se conoce conceptualmente como “justicia”. Sin embargo, al gobierno le llueven críticas por haber elegido a un “juez militante”. Las críticas provienen de los mismos sectores que consideraban que Claudio Bonadio era un juez justo.
Ante un rival que hace trampas, que acomoda a su antojo el reglamento, comete foules traicioneros que no son sancionados, hace goles con la mano o en off-side y, cuando aun así el partido se complica, tiene al referí incondicionalmente de su lado para convalidar cualquier tropelía, la estrategia del oficialismo sigue siendo el reglamentarismo y el respeto por las formas.
Esa exageración casi caricaturizada de alfonsinismo insinúa un final parecido. Aquel prohombre que pudo ser el Churchill vernáculo se fue del gobierno anticipadamente y en medio de una feroz crisis social causada por el poder real. El mismo que ahora, otra vez, está al acecho. Y comienza a oler sangre.
Acaso haya que recurrir a la poesía serratiana para comprender qué está pasando: “Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra”. «
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