Argentina está a un paso de tener por primera vez una ley de financiamiento para el sector científico y tecnológico. El proyecto, que fue aprobado el jueves en Diputados, se espera que se trate junto a otras iniciativas la semana que viene en la segunda sesión extraordinaria del Senado de la Nación. 

El texto, que unifica letra de la diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos) y José Luis Riccardo (UCR), declara de interés nacional el “Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación” en la Argentina. En ese sentido, propone un aumento del presupuesto del 1% de manera escalonada hasta 2032. 

Los fondos servirán para federalizar el sistema científico, incrementar la infraestructura y equipamiento, generar nuevos empleos de calidad y promover la formación de profesionales. La iniciativa tuvo dictamen de mayoría el miércoles en una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Ciencia y Tecnología.  Allí, todos los bloques manifestaron su respaldo y celebraron su pronto tratamiento al considerar que es una ley que “viene a revalorizar al sector, a dar independencia y soberanía”.  El proyecto incorpora perspectiva de género y establece que el Jefe de Gabinete deberá remitir un informe anual respecto de la ejecución del presupuesto al Congreso de la Nación. 

En campaña, Alberto Fernández prometió al asumir que el suyo sería el gobierno de los científicos y científicas teniendo en cuenta que en los cuatro años de la administración de Cambiemos representada por Mauricio Macri, el sector tuvo recortes económicos y se había bajado el rango ministerial al de Secretaría. Con esta ley se pretende cuadruplicar el presupuesto, este año se invertirán alrededor de mil millones de dólares en el sector y en 2032 se prevé que sean 4 mil millones de dólares con impacto directo en más de 17 organismos en un país donde el 80% de las investigaciones son financiadas por el sector público. 

También estarán incluidas en el temario de la sesión otras dos iniciativas que cuentan con dictamen favorable y con la aprobación de Diputados. Una es la que propone un beneficio económico extraordinario por única vez que no será obligatorio a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Según dice el texto, elaborado por el Ministerio de Defensa que comanda Agustín Rossi, el monto será una remuneración por única vez equivalente al sueldo de los agentes de nivel A, grado 0, del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100. Esa cifra son unos 6.6 millones para los familiares directos de cada víctima (hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes). Y la otra, propone un régimen destinado a promover las nuevas inversiones en la construcción de obras privadas nuevas a través de incentivos y beneficios impositivos.  En diputados se unificó en el texto presentado en octubre pasado por el Ministro de Economía Martín Guzmán la intención del Ministerio de Hábitat de agilizar la culminación de 55 mil viviendas en el país. 

El proyecto establece una exención en el Impuesto sobre los Bienes Personales del valor de las inversiones en construcción de obras privadas nuevas realizadas hasta el 31/12/2022, inclusive. Y la posibilidad de computarse como pago a cuenta del impuesto el 1% del valor de las inversiones en construcción. También se exime durante dos años el pago de impuesto a los activos que se destinen a construcciones nuevas. 

Por último, se incluirá el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores, que quedó pendiente tras haber tenido dictamen de la Comisión de Presupuesto la primera semana de febrero.  

El pacto, que no suscribieron Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Sergio Ziolotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saa (San Luis), propone extender por un año la suspensión de la baja gradual de ingresos brutos. También las disposiciones sobre los impuestos a inmuebles, sellos y otros tributos sub nacionales para dar alivio a las arcas fiscales. A cambio le pide a las provincias no endeudarse en dólares y no litigar por un año contra el Estado Nacional.