La «patria contratista» de Posse acumula denuncias pero jamás pisó Tribunales

No toda la patria contratista beneficiada por el Estado cayó en desgracia. Hay muchos empresarios que a pesar de haber sido mencionados en varias causas judiciales, jamás pisaron un juzgado. Es el caso del arquitecto Fernando Adrián Romero, amigo de la infancia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien llegó a ser un funcionario clave del municipio y logró dar el salto a la actividad privada cuando los negocios ya no podían ocultarse, según se desprende de tres causas judiciales a las que Tiempo tuvo acceso. Hoy, el hombre, considerado la sombra del dirigente radical, es un gran agente inmobiliario de zona norte, cuyos tentáculos llegan a Uruguay y Estados Unidos.

San Isidro es un distrito del norte del Conurbano de fuerte impronta radical, donde la familia Posse se mantiene en el poder –salvo una breve interrupción– desde hace 60 años (Ver aparte). El clan supo coincidir con gobiernos nacionales de diferentes espacios. Por haber sido parte de la denominada transversalidad que acompañó al kirchnerismo, el partido fue ampliamente recompensado. Se estima que sólo entre 2005 y 2007, la comuna licitó obras por 410 millones de pesos en el marco del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas.

La punta del ovillo

El Proyecto Nº 48 «San Isidro I» planteaba cambiarle la cara al Barrio Martín y Omar. Sin embargo, fue una gran estafa para los vecinos más vulnerables de las inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Avenida Del Fomentista, de acuerdo a las graves acusaciones de la concejala opositora Marcela Durrieu; el expresidente del Concejo Deliberante Carlos Castellano; y un abogado y exfuncionario municipal, Augusto Cornes. Todos aseguraron en diferentes denuncias que la plana mayor municipal y varios empresarios –haciendo hincapié en Romero– estaban involucrados en supuestas maniobras fraudulentas vinculadas con la obra pública.

La Licitación Nº 7/2006 contemplaba un presupuesto de 15.195.450 pesos para la construcción de 250 viviendas en un plazo de 12 meses. La obra comenzó el 17 de octubre de 2006 y recién el 10 de marzo de 2011 se solicitó ampliar los plazos a 63 meses. En el medio, se agregaron significativos montos, alcanzando un total de 37.682.054 pesos; pero apenas se construyeron 43 de las 250 viviendas proyectadas.

Según el análisis que consta en la causa impulsada por Durrieu, a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello y el juez Sebastián Ramos, sólo se completó un 17% de las obras a pesar de que las empresas cobraron el 100% de los trabajos. La estafa se calculó en unos 31.050.012 pesos.

La obra fue adjudicada a EMACO SA, que luego se la cedió a Construcciones Ecológicas SA (CESA), que a su vez, se la cedió Inelco SA. Si bien no se cumplieron los plazos ni los trabajos comprometidos, ninguna de las firmas fue sancionada. Vale decir que Nación giraba el dinero a medida que las empresas presentaban los correspondientes certificados. «Lo que permite sospechar lenidad o algún nivel de connivencia del municipio o el inspector de obra con las empresas involucradas», destacó la concejala del Frente Renovador.

La supervisión de las obras corría por cuenta del municipio y estaba tercerizada. A través de un decreto de Posse, parte de este trabajo fue realizado por Soluciones Urbanas SRL, cuyo paquete accionario pertenecía en un 90% al ingeniero Marcelo Nayem. Poco después, este empresario se deshizo de la firma y empezó a presidir Baunnion SA y posteriormente Construcciones Ecológicas SA (CESA). Es decir, que se encargó de controlar los avances de las obras que en un futuro próximo nunca haría.

Al día de hoy, según una inspección ocular ordenada por la justicia, en la zona conviven algunas casas precarias de chapa y madera con la mayoría de las calles de tierra y sin veredas. Como si fuera poco, las escasas 43 viviendas que se construyeron no cumplen con las mínimas normas de seguridad y muchas de ellas tienen riesgo de derrumbe.

El hombre con ventaja

El arquitecto Fernando «El Gallego» Romero es un prominente hombre de negocios en el continente americano y hay quienes sospechan que sus logros fueron a merced de su paso como subsecretario de Obras Públicas de San Isidro. En el juzgado de Sandra Arroyo Salgado se encuentra una denuncia que se cocina a fuego pelusa que es por demás curiosa y sirve para ilustrar su rápido ascenso.

El denunciante es un exempleado de 35 años de antigüedad en la dirección de Catastro del municipio del que se jubiló en 2017. Se trata del abogado Augusto Horacio Cornes, quien acusó formalmente a Posse y a Romero, entre otros funcionarios, de asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada. Cornes precisó que Romero, «de condición económica humilde y amigo de la juventud del intendente, puenteaba exprofeso el área profesional de Catastro municipal» y dio un dato revelador respecto del Barrio Martín y Omar: «Nunca se aprobó en la dirección de Geodesia una sola mensura relacionada con el tema, jamás se regularizó el dominio para los futuros beneficiarios de la vivienda social, se omitió el marcado de calles, era evidente que Romero sólo tenía la finalidad de mantener el proyecto al unísono para tener el poder discrecional a fin de tener la organización en beneficio personal en menoscabo de un bien público como lo son las viviendas sociales».

El exfuncionario describió que a los supuestos integrantes de la asociación ilícita «les resultaba molesta cualquier intervención del personal de carrera» a la hora de controlar los trabajos del Plan Federal de Viviendas, ya que «nunca se jugarían con una certificación apócrifa».

Cornes cree que a Romero todo se le fue de las manos cuando en San Isidro comenzó a rumorearse que era el socio económico de Posse y cuando trascendieron sus negocios en Uruguay. Por eso, a principios de 2009, El Gallego pudo sostener más el doble juego y renunció con la excusa de dedicarse a la presidencia de la Fundación Weitz Center Internacional (WCI) en Argentina.

Sospechosos y testaferros

El fiscal Di Lello le pidió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que elaboró un «informe reticular», clave para establecer las relaciones entre los sospechosos y sus posibles testaferros. Pero el estudio por el momento no fue considerado por el juez Ramos. Los investigadores también aportaron los historiales de las empresas cuestionadas y de los fideicomisos, según figuran en el Boletín Oficial.

Del entrecruzamiento de estos documentos surge que las siguientes empresas fueron identificadas por contar en sus directorios con familiares directos o personas vinculadas con los sospechosos: CPI Obras Civiles SA que luego se convirtió en CESA Comercial SA; Construcciones del Pilar SRL que se trasformó en Syrah Global SA; Construcciones Ecológicas SA; Urroz Hermanos SA que pasó a llamarse Ecologías SA y luego Syrah Argentina SA; Baunnion SRL que en el 2009 pasó a ser Sociedad Anónima y tres años más tarde, se convirtió en Syrah Constructora e Inmobiliaria SA. Romero pasó por los directorios de todas estas empresas y en la mayoría sigue a cargo.

De acuerdo a los tres denunciantes mencionados (Ver el caso de Castellano aparte), a través de estas empresas se desviaban fondos y así se crearon una serie de fideicomisos llevados adelante por el Grupo Syrah. Los investigadores pudieron dar cuenta que entre 2004 y 2017, el emporio construyó 15 edificios o condominios en San Isidro; dos en San Fernando; uno en Vicente López y otro en Morón.

Además, las pesquisas establecieron que la empresa Syrah realizó nueve edificios más en San Isidro. También ofrece dos propiedades en Pilar, otra en San Isidro y una más en Palermo. En cuanto al exterior, el Grupo ofrece cuatro proyectos en Punta del Este (Uruguay), dos en Asunción (Paraguay), uno en Miami (Estados Unidos) y otro en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). «

Los Posse, «barones» del Conurbano

San Isidro es una isla particular del Conurbano. Un feudo que desde hace 60 años -salvo entre 1966 y 1983–  tiene un apellido fuerte en el poder: Posse. El médico Melchor fue intendente de 1958 a 1966 y de 1983 a 1999. El correligionario ocupó varios cargos partidarios de importancia bajo el ala de la Unión Cívica Radical Intransigente y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Fue parte de la Alianza donde llegó a ser el candidato a vicegobernador de Graciela Fernández Meijide y se amoldó a los vaivenes del peronismo, por ejemplo, cuando en 2001 acompañó a la fórmula del puntano Adolfo Rodríguez Saá a la presidencia.

El hijo de Melchor, Gustavo, luego de dirigir diferentes áreas en el municipio, se hizo cargo del distrito desde 1999 hasta el día de hoy. Asumió por primera vez con el Frente por San Isidro, poco después conformó Acción Vecinal San Isidro es Distinto y consiguió holgados triunfos con la lista corta, aunque también entendió que debía aliarse circunstancialmente con otros líderes: lo hizo con el kirchnerismo, el massismo y el macrismo.

El exsocio se toma revancha

Castellano era los ojos y las manos ejecutoras de Gustavo Posse en el Concejo Deliberante, hasta que a fines de mayo del año pasado el intendente decidió que su socio en el recinto había cumplido su ciclo y lo corrió de la presidencia. Meses más tarde, Castellano se acopló a la denuncia que tramita en el juzgado de Arroyo Salgado con duras acusaciones hacia quien fuera su líder político. Aseguró que «podría ser víctima del delito de espionaje informático y telefónico» por parte de «estructuras de inteligencia que funcionarían dentro del gobierno municipal y que serían financiadas tanto con recursos municipales como privados vinculados al sistema de proveedores del municipio».

Además, el excolaborador del intendente presentó a la Justicia una serie de mails anónimos que recibió en su correo electrónico, los cuales van en la misma línea que la denuncia de Durrieu y Cornes: que Romero y Posse eran socios y ambos habían utilizado al Grupo Syrah con el fin de lavar y blanquear «esa guita sucia que recibieron de la obra pública y de otros negocios del municipio».