Unión por la Patria presidió la comisión en la que referentes del sector denunciaron las medidas por vulnerar derechos. Cifras concretas del recorte en un área sensible.
Durante el encuentro, presidido por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, expusieron referentes de asociaciones de personas con discapacidad, organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Como presidente de la comisión, Arroyo señaló que “este decreto vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no respeta su definición y vuelve a los años 90 estableciendo que sólo se otorgarán pensiones por invalidez laboral del 66% y en condición de subsistencia”.
“No respeta los derechos al nivel adecuado de vida, a la protección social, a la salud, a la habilitación y a la rehabilitación de las personas con discapacidad. Tampoco respeta el derecho al trabajo de las personas con discapacidad”, agregó.
Y es que el pasado 20 de septiembre el gobierno publicó el DNU 843/2024, que determinó mayores restricciones de los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez. Al mismo tiempo, en el Presupuesto Nacional 2025, el ítem “Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa” registra una retracción en términos reales del 40% respecto del año en curso y del 52,6% si se lo compara con el 2023.
En ese contexto, Amalia Gamio del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU recordó que la Convención es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratificaron”, y señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud, eso es un terrible retroceso”.
Gamio indicó que en 91 países y territorios de ocho regiones geográficas la relación entre empleo y población de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 36% de media, mientras el de las personas sin discapacidades del 60%. “La situación es peor para las mujeres con discapacidad, ya que la relación empleo y población de estas mujeres con discapacidad es inferior a lo de los hombres con discapacidad y también tienen menos acceso a servicios públicos”.
“Las personas con discapacidad han sido sujetas a grandes inequidades, son más propensas a sufrir pobreza y malnutrición. Tienen menos oportunidades de recibir educación. La brecha con niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación es un gran reto 93 millones de niños con discapacidad son los que tiene posibilidad de quedarse atrás. Tienen menos oportunidades de tener empleo y la situación para la mujer es peor”, alertó.
En tanto, la Coordinadora del Programa De Derechos de las Personas con Discapacidad, Belén Arcucci, informó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39%. Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”.
“Acumulan una caída del 47% comparando los recursos ejecutados en 2023 y sería el presupuesto más bajo asignado a este programa desde 2018”, criticó y sumó: “La información presupuestaria refleja una caída del 15% en la cantidad de pensiones que se proyectan otorgar comparadas con las que se dieron actualmente”.
Arcucci finalizó: “El 73,75% del presupuesto total de ANDIS, la caída de recursos de este programa explica la caída del 30,5% de los recursos proyectados para el 2025 en el organismo. Los recursos para el programa de atención médica aumentan un 15,85%”.
Por parte de la Defensoría del Pueblo, Livia Ritondo brindó unos datos sobre como impacta la situación en la Capital Federal: “El monto de una pensión contributiva equivale al 70% de una jubilación mínima, un poco más de 241 mil pesos que resultan insuficientes para cubrir la necesidad de una persona, más de una familia”. “El contexto del país indica que el 53% de la población vive bajo la línea de pobreza”, indicó al tiempo que sostuvo que “la autonomía de una persona con discapacidad se ve avasallada al condicionar su acceso a una pensión no contributiva”.
Entre los expositores participaron representantes del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Jujuy.
También, referentes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ACIJ, CELS, APDH, Universidad de José C. Paz, Asociación Angelito. FEDEDIS, Asociación para la Recuperación e Inclusión de las Personas con Discapacidad y del Centro Integrador Amuyen de Villa Mercedes (San Luis).
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