Luego de sesión mixta de este miércoles en el Senado, donde el oficialismo aprobó la creación de una comisión bicameral para investigar el caso Vicentin, los representantes de Juntos por el Cambio buscarán incrementar los antagonismos con el Frente de Todos dentro de las dos cámaras del Congreso. Desde sus bancas y sillones virtuales, apuntarán a capitalizar un fenómeno que, tanto macristas como radicales, han resuelto bautizar como «una oportunidad inesperada que marca el acelerado deterioro de la gestión del presidente Alberto Fernández». Dentro de las próximas dos semanas no podrán hacerlo con los sistemas remotos para sesionar, porque desde este jueves los dos recintos del Congreso entrarán en un sutil receso de actividades mientras dure la nueve extensión y endurecimiento de la cuarentena.
Hasta que retomen la dinámica parlamentaria, los artilleros opositores apuntarán a capitalizar los costos políticos que paga la Casa Rosada desde que Fernández anunció la expropiación de la agroexportadora hace dos semanas. El anuncio pareció exhibir la audacia presidencial para construir una agenda alternativa, frente a una coyuntura que está signada, hace cien días, por el avance de la pandemia y los esfuerzos para controlarla.
El banderazo de este sábado, organizado por espacios muy cercanos a Cambiemos, terminó de confirmarle a los observadores de la oposición que la idea de expropiar esa empresa iba a ser desechada por el Gobierno. Así como tratarán de aprovechar el tiempo que resta hasta que suceda, también tienen otro pronóstico. Cuando analizan los movimientos del juez de la localidad de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tiene en sus manos el concurso de acreedores de la firma por 1.450 millones de dólares, creen que podría dejar alguna ventana para que avance la propuesta que impulsa el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y sacar a Fernández del desgaste.
El magistrado abrió este miércoles un expediente paralelo para analizar la iniciativa presentada por la Inspección General de Justicia provincial. Hasta que lo resuelva mantendrá al directorio de la empresa que repuso el viernes pasado, con su ceo, Sergio Nardelli, al frente. El PRO estuvo a un paso de celebrar la decisión, pero los diputados que siguen el caso saben que ese estado litoraleño tiene chances de construir un puente para que la intervención que designó la Nación pueda ejercer su poder. Para que se confirme esa hipótesis deberán pasar las próximas dos semanas de cuarentena.
Con la oposición sin margen para terciar en el Congreso, el expediente que tiene Lorenzini será materia de máxima atención, porque allí se definirá si el Gobierno logra reconducir el fallido plan de la intervención provisoria o si deberá exhumar el plan de expropiar la empresa, con el envío de un proyecto de ley que ingresaría por el Senado.
«Hay que ver con qué país nos encontramos dentro de dos semanas», ironizó un destacado radical de la Cámara baja para transmitir el escenario sombrío que pronostican dentro de Juntos por el Cambio. En esas lecturas, que también se pueden escuchar en el Senado, hay más deseos que realidades, pero hay una perspectiva unánime en el conglomerado opositor: la decisión de expropiar Vicentin no ponderó las percepciones críticas de las poblaciones rurales del interior santafesino sobre una medida de este tipo y ampliaron la brecha que las separa del peronismo en el poder, domiciliado en la capital.
Ese error de percepción del oficialismo es leído como una gran oportunidad para la oposición, y la polarización en torno a Vicentin permite superar las batallas internas dentro de la alianza Cambiemos. Dentro de la coalición del Frente de Todos, el banderazo del domingo volvió a sacar a la calle a los núcleos duros más criticos e ideologizados que tiene Cambiemos, pero también confirmó una presunción que sus estrategas elaboran hace meses: «Macri no tiene chances de regresar a la política con éxito, pero el macrismo y la coalición que lo contiene están lejos de transformarse en un mal recuerdo», confió a Tiempo uno de los observadores que interviene en esa línea de trabajo.
El hito que terminó de cristalizar esas expresiones es la expropiación de Vicentin. Quizás por eso la oposición prefiere que el juez Lorenzini haga naufragar el plan que presentó Perotti y que Fernández se vea obligado a redoblar el intento de expropiar a la firma.
Entre los deseos húmedos de Juntos por el Cambio (a siete meses de dejar el poder) y los debates más duros que afronta la militancia del peronismo sobre el caso Vicentin, la pieza que podría desequilibrar el tablero gira en torno a las investigaciones penales que tramita la Justicia por la presunta triangulación de los préstamos recibidos del Banco Nación y la estridencia que pueda lograr la bicameral que el oficialismo votó en el Senado, aunque todavía le queda un escarpado camino en Diputados para que pueda funcionar.
Las negociaciones también comenzarán dentro de dos semanas, cuando el expediente paralelo que abrió Lorenzini arroje más definiciones procesales que especulaciones periodísticas.
Hasta que suceda, el fuego opositor acusará al Gobierno de ánimos de venganza, para mantener en pie el paralelismo con el conflicto de 2008 con los agroexportadores por el aumento de las retenciones. También de autoritarismo, como hicieron este miércoles por la noche, luego de la creación de la bicameral. El bloque se senadores de Juntos por el Cambio consideró que luego de la votación, el oficialismo hizo «un apagón de micrófonos” porque en el final de la sesión CFK consideró que el bloque ya se había expresado.
La decisión derivó en otro anticipo del arsenal que cocinan los senadores opositores. «Condiciones como estas tornan imposible sesionar en un clima de racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación”, sostuvieron en un comunicado. Dentro de dos semanas, cuando el recinto vuelva a ser convocado, recordarán que “el sistema de sesiones virtuales fracasó” y reiterarán que la creación de bicameral “no reunió los dos tercios necesarios, como lo establecen los artículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara”. Un tema que no advirtieron cuando fueron creados organismos similares, como la que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan y la que indaga sobre la deuda externa.
Hasta que retomen la dinámica parlamentaria, los artilleros opositores apuntarán a capitalizar los costos políticos que paga la Casa Rosada desde que Fernández anunció la expropiación de la agroexportadora hace dos semanas. El anuncio pareció exhibir la audacia presidencial para construir una agenda alternativa, frente a una coyuntura que está signada, hace cien días, por el avance de la pandemia y los esfuerzos para controlarla.
El banderazo de este sábado, organizado por espacios muy cercanos a Cambiemos, terminó de confirmarle a los observadores de la oposición que la idea de expropiar esa empresa iba a ser desechada por el Gobierno. Así como tratarán de aprovechar el tiempo que resta hasta que suceda, también tienen otro pronóstico. Cuando analizan los movimientos del juez de la localidad de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tiene en sus manos el concurso de acreedores de la firma por 1.450 millones de dólares, creen que podría dejar alguna ventana para que avance la propuesta que impulsa el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y sacar a Fernández del desgaste.
El magistrado abrió este miércoles un expediente paralelo para analizar la iniciativa presentada por la Inspección General de Justicia provincial. Hasta que lo resuelva mantendrá al directorio de la empresa que repuso el viernes pasado, con su ceo, Sergio Nardelli, al frente. El PRO estuvo a un paso de celebrar la decisión, pero los diputados que siguen el caso saben que ese estado litoraleño tiene chances de construir un puente para que la intervención que designó la Nación pueda ejercer su poder. Para que se confirme esa hipótesis deberán pasar las próximas dos semanas de cuarentena.
Con la oposición sin margen para terciar en el Congreso, el expediente que tiene Lorenzini será materia de máxima atención, porque allí se definirá si el Gobierno logra reconducir el fallido plan de la intervención provisoria o si deberá exhumar el plan de expropiar la empresa, con el envío de un proyecto de ley que ingresaría por el Senado.
«Hay que ver con qué país nos encontramos dentro de dos semanas», ironizó un destacado radical de la Cámara baja para transmitir el escenario sombrío que pronostican dentro de Juntos por el Cambio. En esas lecturas, que también se pueden escuchar en el Senado, hay más deseos que realidades, pero hay una perspectiva unánime en el conglomerado opositor: la decisión de expropiar Vicentin no ponderó las percepciones críticas de las poblaciones rurales del interior santafesino sobre una medida de este tipo y ampliaron la brecha que las separa del peronismo en el poder, domiciliado en la capital.
Ese error de percepción del oficialismo es leído como una gran oportunidad para la oposición, y la polarización en torno a Vicentin permite superar las batallas internas dentro de la alianza Cambiemos. Dentro de la coalición del Frente de Todos, el banderazo del domingo volvió a sacar a la calle a los núcleos duros más criticos e ideologizados que tiene Cambiemos, pero también confirmó una presunción que sus estrategas elaboran hace meses: «Macri no tiene chances de regresar a la política con éxito, pero el macrismo y la coalición que lo contiene están lejos de transformarse en un mal recuerdo», confió a Tiempo uno de los observadores que interviene en esa línea de trabajo.
El hito que terminó de cristalizar esas expresiones es la expropiación de Vicentin. Quizás por eso la oposición prefiere que el juez Lorenzini haga naufragar el plan que presentó Perotti y que Fernández se vea obligado a redoblar el intento de expropiar a la firma.
Entre los deseos húmedos de Juntos por el Cambio (a siete meses de dejar el poder) y los debates más duros que afronta la militancia del peronismo sobre el caso Vicentin, la pieza que podría desequilibrar el tablero gira en torno a las investigaciones penales que tramita la Justicia por la presunta triangulación de los préstamos recibidos del Banco Nación y la estridencia que pueda lograr la bicameral que el oficialismo votó en el Senado, aunque todavía le queda un escarpado camino en Diputados para que pueda funcionar.
Las negociaciones también comenzarán dentro de dos semanas, cuando el expediente paralelo que abrió Lorenzini arroje más definiciones procesales que especulaciones periodísticas.
Hasta que suceda, el fuego opositor acusará al Gobierno de ánimos de venganza, para mantener en pie el paralelismo con el conflicto de 2008 con los agroexportadores por el aumento de las retenciones. También de autoritarismo, como hicieron este miércoles por la noche, luego de la creación de la bicameral. El bloque se senadores de Juntos por el Cambio consideró que luego de la votación, el oficialismo hizo «un apagón de micrófonos” porque en el final de la sesión CFK consideró que el bloque ya se había expresado.
La decisión derivó en otro anticipo del arsenal que cocinan los senadores opositores. «Condiciones como estas tornan imposible sesionar en un clima de racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación”, sostuvieron en un comunicado. Dentro de dos semanas, cuando el recinto vuelva a ser convocado, recordarán que “el sistema de sesiones virtuales fracasó” y reiterarán que la creación de bicameral “no reunió los dos tercios necesarios, como lo establecen los artículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara”. Un tema que no advirtieron cuando fueron creados organismos similares, como la que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan y la que indaga sobre la deuda externa.
