La acusación se realizó a instancias de un informe de la Inspección General de Justicia que detectó “operaciones ruinosas” para socios presuntamente inexistentes y simulación de sociedades cuyo único dueño era el ex presidente.
Todo eso, según la denuncia, ocurrió mientras al patrimonio de Macri estaba supuestamente a resguardo en un fideicomiso ciego, durante su gestión como jefe del Estado.
La denuncia alude a “irregularidades en relación al Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración, suscripto el 12 de abril de 2016, con la sociedad Seguridad Fiduciaria SA, por el ex presidente Macri”.
Las maniobras descriptas en la denuncia podrían llegar, incluso, al lavado de activos, ya que le imputan al ex presidente “la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio”.
Esa descripción se ajusta al delito de lavado y es, por ejemplo, coincidente con la que aplicó un tribunal oral federal para condenar a prisión al empresario Lázaro Báez.
Una empresa agropecuaria amplió su capital sin informarlo a la IGJ y diversificó sus actividades, pero la titularidad de un importante paquete accionario no quedó registrada y cuando se conoció, no aparecían sus dueños.
La denuncia sostiene que “la incógnita se disiparía el día en que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, suscribió en calidad de fiduciante el Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración y le cedió a los fines de su administración la cantidad de 5.064.938 acciones preferidas” de esa empresa agropecuaria.
Allí, según la denuncia, radica parte del ocultamiento patrimonial.
Macri “era un socio parcialmente oculto, en tanto sólo daba a publicidad y cumplía con las obligaciones legales respecto de una parte de su tenencia accionaria”.
En 2015, año en que asumió la presidencia, Macri –insiste la denuncia- falseó los datos consignados en su declaración jurada del año 2015, en la que informó una tenencia accionaria en la sociedad Agro GSA “correspondiente al 14.70% del capital social” cuando, en rigor, poseía al menos el 20 por ciento.
Además, “habría adquirido 45 acciones de la firma Molino Arrocero Rio Guayquiraró S.A. que no incluyó entre los bienes fideicometidos entregados al Fideicomiso, repitiendo la retención para sí que ya había consumado con las 150 acciones de Agro G S.A. que tampoco cedió al mencionado Fideicomiso”, añade la denuncia.
El texto, que disparó una causa judicial a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Ramiro González, habla de “una transferencia multimillonaria de activos a Mauricio Macri”.
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