La Unidad Fiscal de DDHH de Bahía Blanca solicitó la ampliación de la indagatoria y su procesamiento luego de la aparición de nueva documentación que lo vincula al Plan Cóndor y declaraciones realizadas durante el juicio por la Triple A.
La causa investiga el asesinato de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Massot había sido procesado como coautor de esos delitos, ya que ambos habían protagonizado un conflicto sindical el año anterior. El empresario fue luego beneficiado con la falta de mérito, confirmada en Casación y por la Corte Suprema.
En este dictamen, difundido por el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal sumó nueva documentación de archivos secretos del agente de inteligencia chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, enlace en nuestro país del Plan Cóndor.
En esa documentación, encontrada en 2016, el agente de la DINA enviaba reportes periódicos a sus jefes de sus actividades en Argentina, donde buscaba a exiliados chilenos. En uno de esos mensajes, de octubre de 1974, informa cómo uno de los “contactos establecidos” en el país a “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca”.
Allí menciona que Massot le “pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina”. “También con Gonzalo me une una antigua amistad”, informó.
“El pedido de Massot luego se vio reflejado en artículos sobre la penetración marxista en Perú, publicados tanto en el diario La Nueva Provincia como en la revista El Fortín en los días posteriores al memorando”, señaló la nota de Fiscales.
La Unidad Fiscal de DDHH de Bahía Blanca destacó el conocimiento que Vicente Massot tenía sobre la verdadera identidad del agente chileno y la naturaleza de la actividad de espionaje que realizaba, y considero que ambos tenían el mismo propósito: la producción de operaciones psicológicas antisubversivas.
Mencionan allí los artículos publicados en las revistas Cabildo y su sucesora El Fortín, cuyo contenido reproduce párrafos literales de los informes especiales que Arancibia Clavel giraba a la DINA.
Los fiscales recuerdan además la contratación en la Nueva provincia del subcomisario Héctor Ramos, 2do. Jefe de la delegación SIPPBA, quien se encontraba investigando “un proceso de infiltración subversiva dentro de la empresa”.
El pedido de procesamiento se refiere además a otros testimonios y documentos que marcan el poder que tenía Massot en ese momento y la relación con las fuerzas represivas.
Mencionan anotaciones del diario del obispo Victorio Bonamín. En una de ellas, el obispo le recomienda a un cura salesiano que se reconcilie con la Nueva Provincia, con la policía y con la Marina ante la persecución que sufría esa comunidad por parte de las fuerzas represivas de Bahía Blanca.
«Muchos de los que hoy se lamentan están recogiendo lo que sembraron», justificaba un artículo de La Nueva Provincia en relación a la persecución de religiosos salesianos.
“Reconciliarse con La Nueva Provincia no significaba otra cosa que atenerse al (auto) disciplinamiento que exigía el diario en el editorial comentado, puesto que de otro modo la violencia (las tempestades) continuaría”, detallaron los fiscales.
“La línea de continuidad detalladamente descripta por esta fiscalía, que va desde la activa militancia gremial de ambas víctimas exclusivamente dentro de la empresa, las reiteradas denuncias –amenazas mediante– emitidas por el medio sobre la existencia de un caso de infiltración subversiva, las intimidaciones y los atentados contra empleados activistas, y el pedido personal realizado por la directora del medio al Comandante de la Zona 5 para que se encargue de ambos obreros luego asesinados bajo la advertencia de que sino habría que hacerlo ‘por izquierda’– no puede analizarse al margen de la serie de constancias traídas a cuenta, en las que los MASSOT aparecen: estableciendo contactos con un agente de inteligencia condenado por crímenes contra la humanidad, y concertando y coordinando con el mismo operaciones psicológicas ‘antisubversivas’; participando de amenazas contra grupos religiosos vinculados al tercermundismo, y justificando asesinatos, atentados e intentos de secuestro; cobijando a agentes de inteligencia de jerarquía de la policía provincial dentro de la empresa, para desbaratar la infiltración interna (nuevamente, el soviet en su casa) y ejercer inteligencia sobre el público”, concluyeron los fiscales.
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