¿La ley de la calle? Una respuesta al consenso punitivista: coversación con Marcelo Rey

“Objetivamente, el chorro agredió y se durmió, y lo bajaron, que se joda… es la ley de la calle” Florencia Arietto (PRO)

Marcelo Rey es investigador especializado en fuerzas de seguridad. Es Profesor y Licenciado en Historia por la UBA, Magister en Criminología por la Universidad Nacional de La Plata, y docente en el IUPFA (Instituto Universitario de la Policía Federal) desde la gestión de Nilda Garre. Entre 2013 y 2022 formó parte de los equipos de seguridad del municipio de Avellaneda, allí participó de la formación, armado y conducción de la policía local, completando su recorrido como Secretario de Seguridad y mostrando una gestión especialmente destacable, cuya eficacia desmiente el populismo punitivista con que la política y los medios creen complacer electores y audiencias. Hoy trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y desarrolla una investigación académica en la Facultad de Filosofía y Letras.

El policía bonaerense Lucas Abraham Mallea, que asesinó por la espalda a un joven de 28 años que había intentado robarle su moto, fue detenido y luego de ser escuchado por el fiscal Gabriel López (UFI 8 de Moreno-Gral. Rodríguez), fue liberado mientras sigue su curso la investigación. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de La Reja, dentro del partido de Moreno y el policía trabaja en la Unidad de Prevención de la Policía Local de Moreno. La discusión mayoritaria pasa por la legitimidad o no de un asesinato, con buena parte del panelismo político y mediático alentando el uso de armas de fuego como método. Pero, ¿quién controla a los que nos controlan? Antes que hablar de “exceso policial”, ¿no es necesario preguntarse por la policía misma como una peligrosa forma de exceso de poder? En lugar de buscar la venia fácil, ¿no es urgente replantearse el control civil y un cambio radical en la formación policial, en la construcción de otro tipo de subjetividad? Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, gatillo fácil, complicidades con el narco, con el delito organizado, liberación de zonas, entre otras prácticas, forman parte del historial de las fuerzas de seguridad. La policía puede fraguar los informes de los que se valen los funcionarios judiciales, tiene ventaja para el encubrimiento y la alteración de escenas del crimen, entre otros tantos ejemplos que dan cuenta de un poder desmesurado. Por eso, la simplificación punitivista no es una tontería, resulta peligrosa en la medida en que contribuye a la reproducción de este estado de cosas con un manto de consenso social.    

AP: Contamos con un video bastante elocuente, con la información de que al menos cinco tiros salieron del arma de Mallea y que el joven por él asesinado se presentó con un arma simulada (eran dos caños cruzados), pero que al huir no hizo ningún ademán amenazante y mantuvo sus manos sobre los manubrios de la moto. Cada vez que se difunde un hecho de estas características se reabre un debate público que toca una fibra muy sensible (¡quién no teme por su vida!). Tengo la impresión de que este tipo de situaciones interpelan tu saber y experiencia como investigador, como docente y como alguien que estuvo en un lugar importante en la gestión de la seguridad ciudadana. ¿Qué pensás del hecho de que un policía deba ser (incluso por ley) todo el tiempo policía?

MR: El caso de Mallea, de acuerdo al video que se hizo público (no cuento con más información que esa) pareciera tener una serie de elementos que se dan con mucha frecuencia en homicidios de estas características en las que participan miembros de fuerzas de seguridad, elementos que yo agruparía en dos planos. Por un lado, tenés a un policía varón, vestido de civil, fuera del horario de servicio, portando su arma reglamentaria, víctima de un intento de robo. Por otro lado, tenés el desenlace, las particularidades del hecho: en general mueren quienes intentan realizar el robo, a veces armados, muchas veces no, en mucha menor medida muere el policía, e incluso conozco casos en los que murieron ambos. Luego viene la evaluación (judicial, mediática, política, pública) acerca del proceder del policía, si se adecuó o no a la normativa, la discusión sobre la legítima defensa, etc., etc. Para mí, si queremos realmente problematizar la letalidad policial, la clave para interpretar estos hechos está en el primero de los planos más que en el segundo (que es el que se suele discutir mediáticamente). En las condiciones que permiten que el hecho se produzca, más que en el desenlace, que difícilmente pueda ser otro que la muerte. En los elementos de ese primer plano están las condiciones estructurales sobre las que hay que focalizarse si pretendemos modificar la realidad; y todos esos elementos giran en torno al arma y a su utilización, al artefacto letal. Por ejemplo, las estructuras normativas (las leyes): la policía bonaerense posee “estado policial”, es decir, una situación jurídica en la que sus deberes como funcionarios públicos persisten durante el franco de servicio e incluso una vez retirados. De modo tal que, si bien la portación del arma es una “opción” fuera de sus horarios de servicio, los policías tienen la obligación de llevárselas a sus hogares, quedando a su criterio la portación posterior: hay policías que van al almacén con el arma, a buscar a los chicos al colegio con el arma, a reuniones sociales con el arma… Otro elemento está vinculado a las estructuras y representaciones de género: ante esa opción de portar o no el arma fuera del horario de servicio, la casuística muestra claramente la preponderancia de los varones policías en los homicidios: la relación es 9 a 1 respecto de las policías mujeres (el mismo porcentaje e incidencia masculina que en los homicidios entre civiles, por lo que no hay nada que diferencie en este aspecto a policías de quienes no lo son, salvo la presencia del arma reglamentaria provista por la institución y la responsabilidad institucional del o la agente policial). Teniendo en cuenta, además, que en las últimas décadas el personal femenino ha equiparado o, como en el caso de la policía bonaerense, superado al masculino. Acá quiero correrme de cualquier explicación esencialista (esto no tiene nada que ver con una supuesta naturaleza) creo que la explicación hay que hallarla en las formas hegemónicas y tradicionales de sociabilidad masculina, a las que los miembros de las instituciones policiales no son ajenos. 

AP: Entonces, indagando encontraste que la abrumadora mayoría de las veces que la policía interviene en un tiroteo, trátese o no de un enfrentamiento, es decir, incluyendo hechos donde los tiros sólo salen del arma policial, se trata de oficiales hombres. Tengo la impresión de que, si el problema se desplazara al “cuidado”, en lugar de la “seguridad”, ese rasgo que no es específico de la policía, sino que está en la sociedad, no se exacerbaría como lo hace al tratarse de la institución policial.

MR: Es que, como se ve en muchas investigaciones académicas, no hay nada que diferencie a un policía del resto de las personas, salvo su trabajo y la particular responsabilidad que conlleva. Los policías son parte de la misma sociedad que produce y reproduce todas las expresiones de violencias machistas que conocemos, a lo que le tenés que sumar un arma reglamentaria provista por el Estado y que encima después de trabajar se la llevan a su casa. En este sentido, el peso relativo de los miembros de fuerzas de seguridad involucrados en femicidios es mayor, se incrementa respecto de la población civil. Por eso la evidencia muestra que el problema central no es la “falta de capacitación” o la escasa experiencia de los policías involucrados en los homicidios, como muchas veces se sostiene… Los casos se repiten con funcionarios de alta jerarquía, con policías de mucha antigüedad, con expertos tiradores. Lo mismo sucede con los niveles de suicidios, con los accidentes domésticos con armas reglamentarias. ¿Por qué fue tan mediático el caso de Nahir Galarza? Tal vez, por tratarse de una homicida mujer… la excepción que confirma la regla. Pero yo creo que la pregunta clave que hay que hacerse es ¿qué hacía un arma reglamentaria de la Policía de Entre Ríos provista a un Subcomisario con 25 años de antigüedad sobre la heladera de su casa? Además, la propia policía constituye un proveedor de armas al mercado ilegal. Tengo muy presente un dato que fue público: entre 2011 y 2018, se iniciaron unos 1.700 sumarios por Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires por robo, hurto o extravío de armas reglamentarias por parte de integrantes de la institución, la gran mayoría de los casos en situaciones ocurridas fuera de los horarios laborales.

AP: Y en relación al otro punto que señalás como importante, el “estado policial” o la portación permanente del arma, tengo entendido que, durante la formación de la policía local de Avellaneda, en tu gestión se problematizó y trabajó con los cadetes la utilización del arma reglamentaria fuera del horario de trabajo. Dos niveles que se articulan: por un lado, las razones y acciones desde la gestión, por otro, una mirada como investigador sobre la relación de los policías con su arma y sobre la subjetivación del policía.   

MR: El trabajo policial es muy amplio, y creo que uno de los problemas es que se lo simplifica en el imaginario con la noción de “combate al delito”. Aparte de su uso concreto en situaciones específicas, el arma juega un rol simbólico importante. La experiencia laboral de un policía muestra que hay una infinidad de recursos utilizados cotidianamente para la realización de un abanico inmenso de tareas, que lejos están de los tiroteos y las persecuciones. Te doy un ejemplo de la gestión: la formación de las policías locales entre 2014 y 2016 fue descentralizada, por lo que los municipios tuvieron un rol importante en ese proceso. En Avellaneda nos propusimos formar policías que conozcan el territorio, a sus actores y a las problemáticas locales, e intentamos especializarlos en el abordaje de conflictos locales, cuyos orígenes en general no involucraban ningún delito, pero que podían derivar en violencias, y en ocasiones incluso en violencia letal. Desde nuestra gestión, las herramientas centrales para esos abordajes eran el conocimiento y la palabra: el conocimiento del territorio, de los actores implicados, de las problemáticas y de sus historias, el conocimiento y vínculo de la policía con otras agencias estatales para la derivación o intervención conjunta, y fundamentalmente el uso de la palabra. El abordaje y seguimiento de los conflictos hizo que la tasa de homicidios dolosos, al menos los derivados de conflictos entre personas que se conocían con anterioridad, disminuyera en aquellos años, y la participación de los equipos de la policía local fue crucial. 

AP: En los medios estuvieron entrevistando a Fernando Soto, abogado del policía condenado Luis Chocobar (https://www.tiempoar.com.ar/politica/causa-chocobar-derechos-y-humanos/) , que fue asesor de Patricia Bullrich, defendió inicialmente al prefecto acusado por el asesinato de Rafael Nahuel, al policía que le disparó en el estómago al músico Chano y a otros policías que pasaron por situaciones de diversa índole. Soto, quien pertenece a la ONG derechista Usina de Justicia, parece un activista de la mano dura y el gatillo fácil, además, con un pasado opaco (fue defensor de Oyarbide y del dueño de prostíbulos Raúl Martins, amigo personal de Mauricio Macri, quien años más tarde contó con él para un caso por asociación ilícita que involucraba barrabravas con miembros de la Comisión Directiva). Soto, aparte de ser un abogado orientado de manera bastante clara, enseña en el IUPFA (Instituto Universitario de la Policía Federal), donde vos también sos docente. Además, fuiste parte de la formación de la policía local de Avellaneda a la que pertenecía Chocobar. ¿Cómo te posicionaste entonces y qué relación encontrás entre ambos casos?

MR: Creo que los casos de Rafael Nahuel y el de Chano, son diferentes a los de Mallea y Chocobar en cierto punto, porque se produjeron mientras que los funcionarios estaban uniformados, y fueron intervenciones durante el servicio, por lo tanto, bajo las órdenes directas de superiores policiales y/o bajo directivas de las respectivas conducciones políticas. Por lo que la cadena de responsabilidades penales en ambos casos debería contemplar esas instancias superiores. Por otro lado, la realidad es que las intervenciones letales de miembros de fuerzas de seguridad durante los horarios de servicio tienen una incidencia mucho menor a las provocadas por quienes están de franco de servicio. En los casos de Maella y Chocobar, están presentes esos elementos del primer plano que mencionaba antes, más allá de que Luis Chocobar no fue víctima de un intento de robo, sino que intervino bajo el amparo del “estado policial” tras la comisión de un delito a un tercero. Sin eludir la responsabilidad penal de ambos policías, creo que tenemos que corrernos de los casos particulares y nombres propios (para no caer en la hipótesis de la manzana podrida) para focalizarnos en las recurrencias. Creo que ambos casos, como tantos otros, podrían haberse evitado si la institución a la que pertenecen no los hubiera hecho responsables de las armas reglamentarias luego de sus horarios de trabajo. Ojo, soy consciente que este punto es complejo: los policías bonaerenses realizan servicios adicionales fuera de sus horarios de servicio, y cuentan con esa arma como herramientas de trabajo, de modo que cualquier reforma al respecto debería contemplar ese plano laboral/salarial, como tantos otros vinculados a las y los policías en tanto trabajadores y trabajadoras de la seguridad (las jornadas laborales de muchos y muchas policías son interminables, entre las horas de servicio, más las recargas y los adicionales). El propio “estado policial” es contradictorio con los derechos de cualquier trabajador: fíjate que la reglamentación de personal no habla de “franco”, sino de “franco de servicio”, en definitiva, los policías siempre están de servicio. Creo que, desde el progresismo, las izquierdas, e incluso desde el peronismo del que provengo, hemos tenido prejuicios históricos para pensar a nuestras policías como trabajadores de la seguridad, y nos debemos un debate profundo en ese aspecto.  

AP: ¿Hasta qué punto es importante tener en cuenta el involucramiento de las fuerzas de seguridad en el delito organizado a la hora de referirse a estos casos? Es decir, la mirada difundida parte de una imagen de policía bastante naíf, como alguien que pertenece al mundo de las normas y la buena convivencia frente al mal que tanto él como los ciudadanos de bien tienen enfrente. Pero la historia de las fuerzas de seguridad en nuestro país las encuentra bajo una formación castrense justificatoria de prácticas represivas que en tiempos de dictadura alcanzaron su máxima expresión, y que continuaron en democracia complejizándose. Cuando casos como éste y otros llegan a la opinión pública, todo el mundo reflota posiciones estereotipadas por derecha y por izquierda, se impone una gramática criminológica, abogados y periodistas parecen hablar el mismo idioma y la politiquería barata está a la orden del día. Pero no se inscribe la problemática en la investigación profunda que permitiría imaginar otras formas de abordar la cuestión. ¿En qué consiste tu investigación actual o cuáles son las líneas principales? ¿De qué manera pensás que podría contribuir a otro abordaje práctico?

MR: Hay muchos trabajos de investigación que problematizaron los legados dictatoriales en nuestras policías latinoamericanas en general y en la policía bonaerense en particular. Incluso trabajos más recientes resaltan herencias del siglo XIX, positivistas, del contexto en el que nacieron las instituciones policiales provinciales junto a la organización de las burocracias de los propios estados nacientes. Yo trabajo la larga duración, y a esos dos pasados (uno más reciente, otro más lejano) le sumo uno todavía más remoto: yo creo que hay, además, herencias coloniales en nuestras policías, como lo evidencia su funcionamiento corporativo. Como toda corporación, estatal o privada (judiciales, económicas, mediáticas), claramente pueden visualizarse prácticas verticales, violentas, machistas, secretas, encubridoras. Vos señalabas la formación castrense, yo creo que una de las herencias coloniales que más evidencia la verticalidad de tipo corporativa es la pervivencia del doble escalafonamiento en la mayoría de las fuerzas policiales, la persistencia de dos segmentos infranqueables, equiparable a un sistema estamental o de castas (como en la época colonial), una de oficiales que conducen y administran, y otra de suboficiales o tropa, que en general realiza el trabajo en el territorio y obedece. En cuanto al involucramiento, cuando se desmantela un circuito delictivo en el que interviene la propia policía, se ven los efectos, como cuando en la segunda gestión de Arslanian como Ministro en la provincia de Buenos Aires se cerraron desarmaderos y se lograron morigerar los homicidios en ocasión de robos de automóviles.  

AP: ¿Cómo se vincula tu investigación de historiador sobre las fuerzas de seguridad con tu labor dentro de una fuerza nacional como la PSA? Decías que trabajás la larga duración, rastreás categorías coloniales (o medievales) para pensar a la institución policial y caracterizar las conductas y las prácticas de sus miembros

MR: Por un lado, en mi proyecto de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA continúo trabajando sobre la policía de la provincia de Buenos Aires desde la teoría descolonial, es decir, pensarla como una policía latinoamericana. En particular, me interesa visualizar esos legados coloniales que te nombraba, presentes hoy en la institución, para rastrearlos en el largo plazo, en el pasado hispano-colonial, como método de deconstrucción de prácticas y representaciones corporativas naturalizadas por los actores. Más recientemente, formo parte de la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el ISSA se forman y capacitan las y los policías de la PSA, y desarrollamos varias líneas de investigación vinculadas a la formación y a las prácticas profesionales. La PSA es una fuerza muy interesante, es un ejemplo que demuestra que una policía puede funcionar muy bien con una formación externada (es decir, las y los cadetes no están internados como tradicionalmente sucedía), una capacitación académicamente sólida, y con un sistema de escalafón único: conservando la verticalidad y orgánica necesarias para que pueda funcionar, pero todos los miembros de la PSA parten de la misma formación básica y no tienen el techo que les impone un escalafón subalterno, como en el caso de los suboficiales de otras fuerzas. Además, sus miembros no portan las armas reglamentarias fuera del horario de servicio, lo que constituye una clara política de cuidado institucional hacia la ciudadanía y los propios miembros de la fuerza. Fijate que es la fuerza de seguridad menos implicada en casos de letalidad policial, suicidios, accidentes y extravíos de armas reglamentarias. Cuando aparecieron casos de este tipo con miembros de la PSA fue justamente durante el período en que la ex ministra Bullrich modificó la modalidad de portación del armamento, volviéndola permanente, cuando era temporal (mediante la resolución 956/18) con el supuesto fin de “cuidar” a las y los oficiales. En diciembre de 2020 la ministra Frederich vuelve a modificar los protocolos correspondientes bajo los mismos argumentos: proteger a su personal, pero tomando la medida contraria.

 Ariel Penisi es ensayista, docente (UNPAZ, UNA), codirector de Red Editorial, integrante del IEF CTA A, miembro del Grupo de Estudio sobre Problemas Sociales y Filosóficos (IIGG-UBA), autor de Nuevas instituciones (del común), entre otros, coautor de El Anarca (filosofía y política en Max Stirner), coautor y compilador de Linchamientos. La policía que llevamos dentro, de Renta básica. Nuevos posibles del común, entre otros.