El Tribunal Oral Federal N°1 le sacó la prisión preventiva al ex policía Miguel Wolk, (a) El Nazi, que comandó el Pozo de Banfield, que se hizo pasar por muerto y estuvo un año prófugo para evitar la justicia. Abuelas de Plaza de Mayo repudió la decisión de los jueces.
El fallo es unánime. En el escrito que tiene fecha del viernes pasado, los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega ordenaron excarcelarlo a partir del martes 24 de abril. Los tres magistrados sostuvieron que como ellos aún no pusieron fecha para hacer el juicio y que el reo lleva siete años y medio con preventiva, lo liberaron.
Pese a todo, la liberación no se hará efectiva inmediatamente porque tiene prisión preventiva domiciliaria en la causa que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino El Infierno (ex Brigada de Inteligencia de Lanús, hoy espacio de memoria en Avellaneda), que cumple en su casa de calle Benedeto Crocce Nº 3.045, Mar del Plata.
La decisión del TOF 1 de La Plata, que ya había beneficiado con la domiciliaria a Miguel Etchcecolatz luego revocada por la cámara de Casación, está a tono del clima de época: Wolk había accedido a la domiciliaria hace dos años y esta excarcelación sin fecha de juicio lo deja a un paso de la libertad plena.
Los abogados querellantes Enanuel Lovelli, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se opusieron. Recordaron que Wolk era el jefe del Pozo de Banfield, y la abogada de la Liga resaltó que estuvo un año prófugo. Esos datos, remarcaron los querellantes, ponen en riesgo la presencia del genocida en el debate.
Los ficales Federales de La Plata Rodolfo Marcelo Molina, Hernán I. Schapiro y Juan Martín Nogueira, pidieron que antes de expedirse el Tribunal informe sí dentro de este año tiene prevista la fijación de fecha de audiencia de debate oral en esta causa. Mas allá de eso, no se opusieron. El juez Esmoris destacó la ausencia de esa oposición, la única que puede condicionar la excarcelación. Es decir, la opinión de los querellantes es solo eso, una opinión.
La causa por el Pozo de Banfield comenzó a tramitarse hace doce años, luego del reinicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El 14 de octubre de 2009 el genocida fue detenido, y poco después, el 7 de mayo de 2012 cuando tras violar la domiciliaria la justicia le revocó el beneficio, se escapó. Estuvo prófugo un año, hasta el 17 de mayo de 2013. Ese año, la causa fue elevada a juicio.
El gobierno de Mauricio Macri trajo aires de impunidad para los represores y Wolk se llenó los pulmones desde el primer día: desde febrero de 2016 está con domiciliaria en su chalet marplatense. En solo treinta días después de la asunción de Cambiemos al poder volvió a su casa y dos años después está a un paso de quedar liberado y sin evidencias de que antes de su muerte los jueces lo sienten en el banquillo de los acusados.
El repudio de Abuelas
Con un duro comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo repudió la resolución de los jueces Esmoris, Castelli y Vega «que, por unanimidad, decidieron no prorrogar la prisión preventiva que estaba cumpliendo el genocida», y recordaron que está acusado por secuestros y torturas -entre ellas 14 mujeres embarazadas- y apropiación de menores.
«El motivo principal que esgrimieron los jueces del TOF 1 de La Plata para hacer cesar la prisión preventiva de Wolk es el tiempo que lleva esperando juicio oral. Pero, justamente, de esa omisión es responsable el propio Tribunal», precisa el comunicado. Y agrega: «Las partes ya han ofrecido prueba, solo resta fijación de la fecha de la audiencia de inicio del debate oral. Sin embargo, el Tribunal opta por no fijar fecha, argumentando que sus integrantes son subrogantes y que la causa es compleja».
«Con esta decisión, los jueces eligen beneficiar a Wolk en desmedro de sus víctimas y de los familiares que continúan esperando justicia», se quejaron las Abuelas. Y «lamentaron» la actuación de los fiscales que no rechazaron la excarcelación.
«Las Abuelas volvemos a exigir, entonces, que los tribunales actúen con celeridad, y rechazamos los beneficios a los que acceden los genocidas mientras sus víctimas, desde hace más de 40 años, luchan pacíficamente para que se haga justicia», concluyeron.
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