La Justicia avanza sobre las fundaciones del PRO para investigar a Michetti

El juez federal Ariel Lijo le rodeó la manzana a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. El jueves pasado, el sargento ayudante de la Policía Federal Luis Alcayaga retiró del juzgado cuatro “órdenes de presentación” que ese mismo día efectivos de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional entregaron personalmente, dos de ellas en sendas direcciones de la “Fundación Pericles para la defensa de la inclusión social y promoción de valores republicanos”, y el resto en la “Fundación Fundar-Justicia y Seguridad” y “Fundación Formar”. Pericles es la fundación de Fabián Rodríguez Simón, el think tank de Mauricio Macri en temas judiciales; Formar es la fundación del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y Fundar-Justicia y Seguridad es la del secretario de Seguridad y número dos de Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco.

¿Qué es una «orden de presentación»? Una medida judicial que está apenas un escalón por debajo de un allanamiento, pero que tiene sus mismos objetivos y efectos. El artículo 231 del Código Procesal Penal establece que “el juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba” mediante una “orden de secuestro” o un “allanamiento o una requisa personal”. El artículo 232 morigera: “En lugar de disponer el secuestro el juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los sujetos o documentos a que se refiere el artículo anterior”. Eso fue lo que hizo Lijo.

¿Por qué lo hizo? Hay dos respuestas. La formal, porque le resulta en el marco de la causa por el origen del dinero que le fue sustraído a Michetti de su casa la noche en que Cambiemos ganó el balotaje, resulta “necesario para su investigación contar con la información vinculada con la administración y los movimientos financieros”: “la totalidad de los libros diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas”.

La respuesta real es que Lijo, cuanto menos, duda de la veracidad de todas las explicaciones que viene recibiendo hasta ahora por parte de los testigos propuestos por Michetti.

Donaciones y cena de gala

El jueves 27 de octubre, una funcionaria del PRO en el Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien cobra 17 mil pesos por mes como único ingreso, declaró que le donó 5000 pesos en efectivo a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, para organizar la cena de gala de fin de 2015 en el predio ferial de Palermo. Nunca antes había realizado aportes de dinero para SUMA y, de hecho, apenas conocía a Gabriela Michetti, aunque sí a su hermana, Silvina. Su familia, al igual que los Michetti, es oriunda de Laprida. “En el pueblo todos nos conocemos”.

Se trata de Marta Ofelia Mangas, licenciada en Relaciones Públicas, quien actualmente se desempeña como secretaria técnica del Bloque Cambiemos del Concejo Deliberante de Esteban Echeverría. “Mi cargo en el Concejo Deliberante es mi única fuente de ingresos”, le relató al juez Lijo.

La mujer tenía dinero en efectivo en su casa cuando, a fines de noviembre de 2015, realizó el aporte voluntario para SUMA. Y extrajo otra parte de su “cuenta sueldo”, aunque –tal como les ocurrió a otros testigos– no recuerda cuándo, ni dónde, ni tampoco conserva, claro está, el recibo de la extracción.

“Nunca colaboré con contribución de dinero en favor de la Fundación”, afirmó en un tramo de la declaración. Pero luego pareció corregirse: «Realicé una contribución de dinero en efectivo por la suma de 5000 pesos. Yo asistí a una cena en la casa de Silvina y durante esa cena, ella nos pidió a mí y al grupo de amigos que estábamos ahí si podíamos hacer un aporte para la realización de la cena solidaria de la Fundación».

El dinero, casi un tercio de su sueldo, fue entregado a la hermana de Michetti “en un pasillo” y no hubo recibo. “Yo le manifesté que no hacía falta. Sinceramente, el recibo no se lo pedí”, explicó la secretaria técnica de los concejales de Cambiemos en Esteban Echeverría, una intendencia que está en manos del Frente para la Victoria. El testimonio de Mangas en el expediente fue propuesto por la defensa de Gabriela Michetti.

“En esa charla, Silvina también me dijo que no me iba a poder dar el recibo porque el dinero nunca había sido rendido a la Fundación”.

Todas las testimoniales son del mismo tenor. Pero de esas mismas declaraciones se desprenden irregularidades en el manejo de SUMA. A partir del momento en que una persona realiza una donación para la fundación, ese dinero «es» de la fundación. Y como tal debe ser consignado: al aportante se le debe entregar un recibo y el dinero debe ser ingresado a la Fundación. Si, como en el caso, se produce un robo, la suma igualmente debe ser consignada en los libros contables, como “pérdida”. Nada de ello ocurrió, y Lijo ya puso la lupa en esa situación.

Lavado de activos

Al impulsar la investigación, el fiscal federal Guillermo Marijuan trazó como hipótesis la figura delictiva del “lavado de activos”. Las fundaciones de “Pepín” Rodríguez Simón, Dietrich y Burzaco aparecen relacionadas con SUMA. Pero “Pericles”, especialmente, aparece vinculada con el Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios SA, un contratista de obra pública bajo investigación en la causa por los bolsos con nueve millones de dólares que revoleó el detenido ex secretario de Obras Públicas José López al interior de un convento en General Rodríguez. El titular del Grupo Farallón, benefactor de las fundaciones relacionadas con dirigentes del PRO, figura como dueño de la casa en la que vivía López en Tigre.

“Requiérase a la Administración Federal de Ingresos Públicos que, con carácter urgente, remita los antecedentes registrales y la totalidad de las constancia presentadas por la ‘Fundación Pericles para la defensa de la inclusión social y promoción de valores republicanos’ y por el ‘Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios SA’, así como también que informe, respecto del ejercicio correspondiente al año 2015, si la primera ha sido beneficiaria de donaciones realizadas por terceros contribuyentes, y si el segundo ha efectuado donación alguna; debiendo, en caso afirmativo, remitir todas las constancias que a ese respecto obren en sus registros”, ordenó Lijo. También le reclamó a la Unidad de Información Financiera que, “con carácter urgente, comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado investigación alguna relativa a operaciones de lavado de dinero con relación a la actividad financiera de la Fundación Pericles y del Grupo Farallón”. La UIF también “deberá informar si ha recibido reportes por parte de las Unidades de Información Financiera de otros países en relación a las personas jurídicas mencionadas”.

Al Banco Central, el juez le pidió “la documentación correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de movimientos, resúmenes de tarjetas de crédito, órdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de cuenta –actas de directorio y actas de asamblea– y todo formulario bancario que hayan suscripto). La totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios”. También “información de depósitos a plazo fijo, detallando constitución y vencimiento, importe, moneda, origen de los fondos y la totalidad de las operaciones de cambio de divisas que hayan realizado las personas jurídicas mencionadas”.

El requerimiento sobre las operaciones cambiarias no es un dato menor. Días atrás se conoció que Boca Juniors obtuvo una ganancia de 22,8 millones de pesos gracias a una operación de compra de divisas mediante el sistema “dólar futuro”, por el que el juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su exministro de Economía Axel Kicillof. El presidente de Boca es una de las espadas políticas en las sombras del PRO, Daniel Angelici. «

Un banco investigado por «operaciones irregulares» aportó a SUMA

Esta semana hubo una novedad que complicó aun más la situación judicial de la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Según publicó el portal Letra P, en una nota del periodista Leandro Renau, una parte de la estrategia judicial de la vicepresidenta, en el marco de la causa que investiga el robo de dinero en su departamento, podría terminar jugándole en contra.

La semana pasada, el diario La Nación informó que la funcionaria entregó ante el Juzgado de Ariel Lijo una serie de documentos que incluían «memorias» de la Fundación Suma y detalles de los aportantes de la misma, sobre todo aquellos que compraron mesa en la última cena recaudatoria de fondos de la institución, que se realizó el 1 de diciembre de 2015.

En los tribunales federales de Comodoro Py entendieron que la intención de semejante movida de datos fue hecha para mostrar que la fundación tenía aportes bastante más importantes que la cantidad sustraída del departamento de Michetti en la noche misma del balotaje presidencial. En síntesis, revelar movimientos masivos de fondos que justificaran que lo robado procedía de aportes a SUMA.

Lo cierto es que, en ese frondoso listado de contribuyentes, hay una casa de cambio, financiera y banco fantasma, reconocida por maniobras irregulares con divisas. La firma fue allanada la semana pasada por la Justicia en el marco de una mega causa de violaciones a la Ley Penal Cambiaria en Mar del Plata. Se trata de Transacciones Crediticias SA, una sociedad de la firma Transcambio, que pagó $ 80 mil por el cubierto en velada organizada por Suma a fines de 2015. Integró la mesa “Pasión”, que compartió con el Banco Macro, Farmacity y otras empresas, entre ellas, una muy presente en los medios en el último tiempo: la constructora Farallón, presidida por Eduardo “el Negro” Gutiérrez que, además de los vínculos con SUMA, saltó a la fama por estar vinculado a la vivienda que el ex secretario de Obras Públicas José López utilizaba en el Delta.

De los cuatro millones de pesos que recibió SUMA en 2015, casi tres se recolectaron en esa cena. De allí la relevancia de los datos de los aportantes que pesquisan en la Justicia federal.