El rechazo al presupuesto nacional genera incertidumbre sobre el tratamiento de la ley de leyes 2022 propuesta por Kicillof. El oficialismo apura la negociación con Juntos por el Cambio. Las demandas paralelas por los cargos y la modificación a la ley de reelecciones.
El lunes pasaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. El martes, en tanto, llegó el titular de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa. Durante las tres exposiciones, los legisladores de Juntos cuestionaron a los ministros por dos asuntos centrales.
El primero, la falta de información sobre la ejecución del presupuesto actual que derivó incluso en la posibilidad de crear una Comisión de Seguimiento del gasto. El segundo, el malestar por las críticas contenidas en los fundamentos del Presupuesto 2022 a los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal.
«La gente pide que nos pongamos de acuerdo, pero para ponerse de acuerdo hay evitar algunos comentarios», cruzó el presidente del bloque de Juntos en el Senado, Cristian Gribaudo, al ministro Pablo López. Y le advirtió: «Nos predispone mal».
En el mismo tono, el diputado Daniel Lipovetzky le recriminó ayer al ministro Costa que no haya información sobre, por ejemplo, las PyMEs que bajaron la persiana en pandemia. «No se sabe hasta dónde buscan consensos cuando arrancan con un diagnóstico de lo que pasó entre 2015 y 2019, y uno se encuentra con muy poco análisis de lo que pasó entre 2020 y 2021», le espetó y le pidió precisiones. En el oficialismo creen que la «pirotecnia verbal» es una reacción obligada por lo que pasó en el Congreso nacional, pero que la negociación por ahora está «encaminada».
¿Cuáles son los puntos que reclama la oposición a Kicillof? El primero es que incluya el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que este año fue de 12 mil millones y que permite a los intendentes ejecutar pequeñas obras en sus distritos. El Ejecutivo no incluyó ese fondo en el proyecto justamente para usarlo como moneda de cambio en la pulseada, por lo que ya se sabe que cederá. La tensión está puesta en el número: la oposición pide 35 mil millones, un número lejano para el gobierno.
Hay otros dos reclamos relacionados con los recursos a las intendencias. Por un lado, los jefes comunales del PRO y la UCR piden que se les condonen las deudas contraídas en pandemia en el marco del «Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal» o que al menos la devolución de la plata se prorrogue nuevamente, y también piden que el gobierno dé precisiones sobre el Coeficiente Único de Distribución (CUD) por el que se distribuye el dinero a las comunas.
En el Ejecutivo bonaerense hay optimismo. El jefe de asesores del gobierno, Carlos Bianco, aseguró este miércoles que la discusión marcha «bien». «Estamos teniendo una discusión mucho más razonable (que en el Congreso). Obviamente que hay demandas y debates y definiciones por cerrar pero me parece que las negociaciones están bien encaminadas», dijo en diálogo con Radio Provincia.
El portavoz de Kicillof también precisó que el rechazo opositor al Presupuesto «no es gratuito para el pueblo bonaerense» ya que Buenos Aires recibirá «42 mil millones de pesos menos» en 2022 debido a la falta de esa herramienta en Nación.
El tratamiento del Presupuesto 2022 -y la ley impositiva- requiere de dos tercios por el pedido de endeudamiento de 94 mil millones incluido en el proyecto. En Diputados, el FdT es la primera minoría con 42 legisladores sobre un total de 92 y en el Senado está empatado con Juntos en 23 senadores. En ambas cámaras necesita generar consensos para conseguir los votos que le permitan llegar a la mayoría especial.
En paralelo al debate por el gasto y los recursos para 2022, hay otra negociación con la oposición por el reparto de los cargos en distintos organismos provinciales y también por la ley que limita las reelecciones. Son dos temas neurálgicos para el devenir del paquete presupuestario. El interlocutor de Kicillof en todo el proceso es el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.
Los tironeos por los cargos para Juntos vienen desde el arranque de la gestión de Kicillof. La oposición pide al menos 25 cargos. En el listado están los sillones en el directorio del Banco Provincia que el 31 de diciembre se quedará sin directores -son ocho- porque se vencen todos los mandatos y no podrá sesionar. Allí, JxC pide tres lugares. También están otras sillas como las del Tribunal de Cuentas (que quedará acéfalo el 1° de marzo), la Contaduría, la Defensoría del Pueblo, el Grupo Bapro, la Autoridad del Agua y el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), entre otros.
La modificación a la ley que limita las reelecciones es un tema álgido que divide aguas tanto en el oficialismo como en la oposición. Hasta ahora, la posibilidad que más consenso parecía ganar era la de modificar el artículo que fija cuál es el primer período que se toma en cuenta para la prohibición. En la ley actual es el de 2015 -aunque la ley fue aprobada en 2016- y la idea es modificarlo para que rija a partir de 2019, habilitando así a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares a volver a presentarse en 2023. Sin embargo, un comunicado publicado este miércoles por legisladores del ala dura de Juntos abrió un gran signo de pregunta sobre las posibilidades reales de que el tema llegue al recinto.
El texto titulado «Un no rotundo a las reelecciones indefinidas» está firmado por los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo y acompañado por 11 diputados y senadores bonaerenses de JxC. «Con la ley 14.836 pusimos fin a la reelección indefinida de los intendentes. No vamos a votar nada que habilite a quienes asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 a presentarse a un nuevo mandato en 2023», agrega el mensaje que hizo pública la grieta que los divide de sus socios radicales e incluso de los intendentes del PRO.
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