El máximo tribunal uruguayo le rechazó un recurso a Pepín Rodríguez Simón: nuevo paso hacia la extradición

El ex ideólogo de la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sufrió un nuevo revés judicial en su intento de permanecer al margen del Poder Judicial argentino. La Corte Suprema de Uruguay le rechazó un planteo con el que pretendía poco menos que perpetuarse en su situación de prófugo. La noticia parece impactante; sin embargo, “Pepín” sigue bien protegido en Uruguay –donde reside desde hace más de tres años- y todo indica que los tribunales orientales tienen tanto apuro en resolver el pedido de extradición como un arquero en poner en juego la pelota cuando su equipo de fútbol gana 1-0 y se juega tiempo de descuento.

Lo importante del fallo firmado por unanimidad por los jueces Doris Morales, Elena Martínez, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani no es lo que causa como efecto directo sino lo que sostiene en sus fundamentos. Todas las instancias judiciales uruguayas le habían dicho a Rodríguez Simón que su pedido de asilo no era aceptable. Pero en silencio y sin que trascendiera en la Argentina, el 7 de diciembre de 2022 su defensa presentó ante la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay “una nueva solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ello motivado en nuevos hechos persecutorios, posteriores, diferentes y más graves que los que motivaran la anterior solicitud”.

¿Qué pasó de nuevo para que “Pepín” formulara un nuevo pedido de asilo después de que ya le hubieran negado su planteo inicial?

El propio ex asesor de Macri lo explicó en un escrito: “A lo largo del 2022, se emprendió una renovada persecución gubernamental en su contra por sus lícitas opiniones, actuación y afiliación”. La responsable de ello, según Pepín, tiene nombre y apellido: “Esa nueva persecución es producto de la estrategia defensiva de la Vicepresidente de la República Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, frente a su cada vez más comprometida situación en las causas judiciales en que es juzgada por corrupción y de la campaña que impulsa la alianza gubernamental Frente de Todos para remover por arbitrario juicio político a los integrantes de la Corte”. Dos de los jueces del máximo tribunal argentino, Horacio Rosatti –actual presidente- y Carlos Rosenkrantz –vice- fueron designados primero por decreto de Macri y luego sorteando el proceso legal previsto en la Constitución. El ideólogo y mentor de esos nombramientos fue, justamente, Rodríguez Simón.

En las 60 páginas del fallo se lee que “lo que se pretende bajo el rótulo de ‘nuevos hechos persecutorios’ es eludir los fallos que se dictaron, los cuales fueron analizados en primera y segunda instancia además de la inadmisibilidad del recurso de casación”.

El tribunal replicó que “más allá de que se rotulen ‘hechos nuevos’, lo que el recurrente menciona son nuevas situaciones que refieren a la misma causa primigenia de la supuesta persecución en su contra”.

Sin embargo, con esa insistencia reiterativa de algo que ya había sido resuelto (Rodríguez Simón es un avezado abogado que sabe que esas cosas no se hacen en un proceso penal porque los jueces suelen considerar que es “mala fe procesal”) el ex asesor de Macri consiguió demorar el tratamiento definitivo de su extradición a la Argentina.

“Tal cuestión fue laudada por nuestros Tribunales patrios (NdR: los uruguayos) al rechazar la solicitud de refugio, no admitiendo dicha sentencia más recursos en virtud de que este Colegiado declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto”.

No se podía presentar ningún recurso, pero Pepín lo hizo igual. Y pretendía que se tramitara como un juicio nuevo, que hubiera empezado desde cero como si todo lo anterior no hubiera existido.

La Corte uruguaya le respondió que “si la nueva solicitud es o no una mera reedición de la anterior sin una modificación de su base objetiva por alteración de las circunstancias de hecho, lo cierto es que ello debe ser sustanciado y resuelto por la Sede competente”. Y esa instancia es el juicio de extradición.

“Debe ser en el mismo proceso en que el pretensor debe hacer valer sus derechos y accionar los mecanismos correspondientes para el caso”, subrayaron los jueces.

Sobre Rodríguez Simón pesa un pedido de extradición de la jueza María Servini, dispuesto en marzo de 2021 en el marco de la causa en la que se investiga si la “mesa judicial” urdió una maniobra para encarcelar y desapoderar de sus empresas a Fabián De Sousa y Cristóbal López, del Grupo Indalo y dueños del canal de noticias C5N y Radio 10.

Rodríguez Simón sólo debía dar explicaciones como acusado, pero denunció una persecución política y huyó a Uruguay. “Si la persecución alegada no surge de forma manifiesta, podrá, en el marco del proceso de extradición, proponer toda la prueba que estime pertinente a los efectos de argumentar que, en su caso, se lo está juzgando por ‘delitos políticos, delitos comunes conexos a delitos políticos o delitos comunes cuya represión persiga finalidad política’”.

Los tribunales uruguayos le piden lo mismo que los argentinos: que se ponga a derecho y se defienda de las acusaciones en un proceso judicial. Como cualquier hijo de vecino. “En ninguna de las interpretaciones posibles se le está negando el derecho al debido proceso y a producir todas las pruebas que estime del caso”, dice el fallo.

“Razonar de la forma que lo pretende el excepcionante sería prolongar los trámites una y otra vez. (…) La causal que habilitaría el refugio es la persecución la cual ya fue analizada y desestimada en el grado”.