A través de conjueces, el máximo tribunal dio continuidad al enjuiciamiento de las autoridades de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.
Con la decisión de los magistrados, quedan firmes los procesamientos de ambos funcionarios por el espionaje en el Instituto Patria sobre las actividades de la dos veces presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Los jueces Javier Leal de Ibarra, Juan Carlos Bozón, Guillermo Antelo, Ramón González y Mario Leal decidieron también que los expedientes derivados del episodio sigan tramitándose en los tribunales de Comodoro Py 2002 de la Capital Federal y no vuelvan al juzgado de Lomas de Zamora, como pidieron los representantes de Fernández de Kirchner.
Los conjueces, titulares de cámaras federales sorteados para esa función, debieron fallar sobre doce recursos presentados ante la excusación de los actuales integrantes del máximo tribunal,
Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes fundaron su apartamiento en cuestiones de «delicadeza» y «decoro» que no fueron explicitadas, mientras que Carlos Rosenkrantz se excusó porque podría estar él mismo involucrado en una situación de espionaje ilegal.
La causa por el espionaje al Instituto Patria se originó hace dos años cuando la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la justicia federal que la misma agencia había realizado actividades en el domicilio de la vicepresidenta y en su oficina.
Además del caso de la expresidenta, Arribas y Majdalani se encontraban involucrados en un expediente por espionaje sobre medio centenar de dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y funcionarios de la justicia.
En primera instancia ambos fueron procesados pero la Cámara Federal porteña, cuando revisó las imputaciones ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió que no existía una «asociación ilícita» comandada por la cúpula sino una suerte de «iniciativa personal» de los espías involucrados y dictó la falta de mérito del director de la AFI y su segunda.
Tanto la investigación por el espionaje en el Instituto Patria como las tareas de seguimiento y escuchas a referentes de diversas áreas pasaron a Comodoro Py bajo el control del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La Corte, con la firma de sus cuatro miembros, convocó al sorteo de conjueces en los planteos de espionaje ilegal en febrero de este año, ante un pedido del defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, para que se resolvieran las presentaciones pendientes.
«Toda vez que todos los Sres. Ministros de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se han excusado en el marco de los recursos de queja deducidos en autos por mi parte -uno de ellos presentado ya hace más de ocho meses-, respetuosamente solicito que, con la urgencia que el caso amerita, se defina quiénes serán los magistrados que habrán de resolver dichas presentaciones directas», sostuvo Beraldi.
«Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario», escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter a fines de 2021.
En esa oportunidad también ironizó sobre la falta de mérito que los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictaron a Arribas y Majdalani y la comparó con los típicos obsequios navideños.
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