La CGT y el Gobierno acordaron «por consenso» la reforma laboral

“Se alcanzó el nivel de consenso necesario”. Con esta frase el Ministerio de Trabajo informó en la tarde del miércoles 15 que los funcionarios del gobierno nacional y los miembros de la “mesa chica” CGT alcanzaron un acuerdo en materia de reforma laboral. La cartera que dirige Jorge Triaca adelantó que, así las cosas, enviará “el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso de la Nación para su tratamiento en las próximas semanas”.

De esta forma se cerró una jornada que estuvo plagada de rumores desde la mañana y que anticipaban la posibilidad de este acuerdo.

La “mesa chica” de la CGT y los funcionarios de Trabajo, dirigidos por el propio ministro Triaca, confluyeron en este “consenso” en un lugar harto llamativo: la Sociedad Rural Argentina, un escenario sin antecedentes de negociaciones de este tipo y, al contrario, asociado al sector más concentrado de los negocios agropecuarios.

Ambas partes participaban de una Conferencia Mundial sobre erradicación del Trabajo Infantil organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El hecho de que las negociaciones hayan continuado en este ámbito tras las reuniones previas en el Ministerio de Trabajo, al menos las que se hicieron públicas, habla a las claras del apuro del gobierno por superar lo que consideraba un obstáculo para lograr su objetivo de enviar el proyecto de reforma laboral al Congreso.

Desde el punto de vista de los grandes temas que trataba el proyecto que se conoció el lunes 29 de octubre, se supo que se le eliminó el Título 2, que trataba sobre la reducción de las contribuciones patronales a la Seguridad Social incluido la creación de un salario mínimo no imponible.

Ese tema estaba duplicado, ya que también formaba parte del proyecto de ley de reforma tributaria que ya ingresó a la Cámara de Diputados.

El resto de los títulos del proyecto, incluidos los que reforman la Ley de Contrato de Trabajo, siguen vigentes.

En ese sentido, se conocieron algunos de los puntos en los que hubo el mencionado “consenso”. Respecto de las indemnizaciones por despidos sin causa, los gremios podrán, por convenio, optar por la creación de un “fondo de cese de empleo” cuya administración compartirían con la parte patronal, como sucede ahora en la actividad de la construcción, que tiene el IERIC. Si el sindicato no opta por este mecanismo, todos los trabajadores de esa actividad mantendrán las indemnizaciones como en la actualidad.

Asimismo, se supo que en el cálculo de la indemnización se incluiría las horas extras, pero quedarían afuera los bonos, comisiones y otros aspectos que hoy sí están incluidos o que, en sede judicial, son reclamados por los trabajadores despedidos.

El proyecto incluye la propuesta oficial de crear dos nuevas figuras laborales, la del monotributista dependiente económicamente de una empresa y la del monotributista que puede contratar hasta cuatro personas. Estas figuras quedarán sujetas a la discusión de una Mesa de Diálogo Tripartito, que también se crearía con la ley, y que tendrá 180 días para dar un veredicto.

Habrían quedado descartados los artículos que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan tercerizadas, al igual que el banco de horas, figura que estaba destinada a eliminar el pago de horas extras.

Tampoco estaría incluida en el proyecto de ley la equiparación entre el capital y el trabajo, lo que a los efectos legales podía derivar en que la Justicia laboral descarte cualquier principio a favor del trabajador. Pero el gobierno y las empresas podrían lograr el mismo efecto si logran imponer jueces propios en la treintena de juzgados laborales vacantes.

Tampoco figuraría la reducción a un año de la prescripción de la acción legal contra el despido sin causa.

A pesar de estos cambios, persistirían en el proyecto de ley aspectos como la habilitación a las gerencias de recursos humanos tanto para presionar a sus trabajadores para que acepten condiciones laborales peores a las que ya tienen, como para modificar de modo inconsulto esas condiciones.

Además, se mantiene todo el capítulo dedicado a la eliminación de todo tipo de multas por la evasión previsional realizada.

Trascendió que el gobierno ingresará el proyecto al Congreso el próximo viernes 17.

El hecho de que haya sido sólo la “mesa chica” de la CGT la que acordó con los funcionarios de Trabajo anticipa fuertes debates en el conjunto del movimiento obrero. Al cierre de esta nota aun no se habían pronunciado sectores que participan de la conducción de la central obrera, como el moyanismo.

No obstante, conviene recordar que Juan Carlos Schmid y Pablo Moyano comparten la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y que el primero ha sido un aliado histórico de Hugo, el padre del segundo y líder histórico del sindicato de los camioneros.

Por otro lado, tanto la CTA de los Trabajadores (que conduce Hugo Yasly) como la CTA Autónoma (que dirige Pablo Micheli) y la CTA Perón (dirigida por Hugo ‘Cachorro’ Godoy) habián señalado su oposición al proyecto oficial. A la luz de lo consensuado por el gobierno y la CGT, es altamente probable que esa oposición se mantenga.

También se ubican en la vereda de enfrente las organizaciones sindicales de izquierda, como la Coordinadora Sindical Clasista, y regionales sindicales, sindicatos y comisiones internas de base, los que promueven un plan de lucha contra la reforma.