El gobierno propone diálogo. Sin embargo, tiene enfrente algunos sectores del poder económico que ni siquiera respetan la ley, ni creen en el consenso.
Durante 2020 fue imposible darle carnadura a esta expectativa. La pandemia fue una bomba nuclear, no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Los ingresos volvieron a perder por tercer año consecutivo. Los principales funcionarios del equipo económico del presidente, Martín Guzmán y Matías Kulfas, reiteran en cada tribuna que el objetivo es mejorar los salarios. Y, al mismo tiempo, bajar la inflación cercana al 50% que dejó el gobierno de los Ceos.
La pelea por el poder adquisitivo de los que viven de su trabajo, se sabe, tiene una faceta netamente política. Estas últimas semanas hubo algunas batallas. Una fue por las tarifas. El Grupo Clarín pretendía aumentar sus servicios de telecomunicaciones un 20% en medio de la pandemia. Y, como decía la publicidad electoral de Menem en 2003, Clarín lo hizo. Aumentó violando la ley, sin respetar el decreto que declaró servicio público al celular, Internet y la TV paga. Esta acción perdió en dos instancias judiciales hasta que apareció un juez de 82 años, que preserva su lugar gracias a Macri, en la provincia de Córdoba. El magistrado tomó los mismos argumentos de Clarín y le permitió un aumento del 20% a otra empresa, más chica. El antecedente funciona como señal. El Grupo conducido por Héctor Magnetto sigue sin adaptar las tarifas, es decir, colaborando para que los salarios pierdan contra los precios.
Es una muestra del modo de razonar de ciertos sectores del poder económico dominante. Se sienten por encima del Estado, de la ley, de la democracia. Podrían dar la batalla legal que pretenden, pero aceptando que solo tienen autorizado aumentar un 5 por ciento. Lo hacen al revés. Ponen el aumento que se les da la gana y luego van a la batalla legal. El único moderado en esta historia es el gobierno.
Para el Ejecutivo, este conflicto no es un detalle. Funciona como ejemplo para otros grupos económicos. Les muestra que si quieren, pueden vivir por fuera de la ley. Y cuando se los cuestione, defenderse hablando de la libertad y, por supuesto, del respeto a la ley. No colabora con la gobernabilidad de la Argentina y sin eso es imposible que el salario se recupere.
El aporte extraordinario de las grandes fortunas deben pagarlo algo más de 11 mil contribuyentes. ¿Alguien duda de que se va a judicializar? No es que sea una batalla perdida, pero la aprobación de la ley y su reglamentación es solo el principio. No recaudar esos recursos tampoco ayudará a la recuperación del salario.
Y volvió la tensión por las retenciones. La entidad patronal agropecuaria CRA ya hizo su toque de diana. Avisó que si aumentan los derechos de exportación saldrán a la ruta. Se sabe que ese impuesto no es solo para recaudar. También sirve para que los alimentos que compra la población no se vendan al mismo valor que se exportan. Y, de esa manera, mejorar el poder adquisitivo de los salarios, como con las tarifas.
Un sector del poder económico dominante de la Argentina actúa como las empresas que se instalan en los países devastados de Medio Oriente y con un grupo de mercenarios toman un pedazo de territorio para extraer la riqueza. El planteo del gobierno de que sin cierto nivel de consenso es imposible encontrar una senda de crecimiento sostenible en el tiempo es cierto. Sobran los ejemplos en el mundo. El tema es que tiene enfrente sectores que no están dispuestos siquiera a respetar la ley. Quien no respeta la ley, menos aun acepta dialogar y ceder posiciones.
El gobierno necesita ganar terreno en estas batallas políticas si quiere recuperar el salario. Lo precisa además para llegar con chances de revalidarse en la elección de este año. Porque fue por eso y para eso que recibió el 48,28% de los votos.
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