La crisis ambiental por la que atraviesa el planeta está a la vista. Las graves consecuencias que provocan la tosquedad intelectual o las apreciaciones personales sobre el tema trascienden a falta de información, pactos empresariales y definiciones que el propio presidente Javier Milei pueda acarrear sobre la problemática. Pero el jefe de Estado no es el único que se corre de su responsabilidad institucional e ignora cada advertencia climática que ocurre en el país y en el mundo. Un relevamiento realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires detectó graves fallas en la implementación de la Ley Ambiental porteña.

Se trata de la Ley N ° 6380 de CABA, más conocida como Ley Ambiental o “Ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente y desarrollo sostenible para los empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La capacitación es obligatoria para todos los funcionarios, y aborda temas como: gestión de residuos, cambio climático, eficiencia energética, recursos naturales, biodiversidad y derecho ambiental.

Fue sancionada el 3 de diciembre de 2020 y promulgada el 29 de diciembre de 2020. La norma es determinante para que cada persona que tenga en sus manos algún tipo de responsabilidad institucional y de gestión, pueda evaluar con criterio basado en la evidencia, el diseño y la implementación de políticas públicas para reducir los efectos negativos del cambio climático.

La auditoría relevó la implementación, administración y gestión de esta Ley Ambiental, y revisó examinó lo ejecutado en 2022 por la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Sostenible (DGPRDS), que depende de la Secretaría de Ambiente.

Subejecución presupuestaria

La primera inconsistencia grave detectada por el organismo de control porteño, es que el programa no tuvo presupuesto asignado para el período auditado. Al respecto, la DGPRDS dijo que la propia Jefatura de Gobierno local “aprobó un presupuesto total de $1.500.000 (UN MILLÓN QUINIENTOS MI PEOSOS), el cual fue destinado a los cursos Ley Yolanda: Construyendo saberes ambientales”.

Pero la auditoría comprobó que la Jefatura de Gobierno, “en ningún momento aprueba explícitamente algún presupuesto” y que no detalla  los datos presupuestarios para la asignación de la partida informada. Otro de los puntos críticos es que la auditoría verificó la existencia de modificaciones presupuestarias, por lo cual solicitó al ente auditado los actos administrativos que aprobaron dichas modificaciones. El organismo jamás entregó esa documentación y reiteró que no se habían emitido modificaciones presupuestarias.

El organismo detalla en su informe: “Finalmente, se verificó una subejecución presupuestaria de $776.000 del crédito asignado de $1.500.000,00 para la aplicación de la Ley N° 6380, respecto a la partida en la cual tenía crédito sancionado y de $156.434,52 en relación al total de gastos devengados”.

Insolvencias de gestión y administrativas

La gestión administrativa es uno de los puntos donde la Auditoría porteña hizo hincapié en su análisis. El relevamiento exhibe que la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Sostenible, tomó decisiones cuando cuando aún no había sido designada. Entre las decisiones adoptadas, forjó el modo y forma del Curso de Capacitación. Esta irregularidad denota entre los tiempos de promulgación, la diagramación y el nombramiento de la dirección. La ley se sancionó en noviembre de 2020 y se promulgó en diciembre de ese mismo año. Recién en febrero de 2021 realizaron la primera reunión de trabajo para diagramar la implementación de la ley, pero el nombramiento de la DGPRDS se firmó recién en junio de 2022.

De esa primer encuentro participaron, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), la Subsecretaría de Higiene Urbana, como organismo relacionado con la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU); el Ministerio de Educación y el Instituto Superior de la Carrera, organismo fuera de nivel dependiente de la Secretaría de Transformación Cultural del GCBA en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Éste último fue el encargado de proponer y ejecutar la capacitación necesaria para el desarrollo del personal del Gobierno de CABA.

Conclusión

De acuerdo al resultado del relevamiento efectuado, la auditoria recomienda variaos puntos y concluye:

Que, en términos generales, el Programa de Capacitación elaborado, definido y desarrollado por la Secretaría de Ambiente, cumplió razonablemente con el objeto de la Ley Nº 6380 denominada “Ley Yolanda CABA”.

Asimismo, el ente auditado, de acuerdo a lo informado oportunamente, cumplió con las expectativas de diseñar los módulos con tiempos límites, con el objeto que todo el personal termine su capacitación. Que, tanto la extensión y cantidad de contenidos que se iban a brindar como el tiempo dentro de esas subdivisiones, han sido equilibrados en el desarrollo de los temas para que sea abordado de forma pareja, dado que el universo que se deseaba alcanzar era la totalidad de agentes y que todos tengan un concepto básico de la cuestión ambiental y que, a la hora de desarrollar los contenidos se hayan incorporado herramientas de gestión propias del Gobierno de la Ciudad, que permitieron a los agentes identificar la aplicación práctica de los conceptos que estaban recibiendo.

No obstante, el eje “Derecho Ambiental” no estuvo definido y desarrollado de acuerdo a los principios y conceptos jurídicos que la temática requiere para alcanzar con el objeto de la ley cuya aplicación se controló. Además, en relación a las disposiciones de la ley objeto de examen, el Poder Ejecutivo reglamentó en forma parcial los alcances de la misma.