El gobierno intentará aprovechar el envión electoral y dejar atrás el caso Maldonado con hiperactividad.
La convocatoria fue confirmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña a Tiempo, durante la conferencia de prensa que cerró el bunker de Cambiemos. «Vamos a convocar a todos obviamente, pero hay mucho trabajo que hacer particularmente el tema de federalismo fiscal, lo hemos hablado desde el principio y hemos recorrido todas las provincias, diciendo también que tenemos temas pendientes como el Fondo del Conurbano, que (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal ha planteado con mucha valentía después de mucho tiempo de silencio por parte de los gobernadores», disparó el funcionario, con la mandataria al lado. «Entendemos que tenemos que sentarnos en una mesa y encontrar una solución, porque no nos podemos hacer los distraídos», acusó el jefe de campaña de Cambiemos.
La pelea por los 50 mil millones anuales del fondo, cuya controversia es parte de un litigio judicial que está en manos de la Corte Suprema, también es parte de una vía de financiamiento central para los próximos dos años de la adminstración de Vidal al frente de la Provincia de Buenos Aires, un estado con endeudamiento internacional récord.
El plan del Gobierno para sentarse a negociar con los gobernadores buscará reeditar la foto que Macri se sacó con todos ellos el 12 de diciembre de 2015, dos días después de asumir la presidencia. Entre ellos habían dos «gobernas» propios: Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que desde el 10 de diciembre contará con mayoría propia en la Legislatura. En la hoja de ruta de la negociación que el Gobierno buscará llevar con los gobernadores, el oficialismo pretende obtener antes de fin de año acuerdos para habilitar sesiones extraordinarias y extender, en caso de ser necesario, el tratamiento de proyectos de ley de Responsabilidad Fiscal, Impuesto al Cheque y una reforma tributaria. Otro punto es la adhesión a la nueva ley de riesgos del trabajo, que es una de las piezas del diseño de reforma laboral que el Gobierno buscará aplicar y acordar con distintos sindicatos, a través de pactos sectoriales impulsados por el ministerio de Trabajo.
Desde este lunes el Presidente encabezará una agenda hiperactiva que le permita capitalizar el resultado en las urnas, pero también alejarse, lo más pronto posible, del impacto provocado por el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado el martes pasado. Desde entonces, hasta los primeros resultados de la autopsia realizada este viernes, el oficialismo transitó momentos de zozobra, a pesar de las dudas sobre un posible perjuicio electoral. Anoche esa preocupación se disipó en la medida que el bunker de Cambiemos dejó la cautela para pasar a la euforia. Poco antes del escrutinio, un funcionario de la Casa Rosada que estaba en el bunker, confirmó que la cautela continuará hasta que el juez Gustavo Lleral avance en la investigación, y tenga los resultados finales de la autopsia, pero anticipó que en el ministerio de Justicia, y en la secretaría de Derechos Humanos, evalúan la posibilidad de impulsar acciones judiciales a «quienes le mintieron al juez» en referencia a una contraofensiva legal que buscará afrontar las sospechas de encubrimiento que recaen, especialmente, en la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su jefe de asesores Pablo Noceti. La funcionaria pasó toda la noche recluida en el sector VIP del bunker oficial y no fue exhibida, aunque estuvo junto a los principales candidatos durante toda la velada.
Con el nuevo escenario electoral, a dos años de haber llegado al Gobierno Nacional, Cambiemos reforzó su presencia en dos distritos clave para su gobernabilidad: la provincia y la ciudad de Buenos Aires, aunque sumó liderar los comicios de Santa Fe, con una ventaja que dejó en segundo plano al peronismo, y en tercer lugar al socialismo, que conduce el gobierno provincial con Miguel Lifschitz a la cabeza. A esa catástrofe para el oficialismo santafesino, Cambiemos sumó victorias en Córdoba y en Mendoza, y se adjudicó los cinco principales distritos del país, resultado que no sucedía desde las legislativas de 1985, cuando el radical Raúl Alfonsín llevaba dos años de mandato. 32 años después esa geografía electoral respaldó a una fuerza de derecha, que buscará catalizar los reclamos del establishment para reducir el déficit fiscal y aplicar un ajuste que, dentro del Gobierno, divide posiciones entre gradualistas y los sectores más duros, que consideran que ha llegado el momento para avanzar en las reformas que no se pudieron aplicar hasta ahora.
En la reedición de las mesas de diálogo que fracasaron hace un año, la administración de Cambiemos intentará acuerdos de gobernabilidad, especialmente con gobernadores, empresarios y sindicatos, que le permitan afrontar un posible incremento de la conflictividad social y laboral.
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