Contempla un gasto de 6,9 billones y un endeudamiento de 168 mil millones de pesos. La prioridad está en la obra pública, en educación, salud y seguridad. Los impuestos subirán por debajo de la inflación.
La presentación estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, quien expuso ante los diputados y senadores de todos los bloques políticos en el anexo de la Cámara de Diputados, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de la Cámara baja, Federico Otermín.
El Presupuesto, que ingresará en las próximas horas por Diputados, prevé un gasto de 6,9 billones de pesos, un déficit primario de 50 mil millones (1,2% del presupuesto total) y un déficit financiero de 130 mil millones (3,7%). Incluye, además, un pedido de endeudamiento por 168 mil millones de pesos, un ítem que requiere los dos tercios de los votos para su aprobación.
Antes de explicar los ejes del proyecto, López realizó un diagnóstico de situación de la economía provincial. Ayudado por un power point, el funcionario aseguró que la actividad económica lleva un año y medio de crecimiento consecutivo y mostró que todos los rubros -industria, agricultura, construcción, comercio, hoteles y restaurantes, transportes y comunicaciones- ya muestran niveles superiores a los de 2019. También apuntó que el empleo se sostuvo a lo largo de 2022 y que se crearon 94 mil nuevos puestos en el último año, y que las exportaciones acumulan niveles récord desde 2010.
El funcionario también habló del aporte de la provincia a la economía nacional y reiteró, en este sentido, el reclamo de más fondos de coparticipación. Precisó que «Buenos Aires es la que más aporta en términos netos, un 37%», y añadió que sólo «recibe el 22%». «Esto significa una brecha muy fuerte para los indicadores de vulnerabilidad social que tiene la provincia», remarcó.
Respecto de la situación financiera, el economista recordó que se llegó «a buen puerto» en la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, lo que permite tener vencimientos muy distintos a los que tenían cuando se inició la gestión. «El año pasado pagamos US$ 100 millones; este año ya pagamos US$ 288 millones y en 2023 tendremos vencimientos por menos de US$ 400 millones», puntualizó.
Ya entrando en el presupuesto, López explicó que el proyecto 2023 vuelve a priorizar la inversión en infraestructura. «Sigue creciendo la inversión en obra pública, se profundiza la inversión en salud, educación, vivienda y seguridad, con la perspectiva de género como eje transversal y, además, se incluye la perspectiva ambiental», dijo.
El Presupuesto plantea una inversión de capital total de 553.635 millones, lo que significa una suba del 24,9% respecto de 2022 y de 123,3% en términos reales respecto a 2019, llegando a representar el 8,0% del gasto total previsto para el año que viene. El 83% de estos fondos serán destinados a áreas clave como Educación, Salud, Seguridad, Vivienda, Vialidad, e Infraestructura hídrica y energética.
Entre las obras que mencionó López están la construcción de estaciones transformadoras de energía; viviendas; obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales; pavimentación de caminos productivos; obras de iluminación, señalamiento y de seguridad vial; obras de agua y saneamiento, que incluye la construcción de plantas potabilizadoras de conducción de agua potable, acueductos, desagües pluviales y cloacas, entre otras.
En Educación, en tanto, la inversión proyectada en obras y equipamiento es de un 48% más que en 2022 y de 435% en términos reales respecto de 2019. En 2023, el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación alcanzará los 1.827.587 millones, de los cuales 64.257 millones serán para obras y equipamiento. En particular, el presupuesto contempla $23.900 millones para el programa Escuelas a la Obra, $4.327 millones en tecnología educativa y 3.273 millones para fortalecimiento edilicio de jardines.
En Salud, la inversión prevista -por fuera de los salarios- es de 162.350 millones en equipamiento, insumos e infraestructura y representa un 5,8% respecto de 2022, mientras que Seguridad y Justicia contarán con un presupuesto total para equipamiento e infraestructura de 62.093 millones, lo que implica una mejora del 406% en términos reales con respecto a 2019.
López remarcó que es el segundo presupuesto con perspectiva de género y el primero con perspectiva ambiental. En el primer caso, la inversión alcanzará los 128.935 millones, lo que representa un 2,5% del presupuesto total; mientras que en el segundo ítem, el flamante Ministerio de Ambiente se llevará un presupuesto de 11.969 millones en 2023, lo que representa un aumento de 47% real respecto a este año.
«Este proyecto de Presupuesto 2023 profundiza las políticas necesarias para avanzar hacia un desarrollo con inclusión en la Provincia. En ese sentido, incrementamos la inversión de capital sostenidamente entre 2020 y 2022, y proyectamos cerrar el año 2022 con un crecimiento real de 45,4%, lo que permitió situar los niveles de inversión un 80% más altos que en 2019», señaló el titular de Hacienda.
En cuanto a la ley fiscal impositiva, el ministro remarcó que el Gobierno tiene «la premisa de no aumentar la carga tributaria a los bonaerenses» y que, por esto, las subas proyectadas en los impuestos patrimoniales serán más bajas que la inflación. El Impuesto Inmobiliario subirá hasta un 60% y el Automotor un 40%, lo que «garantiza una disminución de la carga impositiva», planteó.
En Ingresos Brutos, el tributo con mayor incidencia en las arcas provinciales, se mantendrán las alícuotas aunque aumentará en un 95% el monto máximo de facturación, en relación con la inflación, para seguir beneficiando a las pequeñas y medianas empresas con las alícuotas reducidas. Al mismo tiempo, sostendrá la exención por 12 meses a los nuevos contribuyentes de régimen simplificado.
El proyecto comenzará a ser debatido en las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras y es probable que sean llamados a exponer cómo planean ejecutar el gasto los ministros de las áreas más sensibles. Como cada año, la negociación en busca del acuerdo será ardua ya que el oficialismo no tiene mayoría y depende de Juntos y otros bloques para conseguir los votos. La oposición ya anticipó que reclamará la reedición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y del Fondo de Seguridad, dos ítems claves para los intendentes más en el año electoral, que no fueron incluidos en el texto girado este viernes a la Legislatura.
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