“Nuestros senadores van a lograr algo histórico e inédito. El oficialismo no va a poder sacar el quórum solo», prometía la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuando faltaban veinte días para las generales del 14 de noviembre. La arenga de campaña formaba parte del objetivo de sumar cinco senadores en las ocho provincias que elegían representantes para ese recinto.

Luego de los comicios, con la victoria en 13 provincias, el interbloque opositor sumó esas bancas y pasó de tener 26 bancas a las 31 que posee actualmente, con dos aliados que le permiten alcanzar los 33 escaños. Esa composición tan promovida desde el final de las PASO cambió el 10 de diciembre y se puso finalmente en juego este miércoles, durante la última sesión del año, pero concluyó en un escándalo que continuará en la Justicia con pocas chances de prosperar.

La victoria opositora en las urnas se hizo sentir en el nuevo Senado. El oficialismo perdió seis de las 41 bancas que tenía y quedó a merced de dos premisas que deberá mantener de ahora en adelante: garantizar la asistencia perfecta de sus 35 integrantes y preservar el vínculo con los aliados provinciales Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia Misionero, y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. Ambos escaños, que reportan a los gobernadores Oscar Herrera Ahuad y Arabela Carreras, aportan las dos presencias que necesita el oficialismo para llegar a los 37 necesarios para abrir la sesión.

Este miércoles ese mecanismo estaba listo para activarse con un objetivo fundacional: garantizar el quórum en la primera sesión sin los números propios para sesionar. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió hace un mes, en su última carta pública, que desde el 10 de diciembre el peronismo iba a quedarse sin quórum por primera vez desde la recuperación democrática. En realidad es la segunda, porque la primera sucedió en 2009 y se mantuvo de ese modo hasta 2011 cuando lo recuperó.

En la última sesión del 2021 el FdT estrenó nuevas estrategias por primera vez en doce años y finalmente logró sancionar una serie de modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, luego de una larga pulseada en Diputados que terminó siendo negativa para JxC. Sin embargo, hubo un imprevisto que obligó al FdT a buscar ayuda en la línea de aliados más esquivos.

Antes del comienzo de la sesión, prevista para las 15, el senador catamarqueño Guillermo Andrada dio positivo de covid. El bloque oficialista, conducido por el formoseño José Mayans, para cubrir el bache recurrió a la riojana María Clara del Valle Vega, del bloque «Hay Futuro», que fue aliada de Cambiemos y responde a la intendenta de la capital provincial Inés Brizuela y Doria, enfrentada con el gobernador Ricardo Quintela, del PJ. Vega llegó a la banca en 2019 y reemplazó a Brizuela y Doria que fue electa jefa comunal.

Se mantuvo como aliada de Cambiemos hasta las elecciones, por diferencias con Bullrich, la principal impulsora de la campaña de los «cinco senadores», pero también con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, porque en La Rioja no se conformó el frente de JxC, sino una competencia entre el PRO y la UCR. Vega, de origen peronista, respaldaba al macrista Julio Sahad, que terminó resignando su candidatura. Fue la gota que rebalsó el vaso de la senadora.

Hasta ese momento estaba por integrarse al interbloque de JxC, pero desde el 10 de diciembre registró un monobloque y se quedó en el Interbloque Federal junto a Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y al ex gobernador salteño Juan Carlos Romero. Los dos últimos son aliados de JxC, pero Vega se diferenció y concluyó su distanciamiento cuando cayó el tratamiento del presupuesto 2022 por la negativa opositora.

La senadora apostaba por su aprobación en Diputados porque, entre otros puntos, había una partida extraordinaria de 1.000 millones de pesos para auxiliar al municipio de La Rioja que atraviesa un duro conflicto por la recolección de residuos urbanos y empeoró la tensión existente entre Brizuela y Quintela.

Entre la confirmación del diagnóstico de Andrada y el ingreso de Vega para dar quórum pasaron 40 minutos de las 15, es decir, diez por encima del plazo establecido por el reglamento. Si bien nunca se invalidó una sesión por una demora de ese lapso de tiempo, porque la discusión se diluye cuando se consigue el quórum, el interbloque de JxC redobló la apuesta y amenazó con judicializar la sesión.

Lo anunció el mendocino Alfredo Cornejo, calzado en el traje de flamante jefe del interbloque, y se concretó este jueves con un amparo presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 5, a cargo de María Alejandra Biotti. Los jefes de todos los bloques del espacio solicitaron que «declare la nulidad absoluta de la sesión especial, llevada adelante en abierta y franca violación al art. 15 del Reglamento».

Se trata de la tercera impugnación que promueve JxC desde el inicio de la pandemia. La primera data de septiembre de 2020, presentada por las autoridades parlamentarias de Cambiemos para dejar sin efecto la sesión de Diputados del 1° de septiembre, realizada luego de una fallida reunión de labor parlamentaria que insumió ocho horas de negociaciones.

El protocolo de sesiones remota fue renovado con el apoyo de los demás bloques opositores, sin Juntos por el Cambio y sus jefes decidieron impugnarla en un caso que está en manos del juez en lo contencioso administrativo y federal Enrique Lavié Pico. El segundo fue impulsado por los senadores de JxC contra el decreto parlamentario 14/20, firmado por CFK. Sostuvieron que «fue votado de manera irregular» y que necesitaba una mayoría de dos tercios, pero el FdT lo aprobó por mayoría simple.

De los dos amparos previos no hubo novedades y quedaron abstractos. El tercero podría correr la misma suerte. En primer lugar, los magistrados de primera instancia que intervienen en estos planteos suelen sostener que son controversias políticas no judicializables. Todo en el marco de la acción declarativa de certeza de constitucionalidad que presentó ante la Corte la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.

En abril de 2020 le pidió a la Corte que definiera la constitucionalidad de las sesiones remotas y la mayoría del máximo tribunal no se expidió porque significaba la intromisión de un poder sobre otro, que funciona de acuerdo al reglamento que definen sus miembros.

Esa definición del máximo tribunal ha desalentado la proliferación de controversias judiciales respecto al funcionamiento del Congreso. Podría ser determinante en el nuevo amparo presentado y dañar la estrategia elegida por JxC en una sesión donde apostaban a que el oficialismo no obtendría el quórum de ningún modo.

El contagio de Andrada y la irrupción de Vega marcaron cuarenta minutos determinantes. Con ella llegaron a los 37, pero cuando se confirmó el quórum también se sentó la flamante senadora Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal.

Vigo planteó sus disidencias, se abstuvo de votar los cambios de Bienes Personales, pero demostró que si el oficialismo suma los voluntades para sesionar, ella está dispuesta a participar y poner sobre la mesa las negociaciones que le importan a su provincia, como es el caso de reformar el nuevo régimen de biocombustibles que este año aprobó el Congreso, pero que transita seis meses de revisión por parte de la Secretaría de Energía.

Entre las 15 y las 15.40 del miércoles el espacio conducido por Cornejo eligió la opción de máxima y se refugió en el reglamento para salir de una sesión donde el oficialismo se preparaba para sellar la pulseada que venía de Diputados y que Juntos por el Cambio no pudo revertir.