Roberto Guillermo Bravo era teniente de la Armada y participó en los fusilamientos de hace 50 años. Fue trasladado a Washington como agregado militar en 1973 y se radicó en Florida. Tiene pedido de captura. Es un juicio civil.
El 28 de febrero comenzará en Estados Unidos el juicio civil contra el exteniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo, por su presunta responsabilidad en los fusilamientos de militantes detenidos en la Base Almirante Zar de Trelew, el 22 de agosto de 1972, en lo que se llamó la «Masacre de Trelew». El hecho conmovió a la Argentina de hace 50 años y que adelantó la ferocidad que los militares estabn dispuestos a aplicar para imponer un proyecto de país resistido por las mayorías de la sociedad.
El juicio se desarrollará ante una corte federal del distrito sur de Florida, donde Bravo reside desde 1973 y sobre quien pesa un pedido de extradición que se tramita por separado. La información fue difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en su página oficial.«Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenidos en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972» detalla el Cels, aclarando que «la demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación».
«Este juicio es una de las tantas estrategias que han desplegado las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos graves delitos» informó.
El Cels recordó que «en 2012 se desarrolló (en Rawson) el juicio por la masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia donde se condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por sus responsabilidades en la masacre».
Durante ese juicio «Bravo no pudo ser juzgado ya que en 1973 fue enviado a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina. Luego de su retiro de la fuerza en 1979 permaneció en Estados Unidos y hoy es ciudadano de ese país».
En el marco del proceso penal iniciado por familiares de las víctimas en la Argentina se solicitó su extradición, sin embargo, el pedido fue rechazado en 2010. Actualmente se encuentra en trámite otro pedido de extradición a la espera de la decisión del juez federal Edwin G. Torres.
«El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS», detalla el informe.
Este proceso civil, que comenzó en octubre de 2020 y que llegará a juicio el 28 de febrero próximo, avanza por separado al pedido de extradición y constituye un nuevo pedido de reparación y de rendición de cuentas.
La llamada «Masacre de Trelew» es el episodio de los 19 presos políticos que se habían evadido de la cárcel de Rawson el 15 de agosto de 1972 y se entregaron en el aeropuerto de Trelew, aunque no volvieron a la Unidad 6 del servicio penitenciario federal sino que fueron llevados a la base de la Armada donde fueron acribillados en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
Dieciséis murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
Los tres sobrevivientes (María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar), lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.
El equipo legal en EE.UU. «presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos» informó el Cels.
Se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos.
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