En la Legislatura porteña, Juntos por el Cambio presentó proyectos que beneficiarían a grandes desarrollos inmobiliarios. Pocas medidas para enfrentar la escasa oferta de casas para inquilinos. El Frente de Todos planteó duras críticas.
Estos encuentros se dan después de que, en medio de una ola de rumores sobre la posible derogación de la vigente ley de alquileres, Horacio Rodríguez Larreta anunciara la semana pasada medidas que desde el GCBA consideran paliativos para los inquilinos y propietarios cuyas viviendas se encuentran vacías o destinadas al alquiler temporario por plataformas como Airbnb.
Las iniciativas que propuso el cuerpo legislativo del Ejecutivo porteño constan de:
> la eximición del pago del 80% del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable -más conocido como plusvalía- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 (el sur y el oeste de CABA) para obras a iniciar antes del 31 de diciembre de este año.
> excluir del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del impuesto inmobiliario a los inquilinos (esto último ya contemplado por la actual Ley de Alquileres nacional).
> eximir del pago de ingresos brutos a propietarios de hasta tres inmuebles, moviendo el monto límite de $75.000 actual a $220.000.
> la creación de un régimen de co-vivienda, similar al implementado por la ley 341 del 2000, en donde el estado porteño “prestaría” terrenos para ejecutar construcciones de edificios.
A estas posibles leyes se suman las aplicaciones del IVC anunciadas anteriormente:
> el plan Refacción + Fácil para financiar obras de reformas y mejoras en viviendas desocupadas para mejorar la oferta.
> Garantía + Fácil para bonificar hasta el 70% del seguro de caución para alquileres con monto tope de $145.300.
> Alquilar + Fácil para financiar hasta en hasta 36 cuotas gastos de alquiler, depósito, garantía y mudanza, con un tope máximo de $438.000.
Los proyectos de ley mencionados fueron presentados por el legislador y presidente del bloque de Vamos Juntos Diego García de García Vilas; la presidenta de la comisión de vivienda Cecilia Ferrero; la presidenta de la comisión de Seguridad Paola Michielotto y el legislador radical Gustavo Mola.
Si bien los proyectos estarían destinados a mejorar la experiencia de los arrendatarios, lo cierto es que las políticas que el oficialismo porteño busca aprobar, y que podrá hacerlo por mayoría, solo ofrecen beneficios concretos para propietarios pero no abordan de manera integral el principal problema que aqueja a este sector: baja oferta y altísimos costos.
Ante esto, la legisladora porteña del Frente de Todos (FDT), Claudia Neira, habló con Tiempo tras finalizar la reunión en comisiones y manifestó su preocupación por la nula resolución del conflicto de vivienda.
“El proyecto que busca eliminar el pago de los derechos de construcción está mal planteado, porque no tiene ningún tipo de diagnóstico ni análisis sobre los sectores que planean dinamizar por sobre otros. Se busca construir más en comunas en donde, según dice el GCBA, no hay tanta construcción, pero no se tiene en cuenta el código urbanístico de los barrios y, por sobre todo, la voluntad de los vecinos de no tener una construcción edilicia al lado de sus hogares. Además, se busca eliminar la plusvalía a construcciones de más de 2500 m2, es decir, a grandes desarrollos. Esto evidencia que beneficia a los negocios inmobiliarios y no a los inquilinos.”
Respecto a la idea de “mejorar la oferta” que tiene el gobierno de la Ciudad, la legisladora afirma que no se realizó un análisis integral del mercado, puesto que la demanda de alquileres no es uniforme en toda la ciudad y esta investigación no está incluída en ninguna de las medidas ni proyectos que busca implementar el ejecutivo porteño. “Es necesario contar con un mapa de oferta-demanda, porque de esta forma se están beneficiando a construcciones en lugares donde no son altamente demandados.”
Además, advirtió que el proyecto de “Co-Vivienda” no especifica cuáles serán las tierras públicas que el gobierno de la ciudad pondrá a disposición para la construcción de viviendas y que no se puede conocer la totalidad de las mismas ya que no existe un “banco de tierras públicas” que garantice el listado total de terrenos disponibles y que la construcción en los mismos no beneficie a ciertos sectores por sobre otros. “No queremos que esta ley termine como la 341, con la cual sólo se construyeron 1000 viviendas en más de 20 años, esto no soluciona en lo absoluto el problema de base”, afirma la diputada porteña.
“Estas políticas son ínfimas al lado de los 16 años que el PRO permitió que el mercado inmobiliario se mueva libremente. La situación de los alquileres no responde únicamente a la crisis económica macro que se da a nivel nacional, en la ciudad hay una política de garantizar la concentración de viviendas en determinadas comunas, que garantiza una ociosidad enorme. La comuna 12 (integrada por los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y la 14 (integrada totalmente por Palermo) tienen el 50% de la construcción de la Ciudad. En la ciudad las tierras están atadas al interés financiero, esto no puede continuar pasando”, sentencia.
La semana que viene se llevará a cabo otro encuentro de la comisión de Vivienda del que participarán asesores y diputados. Siguiendo el cronograma de tratamiento, en las próximas semanas los proyectos podrían ingresar al recinto y ser aprobados gracias a la mayoría parlamentaria con la que cuenta Juntos por el Cambio en la Ciudad.
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