A días del 24 de marzo, la Comisión de Juicio Político de Diputados, que investiga presuntas irregularidades en la función de los ministros de la Corte Suprema, avanzó este martes en la denuncia vinculada al fallo del máximo tribunal que en 2017 le otorgó el beneficio del 2×1 al represor civil condenado Luis Muiña. Los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que estaban convocados por la Comisión faltaron.
Estaban citados el exministro de Justicia, Germán Garavano, el actual senador del PRO José Torello, el exsecretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el exconsejero y operador judicial de Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, quien además se encuentra prófugo en Uruguay.
Garavano informó que estaba de viaje en Córdoba por una actividad laboral y quedó a disposición de una nueva invitación. Torello envió un escrito en el que señaló: “No avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscabe la inmunidad que protege la función que ejerzo por mandato popular”. Y agregó que “la Cámara de Diputados carece de competencia” para citarlo.
A Rodríguez Simón, que este martes recibió un nuevo rechazo de la justicia uruguaya a su pedido de asilo político, le había enviado una nota a Interpol para requerir los pasos a seguir para su presentación. Pero la Policía Internacional respondió explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su situación en Uruguay. Finalmente, Otamendi avisó que también estaría de viaje y no podría estar
En cuanto a las declaraciones, los legisladores escucharon el testimonio de la ex enfermera Gladys Cuervo, quien fue víctima de la dictadura militar en el Hospital Posadas. Cuervo sostuvo que el fallo del «2×1» que benefició a uno de sus represores, Luis Muiña, fue «una amnistía encubierta» y consideró que se trató de una decisión «del partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar».
La Comisión investiga un posible acuerdo entre la Corte Suprema y el entonces gobierno de Cambiemos para beneficiar a genocidas con el «2×1»- computar doble el tiempo de detención antes de contar con una sentencia firme-.
La declarante denunció que «siempre hubo espionaje en el Posadas. Nunca se fueron del todo. Siempre hicieron tareas de inteligencia» y señaló que el fallo que benefició a Muiña fue una decisión de «un partido que es el partido judicial que vino a continuar la obra del partido militar».
Tras el testimonio de Cuervo, Juntos por el Cambio cuestionó que se haya “revictimizado” a víctimas de la dictadura en la Comisión. “A todos nos conmueven las víctimas del terrorismo de Estado, pero la historia no es parcial. Nos tenemos que hacer cargo cada uno qué hizo en esa época, qué defendió, qué calló, por lo que peleó y omitió”, señaló la diputada de la Coalición Civica, Paula Oliveto.
“Traer estos testimonios en la semana del 24 de marzo para sensibilizarnos y dividirnos cuando es un tema que nos une habla muy mal de ustedes, más que de nosotros”, opinó. Luego, en alusión a críticas indirectas que se hicieron al gobierno anterior bajo la hipótesis de que el fallo 2×1 fue orquestado entre el Máximo Tribunal y la gestión de Mauricio Macri, la porteña completó: “Nosotros no somos herederos de ningún partido militar. Les recomiendo que vean las posiciones de nosotros y de los líderes de ustedes en el ‘83”.
También declaró Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, secuestrado y torturado por Muiña, quien expreso que «la Corte Suprema quiso, en la figura de él, nunca entendí por qué, lo hayan elegido para estar en el 2 x1, que nos cayó muy mal». Por otro lado se escuchó la palabra de Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz.
