En el último tramo del trabajo de la Comisión de Juicio Político este martes seis de junio, respecto a la investigación que lleva vinculada a las denuncias por irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, los legisladores oficialistas -que conforman la mayoría en la Comisión- votaron para que se cite al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda.
A través de un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que leyó la diputada Vanesa Siley, en la Sala 1 del anexo donde deliberaba la Comisión presidida por Carolina Gaillard, los legisladores del Frente de Todos pidieron que se convoque al ministro de la Corte «en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político».
«Todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás ministros de la Corte, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse», aclararon en el escrito presentado con firma digital en la quinta y última audiencia relacionada con la Obra Social.
Tras retomar las audiencias, la Comisión consideró que los cargos contra Maqueda, por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, ya se encuentran ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando a lo largo de las audiencias.
La encargada de explicar la citación fue la diputada Siley. Señaló que “el período Maqueda termina cuando él renuncia con el mail presentado a fines de agosto de 2021″. “Nadie renuncia a lo que no fue, no tuvo o no ejerció. Si hay una renuncia es porque hubo una función que se ejerció. En este caso de supervisión”, agregó.
Tras seis reuniones durante las cuales declararon 17 testigos, este martes los legisladores terminaron de escuchar a la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.
También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla.
Maqueda podrá presentar un informe escrito, según lo establece el reglamento interno ya que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”. La oposición reclamó por la unilateralidad de la decisión del oficialismo y adelantó que presentarán “las nulidades que correspondan”.
“Lo que hizo Siley es un alegato, evaluó la prueba. Hizo conclusiones que no comparto y ya llegó a la conclusión con contradicciones. Es una irregularidad porque están votando esto cuando todavía ni siquiera se evaluó toda la prueba”, planteó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
