En el juicio que se sigue en Rosario a 16 ex militares y ex policías, las querellas y la fiscalía solicitaron que se agreguen los hechos de los que fueron víctimas los hijos e hijas de las personas secuestradas y desaparecidas.
“Han surgido durante este debate numerosos casos de niños y niñas que fueron secuestrados junto con sus padres y que luego de un tiempo fueron entregados a sus familiares. Resulta innegable que durante algún tiempo- sea corto o largo- estuvieron privados de su libertad. Desde el derecho a la verdad y a una reparación integral se hace preciso reconocerles el verdadero lugar que ocuparon. Y ese lugar es el de víctimas del Estado Terrorista”, señaló Schujman en su presentación.
Al pedido de HIJOS se sumaron también el Ministerio Público Fiscal y las querellas de la APDH y de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para incluir un total de 19 nuevas víctimas en el juicio.
La ampliación de la acusación busca que se juzguen ahora estos hechos y que esas víctimas no tengan que esperar que se investiguen nuevamente en un juzgado de instrucción, lo que demoraría años en llegar a un juicio oral y provocaría que la mayoría de los imputados no lleguen con vida.
El Tribunal, integrado por María Noel Costa, Jaime Díaz Gavier y Mariela Emilce Rojas, aún no decidió si lo aceptará o no. Mientras tanto, las últimas audiencias antes del comienzo de los alegatos se ocuparon con la lectura de las nuevas acusaciones y las declaraciones indagatorias a los imputados implicados.
“Cuidá a tu hermano, no lo dejes solo, no se separen que después yo los busco, anda tranquilo…”. Diego y Gustavo López Torres declararon en el debate y recordaron las últimas palabras que les dijo su mamá, Graciela Susana Capocetti, al momento de su secuestro. Graciela estaba embarazada y permanece desaparecida desde ese 18 de agosto de 1977 al igual que su compañero, Guillermo López Torres, secuestrado ese mismo día.
Diego tenía 3 años y su hermano apenas 1. Fueron alojados en la Sección Femenina de la Policía de Menores y días después fueron separados y llevados a la casa de dos mujeres que trabajaban en esa comisaría. Recién siete meses después se pudieron reunir con su familia, cuando sus abuelos paternos los encontraron.
María Carina Tumini tenía dos años cuando fue secuestrada en la calle junto a su mamá, Mónica Marta Capelli. Ese mismo día fue llevada por dos hombres a la casa de una vecina, quien logró contactar a su familia. Antes, permaneció varias horas cautiva junto a su mamá. “Cuando me llevan mis abuelos, a los dos, tres días levanto la vista y miro a mi abuela y a mi tía y les digo: “Qué malos esos señores. Qué malos esos señores que le pegaban a mamá Mónica en la panza”. Con lo cual yo entiendo que he estado ahí con ella en algún lugar y después alguien me ha llevado de nuevo con esta familia, que como les decía tardó tres días en contactarse con mis abuelos para que me lleven”, contó en el debate.
Alrededor del 20 de septiembre de 1977, Mario Bordesio fue secuestrado junto con sus padres Olga y Mario. Luego de un tiempo, fue llevado por hombres de civil a la casa de su tío paterno y su pareja, quien recibió al niño. “(…) una camioneta nueva con tres hombres jóvenes que me llevaban a mí y a mis pertenencias, ropa, juguetes y alguna manta. Cuenta que me entregaron y el diálogo fue muy breve. Ella les preguntó si mis padres estaban bien y le respondieron que sí, que estaban bien”, declaró Mario y añadió: “Me contó que mi estado no era bueno, que tenía muy mal olor, y que mis pertenencias también. Que tenía lastimada la nariz y la boca y que parecía que estaba resfriado ya hacía varios días sin haber recibido atención médica. Además, mis tíos me contaron que durante meses después de recibirme yo lloraba todo el tiempo. Como dije, al momento de que me separaron de mi papá y mi mamá yo no había cumplido un año”.
Estos son apenas tres de los 19 casos que las partes acusadoras buscan incorporar. A ellos se suman Patricia Amavet; María De Los Ángeles Lozano, Karina y Juan Pablo Tripodi, Martín Hoet, Daniel Ernesto Cian, Iván Alejandro Vega, Maria Laura Megna Tasada, Alejandro y Marcos Ruggero, Mariana Bosso y Lucas, Federico, Bárbara y Martín Mac Guire.
A pesar de la visibilidad que tuvieron los crímenes cometidos contra las infancias en la última dictadura, son muy pocos los casos que llegan a juicio oral, más allá de las causas en las que se juzgan apropiaciones. Muchos niños y niñas fueron secuestrados junto a sus padres y llevados a centros clandestinos de detención y otros fueron abandonados en su casa tras violentos operativos represivos.
La gran mayoría de hijos e hijas integra las causas como testigos de lo que les ocurrió a sus familias, sin embargo, en los últimos comenzaron a reclamar su lugar como víctimas de esos delitos.
En 2021, el ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 Carlos Españadero fue condenado por el secuestro, tormentos, abuso deshonesto y coacción contra 17 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes del entorno familiar de Mario Roberto Santucho.
El juicio arrancó sólo con el caso de María Ofelia, quien tenía 15 años al momento de los hechos. Luego, por pedido de la fiscalía y querella, el Tribunal Oral Federal 6 de CABA hizo lugar a la ampliación de la acusación e incluyó a sus hermanas menores, primas y su primo de apenas 8 meses, hijos del líder del PRT-ERP
Con ese antecedente, se comenzó a pedir la inclusión en otros juicios, como en el del Regimiento de Infantería de Mercedes (2022), por los hechos sufridos por Bárbara y Camilo García, quienes tenían 8 y 4 años cuando fueron encerrados, golpeados y amenazados por el grupo de tareas que secuestró y desapareció a su mamá, Rocío Martínez Borbolla. Sin embargo, los jueces Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, lo rechazaron.
Otros casos emblemáticos fueron el juicio por la masacre en la quinta La Pastoril (2022) y por los crímenes cometidos en Laguna Paiva (2021), en los que los crímenes contra una gran cantidad de niños y niñas quedaron afuera del debate.
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