En el marco de la reunión, la oposición pidió reactivar los pedidos de juicio político contra el presidente.
Previo al encuentro, que comenzó pasadas las 11, el Frente de Todos tomó el guante y presentó mediante un proyecto de resolución contra Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda “por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, en el caso de la medida cautelar dispuesta por ese tribunal para suspender las elecciones en San Juan y Tucumán.
En los fundamentos, los diputados sostienen que «sin perjuicio de que cada una de las causas mencionadas tiene sus propias particularidades, puesto que partimos de la interpretación de dos textos constitucionales diametralmente diferentes y los hechos que llevaron a dichos cuestionamientos también son diversos, la Corte Suprema metió todo en el mismo paquete y resolvió de manera análoga ambos expedientes”.
Asimismo, destacaron que la Corte lo hizo “sin discriminar las diferencias entre ambos y con un único objetivo concreto: suspender las elecciones a como dé lugar, sin hacer una ponderación adecuada de los hechos y poniendo en crisis la argumentación jurídica esbozada y especialmente la jurisprudencia citada”.
La ampliación lleva la firma de las y los diputados Nacionales del FdT Germán Martínez, Eduardo Valdes, Nilda Carrizo, José Luis Gioja, Ricardo Herrera, Graciela Caselles, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Juan Manuel Pedrini.
Como contraparte, como contó Tiempo, Juntos por el Cambio pidió incorporar al tratamiento de la Comisión los pedidos de juicio político a Alberto Fernández. En ese marco, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó: “Hoy el kirchnerismo está incorporando nuevos pedidos de juicio político a la Corte Suprema por los fallos de San Juan y Tucumán. No tienen otro propósito que seguir embarrando”.
“Atento a esto, estamos pidiendo una ampliación de las causales de juicio político al presidente”, señaló el diputado cordobés. Y luego advirtió que “hay dos pedidos de juicio político contra el presidente presentados por Juntos por el Cambio: el de la fiesta en Olivos y cuando convocó a desoír el fallo de la Corte por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”.
Los Testigos
Después de ausentarse en cuatro oportunidades, el ex director de la obra social del Poder Judicial Aldo Tonón se presentó este jueves en la audiencia junto a su abogado, el mediático Mauricio D’Alesandro. La convocatoria de Tonón se dio bajo la fuerza pública por los que intervino el Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Amparado en el artículo 18 de la Constitución, que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, cauteloso, Tonón respondió que “la decisión de mi renuncia al directorio de la obra social obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado”.
“La obra social es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto los ministros estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura”, agregó Tonón.
Luego agregó: “Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse”.
Otros presentes fueron Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, citado en otras oportunidades, que no pudo concurrir. Se trata del director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que fue apartado de la Secretaría General de Administración tras cuestionar al accionar del los cortesanos.
Lo que viene
Se votó la ampliación de la prueba a partir de la propuesta de la diputada Vanesa Siley para convocar a nuevos testigos en la causa de la obra social. Con la mayoría de los votos del oficialismo se incorporó a la lista de testigos vinculados todos a la investigación de las irregularidades de la obra social. Son: la doctora Marcela Carlomagno, titular del Juzgado Civil N°61 de Capital Federal, en su calidad de afiliada de la obra social; al doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica y uno de los firmantes de muchos dictámenes jurídicos de licitaciones y contrataciones; a la doctora Marta Graciela Herrera Alem, en su calidad de exdirectora, vicepresidenta, y exintegrante de la vocalía de Juan Carlos Maqueda; a Milagros Jones, que trabaja en Compras y Licitaciones; y a Claudia Viviana Mayde, en su calidad de exdirectora de la misma institución.
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