El oficialismo se reagrupó y salió a dar pelea contra la Corte Suprema y sus declarados defensores de Juntos por el Cambio, en todos los ámbitos en los que todavía tiene representación institucional. Los ejes en los que se parapetó son tres: el territorial (logró encolumnar al presidente Alberto Fernández y a once gobernadores e intendentes de todo el país), el legislativo, tras el alineamiento de todos sus legisladores nacionales detrás del proyecto del juicio político a la Corte Suprema, y el judicial, en manos del ministro Martín Soria, encargado de transformar en denuncia penal todas las irregularidades que aparecen en los chats que se conocen hasta el momento.

En el plano legislativo, este martes comenzará a tramitarse en la respectiva comisión de la cámara baja el proyecto de juicio político de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Lorenzetti por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos. Fuentes legislativas aseguraron que si bien la oposición ya adelantó su negativa a participar de este proceso acusatorio inter poderes en la comisión que preside la peronista entrerriana Carolina Gaillard, sí se cuenta con el quórum necesario para convocar a responder las preguntas de los y las diputadas. Fuentes parlamentarias confiaron a Tiempo que en el recinto se descuenta el naufragio de la iniciativa, pero el verdadero objetivo es por lo menos sentar a los cuatro jueces supremos a declarar ante los representantes del pueblo a la vista de toda la ciudadanía. Es que los supremos participan de pocas instancias públicas y sus funciones no permiten contacto directo con el pueblo sino a través de sus fallos. Por lo menos esta vez, serán peces fuera del agua.

Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos se esperanza en las contradicciones y peleas internas que se están danto en la oposición para que se logre el tratamiento en el recito. «Juntos por el Cambio demuestra la falta de unidad y de acción en un tema de estas características», dijo este sábado.

Por su parte, Gaillard, esquivó el intento de denuncia de ilegalidad de la información, debido a su origen clandestino: «El chat es información pública y es un elemento más, pero ratificó lo que todos sospechábamos como el fallo arbitrario de la coparticipación», sentenció.

Pero las aguas legislativas fueron poco favorables para el oficialismo, tras las elecciones de medio término. Naufragadas las leyes de reforma judicial y de ampliación del número de la Corte en el fango de la imposibilidad, la liga de gobernadores se puso al frente del reclamo por la coparticipación, como forma de retomar la iniciativa política. Lo inesperado, en un contexto adverso en el Congreso, fue la aparición de los chats que revelaron los vínculos entre Marcelo D’Alessandro, la exSIDE, Clarín, el contratista del servicio de grúas porteño Marcelo Violante y el propio Rosatti.

Es que la avanzada no es fácil. De hecho, la pérdida en el camino de dos gobernadores peronistas que habían participado de las primeras consultas, da cuenta del poder que tiene la Corte Suprema por sobre el resto, en particular, en las provincias. Sergio Uñac pasó de hablar ante las cámaras de televisión tras el encuentro del Consejo Federal de Inversiones días antes de las fiestas, cuando presentaron la recusación «in extremis» de los cuatro supremos, a bajarse del juicio político, horas antes de la reunión en Casa Rosada, con la esperanza de lograr un fallo favorable para reformar la constitución provincial y pelear por su reelección. En tanto, el mandatario entrerriano Gustavo Bordet, que estuvo mudo durante su participación por Zoom de la reunión del martes en Rosada con sus pares y el presidente, luego también quitó su rúbrica. Es que la Corte tiene para resolver dos casos trascedentes en su provincia: la destitución de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche; y la competencia en que se debe tramitar un escandaloso caso de corrupción: el de los contratos truchos en la Legislatura durante el período 2008-2018.

Por último, para cumplir con el rol de reactivar el Ministerio de Justicia, tras la aletargada gestión de Marcela Losardo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria pasó a tener un rol preponderante en esta movida defensiva. «El espionaje ilegal tiene que ver con la interna feroz entre estos mafiosos, Macri y Larreta», dijo este sábado. Soria es el encargado de llevar a los papeles las denuncias penales contra los magistrados de la Corte, pero ahora también contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien aparece contratada como asesora del gobierno de la ciudad en un instituto de formación policial porteño y para quien también quiere que haya juicio político, aunque no prospere en el Consejo de la Magistratura, presidido por el propio Rosatti.

Habrá que ver si estas tres líneas de resistencia, a lo que la vicepresidenta denominó «mafia judicial» tras dejar atrás el concepto de lawfare, quedarán en una disputa palaciega o si habrá acompañamiento popular. La convocatoria del 24 de marzo funcionará de termómetro. «