Joel Hernández: «La visita de la CIDH le dio voz a las víctimas de la dictadura»

«La visita de la Comisión tuvo un impacto único en la sociedad argentina: le dio voz a las víctimas de la dictadura», reflexiona el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, 40 años después de la visita que el organismo de la OEA realizó en 1979 durante la dictadura que marcó un antes y un después en la difusión y la comprensión de lo que estaba sucediendo en Argentina. En una entrevista con Tiempo, el comisionado que el viernes que viene integrará la comitiva que visitará el país en el marco de las actividades por el aniversario, repasó los desafíos actuales de los Derechos Humanos en el país y la región y la importancia de aquella visita: «Esta visita es, ante todo, un homenaje a las víctimas de la dictadura. Un homenaje a quienes vieron en la visita de la CIDH una luz de esperanza”.

Hernández será parte de la comitiva de la CIDH que viajará esta semana a Buenos Aires con motivo de la conmemoración de los 60 años de la Comisión y las cuatro décadas de la visita al país durante la dictadura cívico- militar. Aquella misión se produjo entre el 6 y el 10 de septiembre luego de que la OEA decidiera intervenir por las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que se repetían desde 1978 en el exterior. Ante la inminente llegada del organismo, los dictadores tomaron medidas para ocultar sus delitos, como transformar y desmantelar distintos centros clandestinos de detención. En la ESMA los marinos modificaron el Casino de Oficiales y llevaron a los detenidos a una isla, Quinta El Silencio del Delta de San Fernando, que el 7 de septiembre será señalizada. 

La misión de 1979 fue presidida por el venezolano Andrés Aguilar. Entrevistaron a familiares de detenidos desaparecidos y a presos políticos, visitaron la ESMA y cárceles en Trelew, La Plata, Córdoba y Tucumán. En su informe de 1980 la CIDH denunció: «La comisión ha llegado a la conclusión de que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales Derechos Humanos». 

El jueves llegarán junto a Hernández la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, y la vicepresidenta y comisionada, Antonia Urrejola. En la mañana del viernes visitarán la ex Esma para la inauguración de una muestra en el Museo Sitio de la Memoria y luego asistirán a un panel con organismos de Derechos Humanos. Por la tarde los recibirá el presidente Mauricio Macri.

–¿Qué significó la visita de 1979 para la CIDH?

–La visita marcó un hito en la historia moderna de Argentina, pero también en el desarrollo de las facultades de la CIDH consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La visita fue una oportunidad única para observar in situ la situación prevaleciente de Derechos Humanos en el país y mostrarla al mundo, generando así una conciencia universal de la gravedad de la situación. Para esa fecha, la CIDH ya había realizado diez visitas a otros países del continente. Sin embargo, por la coyuntura en la que se encontraba Argentina, la visita de la Comisión tuvo un impacto único: les dio voz a las víctimas de la dictadura.

–¿Qué importancia mantiene para el organismo aquella visita cuatro décadas después?

–La visita a Argentina expuso internacionalmente las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar y contribuyó a la transición democrática. A partir de su labor de monitoreo que realiza en el ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 41 de la Convención Americana, la CIDH ha impactado decisivamente en los procesos de transición democrática en la región, en la preservación de la memoria, en la búsqueda de la verdad y en el acceso a la justicia de víctimas de las dictaduras.

–Una de las resoluciones de la CIDH en los últimos años retomó un tema de aquellos años como es la detención de opositores políticos en el caso Milagro Sala, donde recomendaron su liberación. ¿En qué situación respecto de la libertad de opiniones políticas y la existencia de presos de opinión advierte que se encuentra Argentina en la actualidad?

-El Estado y la sociedad argentina ven en la libertad de expresión el pilar de su democracia. Es un derecho que se ejerce de manera vigorosa todos los días por las y los argentinos. En caso de violaciones, el Estado argentino tiene la responsabilidad principal de restablecer a las víctimas su derecho. La CIDH tiene una función complementaria a la jurisdicción nacional una vez que se han agotado los recursos internos a fin de recomendar a los Estados las medidas de reparación. El caso Milagro Sala es un ejemplo de actuación de la CIDH, a través del otorgamiento de una medida cautelar.

–Desde el retorno de la democracia, Argentina se ha preocupado por mantenerse dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, el 11 de abril pasado, junto a Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, presentaron una declaración con inquietudes respecto del funcionamiento del Sistema que sufrió duras críticas de los organismos de Derechos Humanos locales. ¿Advierte una situación de retroceso en materia de DD HH en el continente?

–En todo el hemisferio percibimos avances y desafíos. Si bien la región ha logrado avanzar en la consolidación de regímenes democráticos que sentaron las bases legislativas e institucionales para el disfrute de los Derechos Humanos en sociedades más igualitarias e incluyentes, observamos con preocupación algunos retrocesos. En su Informe Anual de 2018, la Comisión Interamericana da cuenta de que la exclusión social, la falta de acceso a la Justicia, constituyen factores limitantes de las condiciones de desarrollo y de la situación crítica de acceso a los Derechos Humanos para la mayoría de la población. En ese informe se alude igualmente a la grave situación de discriminación que subsiste en la región, que se manifiesta a través de altos índices de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas y personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente preocupantes son las altas cifras de asesinatos por motivos de género e identidad y expresión de género, así como la falta de debida diligencia en el esclarecimiento de estos casos.

–¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesan los Estados de Sudamérica respecto a los Derechos Humanos?

–Me parece que los retos son similares para toda la región. No hay un solo país que esté exento de retos en Derechos Humanos. Lo que me parece determinante es la voluntad de los Estados para reconocer su propia problemática y para avanzar decididamente a superarla. Es una tarea sumamente compleja que involucra a varios actores al interior de un Estado. El papel de la CIDH es apoyar esos esfuerzos nacionales. Cuando existe la voluntad de cooperación del Estado nos permite hacer nuestro trabajo de protección a las víctimas.

Además de vicepresidente de la Comisión Interamericana, Joel Hernández es relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Es especialista en leyes y derecho internacional y tiene experiencia en el servicio internacional de México. Con ese perfil, fue elegido como comisionado en junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que finaliza en 2021. Y es desde ese lugar que advierte como uno de los problemas de derechos que enfrenta la Argentina en la actualidad la elevada tasa de personas detenidas con prisión preventiva.

–¿Cuáles son los inconvenientes que advierte al respecto en el Estado argentino respecto de la situación de sus cárceles y las personas detenidas?

–Un problema recurrente en toda la región es la alta tasa de personas en prisión preventiva. Según cifras oficiales, en la Argentina el 46% de las personas privadas de libertad se encuentra en prisión preventiva, por encima del promedio regional. Preocupa a la CIDH el alto número de personas en esta situación. Uno de sus efectos es el hacinamiento en las prisiones que trae como consecuencia un deterioro de las condiciones de reclusión. Por otra parte, la CIDH ha venido externando su preocupación por las personas privadas de la libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En su informe anual de 2018 la Comisión resaltó que esos centros policiales no reúnen las condiciones mínimas para que la detención sea compatible con el derecho a la integridad personal. Ello, derivado principalmente de que las personas detenidas permanecen de manera prolongada en centros de naturaleza transitoria, que entre otras cuestiones no cuentan con la infraestructura ni con los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención.

–El último informe de la Comisión da cuenta de la preocupación del organismo por las personas migrantes. Si bien es un problema continental, encuentran su principal foco de conflicto en el Triángulo del norte, en la frontera con Estados Unidos ¿La administración del presidente Trump atenta contra esos derechos de las personas migrantes?

–La migración es un fenómeno regional sumamente complejo donde debe haber corresponsabilidad de los Estados. La migración forzada encuentra sus causas en la pobreza y la inseguridad que viven los habitantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que se ven obligados a salir de sus países, en ocasiones, por mera supervivencia. La comunidad internacional debe aumentar sus esfuerzos para que en esos países se instauren las condiciones para que la gente permanezca en sus países. Sin embargo, los Estados de tránsito y destino deben velar por el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes y honrar sus obligaciones internacionales en materia de refugio y asilo.

–Cuarenta años después de la visita de 1979, la CIDH volverá a la Esma, ¿qué reflexión le merece esta visita?

–Es una conmemoración muy especial para la CIDH. Es ante todo un homenaje a las víctimas de la dictadura. Un homenaje a quienes vieron en la visita de la CIDH una luz de esperanza para remediar su situación y confiaron en la Comisión para que fuera su voz frente al mundo. Es también un reconocimiento al Estado y a la sociedad argentina por los esfuerzos realizados a lo largo de 40 años para consolidar su democracia y crear las condiciones para el disfrute de los Derechos Humanos.