Investigan a policías de la Ciudad por el armado de causas truchas sobre drogas

El juez federal y candidato del gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo, tiene en sus manos una investigación sobre policías de la Ciudad que arman causas sobre drogas con testigos truchos y procedimientos irregulares buscando un “provecho”. Según la denuncia que originó la causa, formulada por un fiscal de un tribunal oral federal, “los hechos anteriormente descriptos pueden subsumirse en los delitos de asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de falso testimonio agravado, imposición de severidades, privación ilegítima de la libertad agravada y falsedad ideológica de documento público”.

“Se detectó que la dinámica policial se caracteriza por una instrumentalización de los detenidos con el fin de realizar allanamientos en los que se sabía con anterioridad que se encontrarían elementos ilícitos y/o detenciones de personas previamente identificadas por conocimiento previo de los policías o a partir de tareas investigativas realizadas sin el debido control judicial”.

La investigación recae sobre media docena de oficiales de la Policía de la Ciudad (con rangos de inspector principal, inspector, oficial mayor y oficial) y un empleado de una empresa de seguridad privada que funge como testigo circunstancial de procedimientos a los que es convocado ex profeso por los uniformados y a los que en ocasiones ni siquiera va. Sólo firma el acta haciendo figurar que estuvo presente y avalando las irregularidades denunciadas. Todos están acusados de “haber integrado una organización, aprovechando la estructura y recursos de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de fraguar sistemática y metódicamente causas penales en investigaciones sobre infracciones a la Ley 23.737 (de drogas), para obtener de ello provecho”.

“Para ello –añade la acusación–, no solamente se falsearon actas e instrumentos públicos, así como informaciones brindadas a las autoridades judiciales tanto en el marco de las funciones como luego, prestando declaración juramentada, sino también se cometieron hechos de apremios ilegales, con el objetivo de asegurar la maniobra”.

Hay al menos ocho causas generadas mediante ese mecanismo. La situación es de tal gravedad que, según se desprende del expediente, “en varios de esos procesos los imputados fueron absueltos en virtud de las irregularidades policiales expuestas por las defensas de los acusados y por el propio Ministerio Público Fiscal”.

La investigación sobre ese supuesto mecanismo ilegal se inició en marzo de 2023, cuando el fiscal ante los tribunales orales federales Marcelo Colombo le envió una nota al Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación informando que en una causa en la que le tocó intervenir “se juzgó a una veintena de personas acusadas por comercialización de estupefacientes de manera organizada en los barrios Mujica y Bermejo de Villa Lugano” y allí “habrían surgido serias evidencias de procedimientos fraguados”.

Los defensores públicos Pablo Rovatti y Luciano Hazan, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos y del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, impulsaron la investigación. Pero el juez Lijo sólo les permitió un acceso limitado al expediente y ese valladar fue confirmado por la Cámara Federal que, no obstante, dejó abierta una puerta para la participación de los principales impulsores de la investigación. “Resulta oportuno habilitar a los recurrentes a tener en el expediente una participación acaso más amplia, ejercitando determinadas potestades, en especial a la hora de aportar información y pruebas durante la investigación –o sugerir su producción–; ser oídos, realizar peticiones y ser notificados de las resoluciones que se adopten”, coincidieron los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. Y, además, advirtieron sobre las demoras en el expediente: “El caso presenta circunstancias especiales. Una es su gravedad. Otra la impostergable necesidad de avanzar en su investigación y juzgamiento”.

Según surge del expediente, la metodología utilizada por los policías imputados para concretar las operaciones sospechadas de ilegalidad se varió de maniobras tales como “la realización de operativos policiales previo a realizar las consultas con los juzgados de turno a partir de ‘llamados de vecinos o de informantes anónimos’, o fabricando hechos de flagrancia mientras se realizan tareas de investigación en el marco de otras causas”.

Los policías sospechados también aludieron a “manifestaciones autoincriminantes espontáneas por parte de los detenidos a los policías”, es decir ciudadanos que ante la presencia policial corrieron a confesarles que habían cometido un delito. “En algunos casos incluso se ha afirmado que determinadas personas informaron como suyos domicilios repletos de material ilícito, donde luego se comprobaba que eran habitados por otras personas y que ellos residían en otros lugares”. O sea, personas que decían vivir en un sitio, ello era falso, pero cuando los policías llegaban al lugar y constataban la mentira, también se encontraban con armas o drogas.

Hay más. En el juicio oral en el que el fiscal Colombo detectó las irregularidades “se presentaron como evidencia de cargo cuadernos con anotaciones sobre la venta de estupefacientes que habían sido secuestrados en un allanamiento realizado sin orden judicial”.

El testigo de los procedimientos policiales declaró durante el debate que conocía a dos oficiales y “colaboraba” con ellos “porque le habían prometido que lo iban a inscribir como testigo de identidad reservada para que cobre un sueldo”. El hombre reconoció que “lo llamaron para que fuera a hacer de testigo junto con su pareja” y finalmente “aceptó que no se encontraba presente al momento de la requisa practicada”.

El repetitivo testigo estrella admitió “haber intervenido como testigo en numerosos allanamientos a pedido de los oficiales”. La propia mujer del testigo denunció el vínculo que lo une con los uniformados, “no sólo en la participación como testigos de procedimiento sino que, además, serían socios en actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.