Unos 150 jefes comunales se dieron cita en la Federación Argentina de Municipios para impulsar una estrategia política común. Se reunieron con Diputados en la comisión de Asuntos Municipales y recurrirán a la Justicia con un amparo.
El recorte, además del impacto económico, les plantea tanto a gobernadores como a intendentes el dilema de quién se hará cargo de los costos políticos ante la ciudadanía por las obras paralizadas o sin comenzar, así como de la posible desfinanciación de algunos sectores de las administraciones que hacen a la seguridad social en sus territorios para tapar el agujero de la falta del FoFeSo y continuar con algunos trabajos considerados vitales para sus comunidades.
Por eso, lejos de dar la batalla por perdida, el miércoles intendentes de varias provincias mantuvieron cónclaves por partida doble.
Durante la mañana, alrededor de medio centenar de jefes comunales mantuvieron una reunión informativa con los diputados nacionales de la comisión de Asuntos Municipales, presidida por el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y de Obras Públicas, cuyo titular es el entrerriano Juan José Bahillo. Además del reclamo por la derogación del Decreto que eliminó el Fondo Federal Solidario, también sobrevoló la reunión el añejo pedido de una nueva ley de coparticipación federal.
En medio de la ausencia de legisladores del oficialismo, expusieron alcaldes de provincias como La Pampa, Chaco, Salta y Buenos Aires. “Los intendentes somos los primeros que ponemos la cara todo los días con el vecino. Sabemos en qué invertir. Tengamos en cuenta que estos fondos eran bien utilizados, porque dentro de los incisos del decreto que crea el Fondo Federal Solidario, decía que no podían ser utilizados para gastos corrientes. Es decir, ninguno de los intendentes utilizaba este dinero para pagar sueldos, sino que era para realizar obras, mejorar la calidad de vida a los vecinos, la prestación de servicios”, aseguró, por caso, Emiliano Echeveste, intendente de Telén (La Pampa), luego de exponer ante los legisladores.
Según supo Tiempo, también algunos legisladores exploran mecanismos bicamerales para que los bloques de senadores y diputados opositores accionen en forma coordinada para intentar retrotraer el recorte.
La intendenta de La Matanza y presidenta de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario, cerró las exposiciones y pidió a los legisladores que convoquen a la Cámara baja a una sesión especial en forma “urgente” y que “declare nulo, derogue o haga lo que tenga que hacer para que los fondos vuelvan a cada trabajador, a cada docente, y para que nuestros pobres no sigan siendo más indigentes ni nuestros trabajadores se conviertan en pobres”.
Audiencias, reuniones y presentaciones
Posteriormente, alrededor de 150 intendentes de 19 provincias se dieron cita en la sede de la Federación Argentina de Municipios. Y allí, Magario, como presidenta de la Federación, expresó los lineamientos comunes: pedidos de audiencia al mandatario Macri, a los presidentes de todos los bloques legislativos nacionales –al igual que a los titulares de ambas cámaras-, una presentación judicial colectiva de la FAM con la posibilidad abierta para que los alcaldes también accionen de manera individual, pronunciamiento de los ediles en los concejos deliberantes de los distritos donde el Municipio no motorice reclamos. Además, según supo Tiempo, los intendentes también tienen en agenda reunirse con representantes del ámbito sindical: CGT, las dos CTA, el sindicato de Camioneros, así como de la Corriente Federal de los Trabajadores.
“Iremos a todos los organismos e instituciones a los que tengamos que ir para evitar que a nuestros ciudadanos les saquen los recursos del Fondo Federal Solidario. Hoy mismo le pediremos una audiencia al presidente Mauricio Macri, para tratar el tema de los recursos del fondo sojero. Le vamos a pedir que no les recorte fondos a los ciudadanos”, anunció Magario.
“Este nuevo recorte de Macri es un recorte a la ciudadanía. La eliminación del Fondo Sojero significa menos hospitales, menos escuelas y menos caminos, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales. Y todo esto es también menos seguridad, porque representa que se pueden destinar menos recursos a patrulleros y vigilancia. En fin, recortar este fondo significa acortar las posibilidades de crecimiento y calidad de vida para nuestros ciudadanos en cada municipio del país”, planteó.
Según detalló la presidenta de la FAM, con la eliminación de este Fondo los municipios de todo el país perderían 35.000 millones de pesos entre agosto de 2018 y diciembre de 2019. A las obras paralizadas o sin comenzar, se suma una inflación que supera el 35 por ciento anual, con presupuestos municipales desfasados. “Hoy un camión de asfalto nos cuesta el doble que cuando se aprobaron los presupuestos”, ejemplificó la intendenta de La Matanza.
En cuanto al frente judicial, tal como anticipó Tiempo, uno de los argumentos centrales del reclamo pasa por categorizar al decreto de creación del Fondo Federal Solidario como “Ley Convenio”, porque el FoFeSo resultó regulado por la Ley de Consenso Fiscal 27.429, alcanzado mediante el acuerdo entre Nación y las Provincias y con disposiciones que también incluyeron a los municipios. Este argumento plantea que, al ser considerado como “Ley Convenio”, el llamado “Fondo Sojero” es considerado “inderogable” por Nación de manera unilateral. En otras palabras, Nación no podría derogar el Fondo sin el acuerdo de las provincias y los municipios, las otras partes involucradas.
Por lo pronto, además de la presentación de la FAM, prevista para concretarse en los próximos días, la Federación asesoró a los jefes comunales que decidan, además, efectuar presentaciones individuales. En este punto, se les entregó formularios donde dos de los puntos clave a especificar son el detalle de las obras paralizadas o que no podrán comenzar, así como especificar el monto dinerario de las pérdidas para el Municipio afectado.
En Provincia de Buenos Aires
En la Provincia de Buenos Aires, mientras tanto, cerca de una treintena de jefes comunales del Conurbano e interior bonaerense también se reunieron el martes con el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y ratificaron su acuerdo para efectuar un “reclamo colectivo” que exija al Gobierno la restitución del Fondo Federal Solidario.
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