Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto Eduardo González recibieron 24 y 20 años de prisión por los crímenes cometidos contra la integridad sexual de tres sobrevivientes del centro clandestino de detención.
En una audiencia sin público y que no se trasmitió, el Tribunal leyó la parte resolutiva del veredicto de los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado y la jueza Adriana Paliotti. Los fundamentos se conocerán el 12 octubre.
Ambos fueron responsabilizados como coautores de las violaciones y agresiones sexuales cometidos entre 1977 y 1978 a mujeres que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad.
Una de las víctimas narró que mientras estaba secuestrada “El Tigre” Acosta, jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas, le dijo que tenía que mantener una relación física con uno de ellos para probar su grado de recuperación y “demostrarles que no los odiaba”. Ese era el “camino correcto” para salir en libertad y reencontrarse con su marido y su bebé. Al poco tiempo, González la sacó del centro clandestino de detención y la llevó a un hotel de Belgrano para violarla. Esa misma situación que se repitió en más de 10 oportunidades.
Otra de las mujeres contó que fue abusada durante la “libertad vigilada” a la que fue sometida por sus captores tras pasar por el centro clandestino. El tercer caso ocurrió dentro de la ESMA, en el área conocida como Capuchita del Casino de Oficiales.
Desde el primer juicio por crímenes en la ESMA las y los sobrevivientes relataron la violencia específica ejercida sobre las mujeres en ese centro clandestino de detención: desde que ingresaban al centro clandestino eran sometidas a agresiones sexuales por guardias y oficiales del grupo de tareas, tanto adentro como afuera del predio.
Estos tres casos que llegaron a juicio oral se conocieron durante el juicio ESMA II y comenzaron a investigarse por orden del Tribunal Oral Federal 5 al finalizar ese debate, en 2011. Sin embargo, fueron decenas los testimonios sobre hechos similares que aún no fueron juzgados. La causa fue elevada en 2015 y recién en octubre de 2020 comenzó el juicio oral.
La violencia sexual fue una práctica extendida en la mayoría de los centros clandestinos de detención del país y fue un aspecto más del terrorismo de Estado. Durante mucho tiempo estuvo diluida dentro de la figura de tormentos, pero a partir de 2010 comenzaron a ser visibilizados como delitos autónomos. Ese año fue la primera condena en Mar del Plata y desde ese momento más de 120 represores fueron responsabilizados por delitos sexuales, según cálculos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de marzo de 2021.
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