«Cállese la boca! Acá no puede hablar, le ordeno que se calle!». Desde el comienzo de la audiencia pública a la que convocó la Corte Suprema para analizar si se cumple (o no) el fallo que en 2008 dispuso el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo, un grupo de vecinos, la mayoría de la Villa 21-24 de Retiro, intentaron hacer oir sus voces.

Lo hicieron por las vías institucionales y lo pidieron mediante un escrito patrocinado por el defensor general adjunto del Ministerio Público porteño, Luis Duacastella Arbizu. Pero menos de 24 horas antes un secretario, Néstor Caferatta, le rechazó el pedido. Entonces Carlos «Coco» Rivero cada vez que escuchaba a un funcionario afirmar datos que se condecían con la realidad que vive cada día, saltaba. El que le decía «cállese la boca!» era el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien finalmente ordeno que lo retiraran de la sala.

¿Qué pasaba allí adentro?

Extraída del lenguaje popular, la frase «pura sanata» serviría para responder. El fallo de 2008 y disponía la elaboración de un plan de saneamiento con etapas y diferentes rubros (erradicación de basurales, plantas de tratamiento de efluentes, relocalización de empresas, cese de contaminación, urbanización de villas, relocalización de habitantes de zonas contaminadas). Los jueces de la Corte preguntaron a los representantes del Estado Nacional (encabezados por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman) esencialmente por qué no se completó lo que estaba comprometido. El argumento central de la respuesta pasó por la «pesada herencia». Pero el fallo comprometía por igual al gobierno nacional, por entonces en manos de Cristna Fernández; al de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Daniel Scioli, y al de la Capital Federal, cuyo jefe de gobierno era Mauricio Macri.

Lo cierto es que el altísimo nivel de incumplimiento se vio reflejado en las respuestas de los funcionarios. Bergman y Balbín casi no hablaron, pero una segunda línea técnica balbuceó respuestas erráticas y prometió para 2017, 2019, 2021 y 2022 obras y objetivos que deberían estar conseguidas desde hace rato.

No parecían (los funcionarios) muy informados. De hecho, un representante de ACUMAR aseguró que una planta depuradora en la localidad bonaerense de Claypole estaba «terminada» e incluso explicó que se había realizado recientemente un último pago de obra de 417 millones de pesos. Pero el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda recordó que en febrero pasado el juez federal Sergio Torres denunció penalmente la construcción de esa plata, porque estaba mal construida («groseras falencias»), con graves irregularidades administrativas y era inoperable. AYSA confirmó que la planta no se adecuaba a sus stándares de calidad, y entonces la ACUMAR reconoció entonces que la plata de Claypole todavía no está.

Contradicciones de ese tipo abundaron a lo largo de casi cuatro horas de audiencia. El juez Horacio Rosatti dijo en un momento determinado: “si no podemos establecer un diálogo con quien pueda responder las preguntas es difícil hacer un seguimiento del cumplimiento del fallo”.

La audiencia culminó sin resultados claros a la vista y con una indubitable sensación de que se viene una resolución de la Corte durísima, a juzgar por el tenor y el tono de las preguntas de sus integrantes.