Organizaciones sociales que integran la UTEP, la CTA, el FITU, la Coordinadora de Organizaciones Populares, la UTEP Tosko, la Unidad Piquetera, la FNT y la CTA de Trabajadores y Autónoma denunciaron este lunes la persecución ilegal que practica el gobierno del radical Gerardo Morales en Jujuy. A su vez anunciaron una marcha provincial para este martes en la que exigirán el “cierre de todas las causas” y la “derogación del Código Contravencional” al tiempo que dejarán en claro que “las organizaciones sociales no son asociaciones ilícitas”.
El viernes pasado, se conoció la causa judicial en la que queda demostrado que desde principios de abril la Policía de esa provincia se infiltra en el seno de esas organizaciones para obtener información con la cual luego armar causas judiciales y criminalizar la protesta. Al respecto, el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-FIT) expresó: “Se conoció públicamente hoy que el Poder Judicial ordenó a las fuerzas de seguridad infiltrarse en movilizaciones e identificar a referentes de organizaciones sociales y políticas, incluyendo a nuestro partido, el PTS, dictaminando tareas de inteligencia el primero de abril, día en que el gobernador de Jujuy (Gerardo Morales), en su discurso inaugural de sesiones ordinarias, tildó a dichas organizaciones como ‘delincuentes’”.
Por su parte, Myriam Bregman (PTS-FIT) denunció que “es muy grave que acusen a organizaciones sociales como asociaciones ilícitas. Nosotros ya habíamos sufrido el accionar ilegal de la inteligencia durante el gobierno de (Mauricio) Macri, como cuando fuimos a Esquel a solidarizarnos con la familia de Santiago Maldonado a pocos días de haber desaparecido”.
“Esa misma causa, junto a la del ARA San Juan, la semana pasada terminaron cerrándolas los jueces de Comodoro Py. Esta impunidad es la que permite que Morales continúe actuando de esta forma en Jujuy. El partido judicial actúa dando impunidad a los poderosos y espiando a las organizaciones sociales. Es una coordinación nacional que va más allá de los jueces macristas”, enfatizó la legisladora porteña.
En tanto, Vilca aseguró que “no se puede permitir que la justicia jujeña avance en esta nueva escalada con una causa armada, como ordenó directamente Morales el 1 de abril, contra todas las organizaciones”. “Por eso este martes 19 nos vamos a movilizar exigiendo el cierre definitivo de la causa, junto a todas las organizaciones que vienen siendo perseguidas. Es necesario que las centrales sindicales rompan la tregua con el gobierno y convoquen a un paro provincial y movilización para poner un freno a esta avanzada”, convocó.
Por último, el jujeño señaló que “la solución a la desocupación obviamente no puede ser la persecución a las organizaciones sociales, sino generar trabajo genuino. Para eso nosotros venimos planteando la necesidad de reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana sin rebaja salarial y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Con esto y un plan de obras públicas controlado por los y las trabajadoras, podremos terminar con este flagelo y resolver los problemas de vivienda, escuelas y hospitales que se necesitan”.
