Con cautela, en Casa Rosada anticipan que solo si escala el conflicto bilateral con Lula accederán a detener a las personas buscadas por la violenta protesta de enero de 2023 en Brasilia. Tranquilidad en las filas del bolsonarismo refugiado en Buenos Aires. Cómo funciona un proceso de extradición.
Por su parte, algunos de los brasileños en esa situación que residen en Buenos Aires le adelantaron a Tiempo que «hay que esperar» y que consideran que la legislación vigente los ampara como refugiados políticos.
Hasta el momento, la Dirección Nacional de Migraciones informó que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 había recibido solicitudes de asilo político por parte de 181 ciudadanos de Brasil. Todavía ninguna de esas solicitudes fue aprobada por completo, pero esas personas ya tienen estatus de refugiado en Argentina.
La coincidencia con la llegada al poder de La Libertad Avanza permite acercarse a la confirmación de que todos esos extranjeros escaparon de las condenas de más de 10 años de prisión efectiva por participar en la protesta de seguidores del presidente saliente, Jair Messias Bolsonaro, tras la derrota electoral de fines de 2022 ante Luiz Inácio Lula Da Silva.
Esa jornada, cargada de reclamos de fraude electoral por parte de militantes vestidos con camisetas amarillas de la selección, terminó con disturbios y la invasión de edificios en la capital brasileña, lo que fue considerado un grave caso de atentado contra contra las instituciones democráticas de ese país. Entre miles de detenidos de aquella fecha, algunos fueron liberados de prisión con tobillera electrónica, pero eligieron desprenderse de ella y cruzar la frontera con Argentina, Uruguay y Paraguay de manera ilegal.
El juez De Moraes es una figura ascendente en Brasil a partir de que prohibió durante semanas el funcionamiento de la red social X por infringir normas democráticas. El dueño de la plataforma, Elon Musk, batalló de manera abierta con la decisión del magistrado, pero terminó cediendo a cumplir las resoluciones y pagar multas millonarias para rehabilitar el servicio de su propiedad.
El martes por la tarde de Brasilia dio el primer paso del esperado pedido de extradición de los prófugos, a quienes procesó y condenó en un juicio sin antecedentes amparado en legislación vigente en Brasil para casos extraordinarios.
El proceso cosechó críticas duras desde el bolsonarismo, que a la vez que intenta despegarse de las responsabilidades que se les imputan por instigar y organizar un intento de golpe de estado, pide amnistía para las personas condenadas, incluidas las que se dieron a la fuga.
Por su parte, el gobierno argentino decidió sostener a lo largo de los meses un perfil bajísimo respecto a un tema que podría dañar al extremo la frágil relación bilateral. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el presidente Milei mantiene una disputa discursiva con su par Lula. Hace pocos días, el libertario anunció que concurrirá a Brasil para participar de la reunión del G20, el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.
Todo proceso de extradición consta de una serie de pasos administrativos a cada lado de la frontera. En Brasil resta que el ministerio de Justicia evalúe la solicitud del juez, la acepte y dé curso al trámite en el ministerio de Relaciones Exteriores, conocido en la jerga diplomática como Itamaraty.
A partir de allí, la contraparte argentina a cargo de la canciller Diana Mondino deberá recibir la lista con los nombres y apellidos para que a su vez la justicia nacional inicie el proceso legal contra esas personas. De fallar en línea con el pedido brasileño, serán las fuerzas de seguridad -dependientes de la cartera de Patricia Bullrich- las encargadas de encontrar, detener y trasladar a Brasil a los prófugos.
No resulta complicado anticipar que, a menos que exista particular urgencia por parte de las autoridades locales, este tema va para largo.
Fuentes en Casa Rosada, de frecuencia y cercanía extremas con el despacho presidencial, se limitaron a expresarle a este medio que por ahora el Poder Ejecutivo se limitará a ver y esperar «porque no nos aprieta la legalidad».
Sin embargo, también aclararon que en el hipotético caso de un escalamiento político con el país vecino -una instancia en que no quede otra-, respetarán la decisión de la justicia argentina y no intercederán en las extradiciones.
Según el artículo 7 de la ley 26165, sancionada en 2006, «ningún refugiado, entendiéndose como incluido en este término al solicitante de asilo cuyo procedimiento de determinación de la condición de refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
La cita se la ofrece a este medio Symon Castro, uno de los prófugos que viven en Buenos Aires. Junto a otros dos compatriotas de misma situación legal, anunciaron una conversación en vivo a través de su cuenta personal de Instagram por la noche del miércoles en la que aclararán lo que se sabe hasta el momento sobre el pedido del juez De Moraes y cómo impacta en las solicitudes ya presentadas ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Será de la partida el abogado brasileño Claudio Caivano, representante de varios de los condenados por los sucesos de Brasilia.
En un artículo reciente de la revista Crisis, Caivano se expresó respecto a las elecciones de 2022. “¿A vos te gusta el fútbol? ¿Tienen VAR acá en Argentina? Fue como que sacáramos a toda la hinchada del estadio, fuéramos nosotros dos a ver el partido y decidiéramos el resultado: River Plate 1 – Boca Juniors 0”. En entrevista con ese medio, definió la marcha de esa jornada como “un intento de exigir que algún otro poder, en este caso las Fuerzas Armadas, nos ayudara a verificar el código fuente” de las máquinas de votación, supuesto origen del fraude que todavía denuncia el bolsonarismo.
Conare es un organismo dependiente de Migraciones, bajo el paraguas de la mega cartera ejecutiva de Guillermo Francos, integrado por representantes de ministerios nacionales que responden, en casi todos los casos, a la línea política de la Casa Rosada. Es de la evaluación de esos representantes desde donde surgen las aprobaciones definitivas de los pedidos de asilo político.
«No se puede nunca hacer que las personas que están en la Argentina con un proceso abierto en Conare vuelvan a Brasil. Entonces acá estamos seguros», expresa Castro. «Ahora bien, si los jueces de la Argentina ven que nosotros tenemos que volver o que fue reprobado el pedido de asilo político, sí, pero muy, muy difícil que suceda porque la Argentina es democrática», agrega.
En tanto, considera también que el pedido de extradición puede desembocar en un conflicto bilateral. «Esto puede ser una guerra diplomática», concluye.
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