Gastan $ 600 millones para custodiar viviendas vacías y entregarlas en campaña

El gobierno de Mauricio Macri gastó más de 600 millones de pesos para custodiar unas 11 mil viviendas vacías y terminadas para entregarlas durante el año electoral. Todas las construcciones fueron iniciadas durante el gobierno anterior. 

Si bien los sorteos y adjudicaciones se aceleraron a partir de octubre del año pasado, los pocos beneficiarios que las recibieron se quejan porque muchas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo sin uso.

A principios de este año, de las más de 23.400 viviendas proyectadas en el programa original, el Plan del Bicentenario (2012), se habían entregado poco más de 8000, aún faltaba terminar de construir alrededor de 4000 y quedaban por entregar, a pesar de que estaban terminadas, unas 11 mil.

Alejandro Sparacino, coordinador operativo del Procrear, confirmó a Tiempo que son 11 mil las viviendas sin entregar y aseguró que se «pondrán a disposición para su adjudicación». Asimismo, adelantó que la mayoría de las residencias que se sortearán son del complejo Estación Buenos Aires, ubicado atrás de la cancha e Huracán, el barrio Liceo de Córdoba capital y las del complejo de la ciudad de San Rafael de Mendoza.

La ralentización de las entregas se produjo por falta de avance en la construcción de los edificios que integran los desarrollos urbanísticos, pero también por el abandono de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los barrios. Otro de los factores provino de los propios beneficiarios, quienes se dieron de baja tras el cambio de condiciones de adjudicación.

Es que los que resultaron adjudicatarios con el plan original que nació en junio de 2012 están pagando por un departamento o casa de 3 ambientes no más de 9000 pesos ajustables a interés fijo con tasa subsidiada.

En 2016 hubo muy pocas inscripciones y ya a mediados de 2017 el plan salió de la Anses para pasar a formar parte del Plan Nacional de Viviendas que depende de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que conduce Iván Kerr, que a su vez depende del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Fue entonces cuando cambió la modalidad. Todos los interesados que se anotaron y salieron sorteados ingresaron con el sistema de créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas son ajustadas por el índice de inflación. Tras salir sorteados, muchos beneficiarios devolvieron el crédito y las viviendas vacías se fueron acumulando.

En ese contexto, el Estado nacional le pagó a la empresa de seguridad privada Prosegur (aportante de la campaña del macrismo) $ 607.335.070 en total por la custodia de los desarrollos urbanísticos que quedaron listos –o con un porcentaje alto de terminación– pero no entregados. Los pagos se llevaron a cabo a través del Banco Hipotecario en su carácter de fiduciario del Fideicomiso del Procrear, y fueron dispuestos para garantizar la seguridad de los desarrollos urbanísticos, según informaron desde la Dirección Nacional de Acceso al Financiamiento de la Secretaría de Vivienda a Tiempo Argentino.

Prosegur SA fue contratada por el fiduciario en 777 ocasiones en un lapso de 39 meses (enero del 2016-marzo de 2019) por un monto exacto de $ 607.335.070,41, lo que equivale a un aproximado de 20 contrataciones mensuales a los efectos de custodiar 124 predios en diversas provincias y localidades del país que contienen a 70 desarrollos urbanísticos y 54 predios de lotes con servicios.

La Secretaría de Vivienda también erogó gastos de servicios de limpieza de unidades vacías a través de las empresas DINA Limpieza Profesional SA y Star Servicios Empresarios SA, también encargada de seguridad y corte de pasto de los complejos habitacionales.

La mayor parte de las viviendas vacías están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien nacieron con el programa Procrear Centenario, implementado por la gestión anterior desde Nación, ahora son administradas por Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El desarrollo urbanístico de Estación Buenos Aires se comenzó a construir en el primer semestre de 2013. Allí todavía hay unas 2396 viviendas que esperan ser habitadas. Recién este 22 de febrero se abrió la inscripción –que cerró el 10 de marzo– para adjudicar las unidades a las familias. En tanto, en el barrio de Pompeya, en el complejo ubicado en la avenida Sáenz y Perito Moreno, hay otras 700 listas y unas 100 en construcción. Allí la demora se produjo por la falta de terminación de la obra que conectaría las cloacas del barrio.

Los otros dos grandes desarrollos sin entregar están ubicados en las ciudades capitales de Córdoba y Mendoza. Según consta en la web del programa, en Córdoba capital, en el barrio Liceo, hay 1733 unidades vacías y recién en marzo se abrió la inscripción –que duró diez días– para el sorteo. En Mendoza capital hay otras 1200 viviendas desocupadas. Todas las unidades de ambos complejos, tal como anunció Sparacino, se adjudicarán recién este año.

Esta situación también se repite en desarrollos urbanísticos más pequeños. En Córdoba, en Morrison, hay sólo seis unidades disponibles de las 22 ya terminadas y sin entregar. En la localidad de Leones hay 54 unidades y están disponibles diez para entregar. En Cavanagh, de 56 unidades, están disponibles 37 y en Alejandro Roca, de sus 20 unidades, hay ocho disponibles.

En la provincia de La Rioja, el predio del Procrear en la ciudad capital, las residencias fueron finalizadas hace dos años, pero un 20% de sus 208 unidades sigue sin entregar, mientras que en la localidad de Chamical un 25% de sus 48 unidades también está a la espera de dueño. En Tierra del Fuego, en el predio de Río Grande, de sus 138 viviendas terminadas un 25% no habían sido adjudicadas.

La situación se repite en provincia de Buenos Aires, en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Lincoln: el 75% de 50 unidades está lista y sin entregar. 

La lista sigue. En Santiago del Estero, en La Banda, el 45% de 443 unidades está lista para ser entregada. Recién el 15 de mayo se sortearon 79 viviendas. Allí se realizó un convenio para entregar esas viviendas a agentes de las fuerzas de seguridad. En Salta, en la ciudad de Tartagal, hay apenas 24 entregadas de las 104 unidades disponibles. Y en Salta Capital quedan 25 viviendas remanentes de las 113 unidades del complejo Talavera. En el sur la situación no es muy distinta: en Zapala, Neuquén, de 184 unidades listas, hay disponibles 62. En Sunchales, Santa Fe, se paralizó la obra por falta de infraestructura y allí quedaron esperando las 94 viviendas terminadas de las 108 en total.

La ralentización de las obras y la falta de uso por mantener las viviendas vacías hizo que los reclamos de los beneficiarios comenzaran a surgir como hongos en distintos puntos del país. En el predio de Carmen de Patagones, en abril de este año, a seis meses de entregadas las casas, los habitantes denunciaron fallas estructurales en la Oficina Municipal de Informes al Consumidor para que interceda ante el Banco Hipotecario.

En Posadas, Misiones, pasó lo mismo. Los hogares entregados en el barrio Itaembé Guazú se encontraban deteriorados y el reclamo llegó en abril al bloque de diputados nacionales del Frente de la Concordia Misionero. La legisladora Verónica Derna pidió informes sobre el programa Procrear, mientras Daniel Di Stefano instó a que se declare la emergencia en créditos UVA.

Por lo pronto, las autoridades del Procrear confirmaron que las 11 mil viviendas que nacieron bajo el plan del Bicentenario, en su mayoría durante 2013, que todavía siguen sin dueño, serán adjudicadas en su totalidad a lo largo de lo que le queda a este año electoral . «

Los recortes en el área

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detectó marcados descensos en las partidas presupuestarias de 2019 asignadas a garantizar el derecho a la vivienda. En su informe «Vivienda sin fondos, el impacto regresivo del recorte en políticas de vivienda» sostienen que los cambios en el organigrama «afectaron en forma significativa a las políticas públicas destinadas al acceso a la vivienda e infraestructura y servicios públicos». Algunos programas pasaron a ser ejecutados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y otros cambiaron de nombre y se mantuvieron en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En todos los casos se verifica un drástico recorte en el presupuesto destinado al Área de Vivienda para el año 2019.

La función Vivienda y Urbanismo de Interior redujo su partida un 44,3% respecto del presupuesto de 2018. Y el programa Infraestructura Urbana se recortó un 53,5% con respecto al presupuesto anterior. Se eliminaron las funciones de Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del Hábitat en Localidades Vulnerables de la Secretaría de Infraestructura Urbana. El programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano se recortó un 38,8% con respecto a 2018. Y la Secretaría de Integración Socio Urbana (Ministerio de Salud y Desarrollo Social) tiene asignados solamente $ 264.011.654, un presupuesto acotado para las funciones que presenta.