El ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, aseguró hoy que la denuncia que presentó este jueves ante la Justicia tiene como finalidad que «se investigue» su propia actuación al frente de ese cuerpo, como así también a los otros integrantes, en relación al juicio oral y público por el desvío intencional de la investigación del ataque en su primera etapa, durante el menemismo.
Sin embargo, el ex senador radical apuntó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, al afirmar que el funcionario «ordenó revocar el poder al abogado que iba a sostener la posición» de la Unidad Amia en ese juicio oral, que era la de pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, con lo cual le adjudicó un «procedimiento tendiente a controlar la querella».
En este sentido, Cimadevilla recordó que, durante los alegatos que se realizaron en febrero pasado, la Unidad que él encabezaba «entendía que había que sostener la acusación sobe los fiscales» pero que, «anoticiado el ministro, ordenó revocar el poder al abogado que iba a sostener esa posición, designó nuevos abogados y ordenó pedir la absolución de ellos».
«A lo largo de este año de trabajo eso puso en evidencia, a pesar de que el decreto de creación de la Unidad delegaba en ella el gobierno de la querella pero cuando llegó la fecha de los alegatos asumió él el abocamiento al juicio», cuestionó.
También objetó que durante el año pasado, Garavano «mandaba abogados u operadores de su confianza a operar sobre los abogados de la querella, como la doctora Mariana Stilman que terminó renunciando».
En ese marco, el ex titular de la Unidad Amia consideró que «ha generado complicaciones al Gobierno» las denuncias presentadas contra el ministro Germán Garavano por la posición adoptada por esa Unidad en su alegato en el juicio oral y público.
«Hoy el propio ministro tiene en su contra denuncias penales de parte de las querellas y la Argentina está siendo denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», alertó el ex senador radical aliado de Cambiemos, quien ayer presentó una denuncia que, tras el sorteo de rigor, recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini.
No obstante, en declaraciones que formuló esta mañana a la radio FM Concepto, indicó que la finalidad de su presentación es «que se investigue» su propia conducta al frente de la Unidad y que «diga el juez» si de los hechos que relata «surge algún tipo de imputación para algún otro funcionario de la Unidad».
Sin embargo, en la denuncia que ahora analiza la Justicia, Cimadevilla sostuvo que el ministro de Justicia y sus principales colaboradores pueden haber cometido delitos de acción pública al inducir a la Unidad AMIA a no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio, en el que también están acusados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.
De hecho, en la entrevista que concedió hoy, Cimadevilla recordó que la diputada Elisa Carrió «denunció a Garavano por encubrimiento en la Oficina Anticorrupción».
En tanto, en su denuncia, el dirigente radical sostuvo que la «extrema gravedad institucional de la situación planteada» le generó la obligación de ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales, «en orden a la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento».
Detalló que todos esos delitos pudieron haber sido cometidos por Garavano; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el ex jefe de Gabinete del Ministerio, Esteban Conte Grand; y el actual, Martín Casares; el abogado Console y otros ocho funcionarios del ministerio.
Cimadevilla interpretó que la Argentina podría «violentar compromisos internacionales» habida cuenta de que el Estado «asumió ante la CIDH una serie de compromisos y responsabilidades por la mala investigación que se hizo por el atentado».
