“El que tira piedras encapuchado en algún momento se baja el barbijo para tomar una cerveza o una Coca Cola. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras de seguridad. Búsquenlos y tráiganme esas imágenes a cara limpia”. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dio la indicación el fin de semana a la Policía Federal, que trabajó a destajo y obtuvo las imágenes.  El fiscal Carlos Rívolo acompañaba las medidas. Leandro Noguera, uno de los secretarios de la jueza, les taladró el teléfono a los uniformados. Los llamaba a cada rato para ver si tenían algo. Finalmente, el domingo, mientras Estudiantes y Boca comenzaban su partido por el torneo de fútbol, ocho tirapiedras fueron identificados.

Los investigadores usaron un programa informático que compara fotos con los registros de los documentos de identidad, pasaportes o credenciales de servicios sociales. Así llegaron a las identidades, y de ahí a las direcciones y teléfonos.

Una vez que supieron quiénes eran, los buscaron en redes sociales. Pero los perfiles que encontraron y los contactos y amistades no parecían los de activistas políticos.

Los tirapiedras contra el despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, son jóvenes, de un promedio de 20 años, y en principio no pertenecen a ninguna de las organizaciones que convocaron a la manifestación de protesta por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El lunes por la tarde, Capuchetti ordenó una batería de medidas para corroborar que la identificación de ocho sospechosos. Parece la antesala de un eventual llamado a indagatoria. Acaso también otros procedimientos para asegurar la prueba y avanzar con paso seguro en una imputación formal.

El abanico de posibilidades es amplio. Daño agravado e intimidación pública, de movida; pero el ataque tuvo por objetivo el Palacio Legislativo, un edificio federal que es además emblema de la República. Las imputaciones podrían enmarcarse en los “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, que el Código Penal reprime con penas de entre cinco y 15 años de cárcel.

Los identificados no tienen condenas previas. Tampoco causas graves actuales en las que estén imputados, según surgió de un primer chequeo con el registro de reincidencias.

La hipótesis de los investigadores es que fueron contratados para generar disturbios. La propia vicepresidenta conjeturó en un segundo video que difundió hoy por redes sociales que el ataque fue planificado, que los agresores primero “marcaron” el objetivo con globos cargados con tinta roja y luego enfocaron hacia allí los proyectiles que causaron destrozos en su despacho. Esa es una de las principales líneas de investigación.